El gobierno de Chile logró una tregua con las comunidades indígenas que ocuparon haciendas en el sur del país, pero se teme el recrudecimiento del conflicto y enfrentamientos violentos.
Dos comunidades mapuches mantienen ocupados dos fundos (haciendas) madereros en la comuna rural de Galvarino, de la región de Araucanía, unos 650 kilómetros al sur de Santiago, para reclamar la restitución de esas tierras, que pertenecieron a sus ancentros.
El gobierno de Eduardo Frei logró plazo hasta el viernes para el desalojo pacífico de los fundos, pero algunos agricultores de la zona amenazan con acciones de fuerza si las autoridades "no hacen respetar el derecho de propiedad".
Los conflictos por tierras que los indígenas consideran usurpadas se arrastran desde la llamada campaña de pacificación de la Araucanía, en el siglo XIX, y recrudecieron en los últimos seis años.
Los grupos mapuches más radicalizados iniciaron su campaña de recuperación de tierras en 1992, con motivo del quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano.
Los indígenas rechazaron así la connotación de "encuentro de dos mundos" dada a la fecha y plantearon sus reivindicaciones en el marco de denuncias por el "despojo" sufrido en cinco siglos por los habitantes originarios de América.
Desde 1992 se presentan de manera intermitente problemas por reclamo de tierras entre comunidades mapuches de la región de la Araucanía con autoridades y propietarios de fundos, en especial de explotaciones madereras.
La última ola de conflictos se desató este mes, en torno de la II Cumbre de las Américas, que reunió en Santiago los días 18 y 19 a los gobernantes de 34 países del continente, en una cita en que la única república excluida fue Cuba.
En la última semana, grupos indígenas protagonizaron al menos cuatro "tomas" de fundos en las comunas de Traiguén y Lumaco, además de Galvarino.
En el caso de Traiguén, los ocupantes aceptaron retirarse pacíficamente de un predio invadido, tras anunciarse gestiones para su compra por parte de la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Esta entidad, creada por la administración de Patricio Aylwin (1990-1994), tiene a su cargo un plan de asignación tierras a comunidades indígenas, ya sea mediante la adjudicación de predios estatales o la compra de propiedades a particulares.
Pero estos últimos suelen negarse a negociar con Conadi, como ocurrió en una hacienda de Lumaco, cuyos 33 ocupantes fueron desalojados el lunes por la policía militarizada de Carabineros.
La jueza que ordenó el desalojo dispuso este martes la libertad de 32 de los detenidos y sólo mantuvo en prisión, bajo el cargo de usurpación, al lonco (jefe mapuche) Alfonso Reimán.
En el caso de los dos fundos de Galvarino, el gobierno inició un diálogo con los ocupantes para que abandonen voluntariamente esas propiedades. Si no lo hacen, las autoridades judiciales ordenarán que la policía efectúe el desalojo el viernes.
En medios políticos y empresariales se advirtió una contradictoria actitud del gobierno, que inicialmente se negó a negociar bajo la presión de medidas de fuerza y ahora abrió un diálogo con los ocupantes de los fundos.
Guillermo Pierce, asesor de asuntos indígenas del gobierno regional, afirmó que las autoridades no están negociando, sino que abrieron un camino de diálogo para una solución que involucraría a todas las comunidades mapuches de la zona.
Domingo Namuncura, director de Conadi, respaldó el diálogo, y advirtió, junto con Pierce, que las comunidades participantes en la invasión de haciendas serán retiradas de los estudios institucionales para la compra y adjudicación de tierras.
Fernando Léniz, presidente de la empresarial Corporación de la Madera (Corma), que reúne a compañías forestales y dueños de fundos madereros, dijo que el gobierno debe hacer respetar la ley y reprobó las "negociaciones" de Conadi con ocupantes de predios.
Léniz, sin embargo, desmintió que Corma hubiera dado un ultimátum a las comunidades que persisten en las tomas y que recurrirá a los tribunales para la devolución de los fundos. "Somos terminantemente contrarios a tomar la ley por mano propia", dijo.
Distinta fue la reacción de la Sociedad de Fomento Agrícola de la Región de la Araucanía, cuyo vicepresidente, Alejandro Grandezotto, afirmó que "puede haber enfrentamientos" entre los propietarios y los ocupantes de fundos.
"Si el gobierno no actúa y detiene este tipo de acciones, los agricultores vamos a retomar lo que puedan tomar los mapuches. No descartamos acciones de fuerza si el gobierno no se preocupa de que esto no siga ocurriendo", señaló Grandezotto.
Namuncura calificó de "destemplada" la reacción de los empresarios que amenazan con acciones de fuerza e insistió en que el diálogo es el camino "para abordar las urgentes necesidades del mundo indígena".
El director de Conadi recordó que entre 1994 y 1997 esa entidad entregó 71.000 hectáreas de tierras a unas 1.500 familias indígenas, en su mayoría de la Región de la Araucanía.
El proceso que se lleva a cabo a través de Conadi es considerado lento, engorroso e improductivo por algunos grupos mapuches más radicalizados, que demandan, además de la restitución de tierras, una nueva relación con el Estado chileno.
"Las recuperaciones de tierras que hay en Galvarino y otras zonas las podría definir, sin estar participando directamente en ellas, como el inicio de las reclamaciones de derechos en el histórico Arauco", dijo Aucán Huilcamán, un líder mapuche.
Huilcamán, werkén (mensajero) y principal activista del Consejo de Todas las Tierras, fue el mayor impulsor de las ocupaciones de tierras en 1992, a consecuencia de lo cual estuvo encarcelado, según términos de la Ley de Seguridad Interior.
El dirigente dijo el lunes al diario La Segunda que habrá más recuperaciones, porque "aquí ningún indígena ha renunciado a sus derechos y todo mapuche tiene plena conciencia de que estas tierras nos pertenecen".
El Consejo de Todas las Tierras propone convertir Chile en un estado binacional y otorgar formas de autonomía a los indígenas en sus territorios, considerando sus tradiciones de organización política y religiosa. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/98
