Las radios comunitarias, un fenómenos urbano que se ha extendido en la mayoría de los países de América Latina, están provocando polémicas y diferencias entre el gobierno y la justicia en Brasil.
Brasil tiene cerca de 3.500 emisoras de radio legalizadas por el Ministerio de Comunicaciones y más de 7.500 consideradas clandestinas.
El tema distancia al gobierno de la justicia y la policía, ya que cada uno enfoca el problema a su manera.
Las dependencias del Ministerio de Comunicaciones reciben instrucciones de cerrar las emisoras consideradas clandestinas, pero para ello precisan apoyo policial. Tanto la Policía Federal, vinculada al Ministerio de Justicia, como las policías estaduales muchas veces se niegan a actuar contra las radios.
"Ellos sólo actúan cuando hay una orden judicial de por medio", dijo una fuente del Ministerio de Comunicaciones.
En 1994, un juez federal sentenció que las emisoras con menos de 50 vatios de potencia de transmisión en frecuencia modulada no necesitan autorización alguna para funcionar.
La sentencia se basó en la Constitución brasileña, que prohíbe toda restricción "a la plena libertad de información en cualquier medio de comunicación social", explicó José Carlos Rocha, profesor de la Universidad de Sao Paulo.
Rocha es también presidente del Foro Democracia en la Comunicación, que tiene 1.090 radios "libres" asociadas.
El presidente Fernando Henrique Cardoso promulgó en febrero una ley que reglamenta el funcionamiento de las radios comunitarias en el país. La ley define a esas radios como emisoras de carácter local, con vinculación comunitaria, sin fines de lucro y con una potencia máxima de 50 vatios.
Rocha ofreció la misma definición. Sin embargo, la ley aprobada determina que sólo una frecuencia sea utilizada para las radios comunitarias.
"Eso limita el número de emisoras a apenas una por región", dijo Rocha, para quien la ley crea una especia de censura al pluralismo de ideas y favorece a los dueños de las radios oficiales.
Las cifras presentadas por el Foro Democracia en la Comunicación revelan que más de 50 por ciento de las 3.500 emisoras reglamentadas por el gobierno están en crisis financiera.
"De los 5.000 millones de dólares que mueve anualmente la publicidad brasileña, sólo cuatro por ciento corresponde a las radios, mientras 56 por ciento corresponde a la televisión", explicó Rocha.
Esa situación aumenta la presión de los dueños de radios reglamentadas contra las emisoras consideradas clandestinas.
Una campaña difundida por casi todas las grandes emisoras del país acusó a las radios no oficiales de interferir con las frecuencias utilizadas por servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y la policía, además de perjudicar las comunicaciones entre los aviones y las torres de los aeropuertos.
El delegado del Ministerio de Comunicaciones en Sao Paulo, Eduardo Graziano, señaló que la nueva ley constituye un avance en las relaciones entre el gobierno y las comunidades que desean tener una emisora radial.
"Antes, cualquier emisora, ya fuera realmente comunitaria o creada por oportunistas, era considerada ilegal", dijo.
A partir de la reglamentación de la ley en cuestión (que deberá producirse en breve) las emisoras que se enmarquen en la definición de radio comunitaria podrán actuar libremente, según Graziano.
Alertó, no obstante, que tales emisoras son muy pocas dentro del universo de radios que actúan clandestinamente.
Las emisoras comprendidas en el concepto de "comunitaria" deberían dejar de transmitir y esperar la reglamentación de la ley para volver a operar, opinó el delegado.
"Yo siempre aviso que el Ministerio va a actuar y cerrar las clandestinas, pero primero dirigirá sus acciones contra los que actúan de mala fe", dijo Graziano.
Aunque siente simpatía hacia el trabajo realizado por algunas de las emisoras clandestinas, el delegado resaltó que no puede dejar de cumplir la ley.
Pero la Policía Federal, encargada de cumplir las decisiones del Ministerio de Comunicaciones, parece tener una visión diferente en relación a las radios clandestinas.
La revista del Sindicato de Comisarios de la Policía Federal sostiene, en su edición de febrero de este año, que la ley aprobada "será incapaz de satisfacer las necesidades de un mercado que ya se consolidó".
Añade que más de 50 miembros de la Policía Federal firmaron una declaración de apoyo a la legalización de las radios comunitarias.
Uno de los policías declaró que "no se trata de un compromiso gratuito, sino de evitar confrontaciones ante una situación delictiva pero de escasa gravedad".
Datos publicados en la revista muestran que, de las actuales 600 emisoras de Sao Paulo, la mayor ciudad del país, poco más de 40 serán beneficiadas por la reglamentación.
Las otras serán clausuradas, lo que ocasionaría la pérdida de 3.500 empleos directos y la paralización o confiscación de equipos por valor de 52 millones de dólares en todo Brasil.
Graziano cree que el estado de Sao Paulo representa 40 por ciento de todas las radios clandestinas del país. A pesar de las presiones políticas para dejar las emisoras en paz, Graziano insiste en que sólo podrán funcionar las radios que se ajusten a la ley, y que toda otra será una "radio pirata".
Mientras, en miles de comunidades brasileñas, las radios "libres" (según el Foro Democracia en la Comunicación) o "clandestinas" (según la ley) difunden mensajes publicitarios de pequeños comercios locales y entrevistas con ciudadanos comunes y líderes comunitarios, con un lenguaje popular.
Muchas veces, las radios permanecen ajenas al debate trabado en torno a su legalización o extinción. (FIN/IPS/awm/ml/cr/98
