La violencia relacionada con la política y el narcotráfico en Colombia, que en 1997 alcanzó dimensiones sin precedentes, causó el desplazamiento de más de un millón de personas en los últimos 10 años, según un informe publicado hoy en esta capital.
La gran mayoría (hasta un millón) son desplazados internos que apenas pueden subsistir en centros urbanos, sostiene "La crisis silenciosa de Colombia", un informe de 44 páginas lanzado por el Comité Estadounidense para los Refugiados (USCR) en una conferencia sobre la política de Estados Unidos hacia Colombia.
Decenas de miles más huyeron a países vecinos, donde no se les respeta los derechos otorgados normalmente a los refugiados, agrega el documento.
Todos los desplazados, principalmente mujeres y niños, son víctimas de uno o más de los principales grupos armados de Colombia: el ejército, las fuerzas paramilitares (vinculadas al ejército y a la élite terrateniente) y las tres organizaciones guerrilleras.
"Colombia está siendo destrozada, y su población masacrada o desarraigada por una violencia brutal asociada a múltiples conflictos, violaciones institucionalizadas de los derechos humanos, impunidad, anarquía y esfuerzos de grupos privados (incluidos los narcotraficantes) por ampliar su poder económico", dijo el autor del estudio, Hiram Ruiz.
El lanzamiento del informe, que sigue a uno más breve de Amnistía Internacional, el pasado septiembre, marca el inicio de una nueva campaña de información de USCR para concentrar la atención pública en los desplazados colombianos y presionar a Estados Unidos para que los ayude.
En los últimos años, Washington limitó su asistencia a Bogotá casi exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico, en especial mediante el suministro de equipos y entrenamiento al ejército y la policía.
Washington proporcionó más de 80 millones de dólares de esta clase de ayuda, incluidos 36 millones para la compra de tres helicópteros Blackhawk, de uso policial.
Desde 1989, Colombia es el mayor receptor en América Latina de la asistencia militar y de seguridad de Estados Unidos, explicó Winifred Tate, de Amnistía Internacional.
La administración del presidente Bill Clinton planea aumentar la ayuda el próximo año debido a la impresión de que las fuerzas armadas colombianas están perdiendo la guerra, iniciada hace una generación, contra la insurgencia que, según varios funcionarios, mantiene lazos cada vez más estrechos con el narcotráfico.
Washington considera el pedido del ejército colombiano para adquirir 12 helicópteros de ataque Cobra, lo que aumentaría en gran medida el poder bélico de los militares.
La compra también convertiría a Colombia en el primer país sudamericano en recibir naves aéreas de última generación desde que Clinton levantara la prohibición a este tipo de ventas el año pasado.
La decisión integra un debate mayor y cada vez más intenso del gobierno y el Congreso estadounidenses, en que suelen enfrentarse republicanos radicales opuestos a la droga y jerarcas militares del Comando Sur de Estados Unidos con grupos moderados de legisladores demócratas y otras agencias del gobierno.
"Está en marcha un verdadero debate sobre la política", subrayó Colletta Youngers, de la Oficina de Washington sobre América Latina, en la conferencia celebrada este miércoles en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins, en la capital estadounidense.
Por ahora, parece que Washington se dirige en ambas direcciones a la vez. En la legislación de política exterior adoptada este año, los radicales primaron al conseguir una partida explícita para los helicópteros Blackhawk, mientras los moderados persuadieron al Congreso de adoptar la Enmienda Leahy.
La enmienda prohíbe que la ayuda se destine a unidades que participaron en violaciones a los derechos humanos. Un funcionario del Congreso describió esta política con la fórmula de "más ayuda con condiciones más estrictas".
Pero Youngers y otros participantes de la conferencia de este miércoles creen que la tendencia favorece una mayor militarización. "En definitiva, la política de Washington fomenta la guerra en Colombia en lugar de fomentar la paz", opinó.
La política alarma a USCR y otros grupos que trabajan con los desplazados y demás víctimas de los numerosos conflictos que afectan a Colombia desde hace casi 50 años.
Entre otras recomendaciones, estos grupos piden a Washington que suspenda la ayuda militar hasta que las fuerzas armadas de Colombia corten sus vínculos con las fuerzas paramilitares que, en los últimos años, ocuparon el lugar de la guerrilla como "principales factores de desplazamiento" en el país.
El incremento de los grupos paramilitares coincidió con el aumento de los desplazados de unas 130.000 personas en 1995 a 250.000 el año pasado, señaló Gustavo Gallon, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien también participó en la conferencia de este miércoles.
Los paramilitares despoblaron en forma intencional ciertas zonas, en ocasiones con el respaldo tácito o expreso del ejército, para beneficiar a grandes terratenientes, empresarios y narcotraficantes.
Muchos de estos grupos económicos compraron grandes extensiones de tierra en los últimos años y emplearon ejércitos privados para desalojar a pequeños agricultores que vivían en sus propiedades o cerca de ellas, sostiene el informe. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml-aq/ip-hd-pr/98
