Un estado del norte de Brasil pretende salir de su aislamiento mediante la construcción de una carretera de 2.000 kilómetros que lo vincule con Guayana Francesa, Guyana y Suriname.
Para ello se necesitarán 300 millones de dólares, la cooperación de los gobiernos, la bendición de poderosos grupos ecologistas internacionales y la tolerancia de las organizaciones de derechos humanos.
Los gobiernos de los remotos estados del norte de Brasil sueñan desde hace años con profundizar sus vínculos con los países de América Central y el Caribe mediante la construcción de carreteras, sobre todo con la vecina Guyana.
En el pasado, iniciativas de este tipo casi siempre surgieron de funcionarios del estado brasileño de Roraima, en la frontera con la zona sudoccidental de Guyana.
Ahora, el gobernador de Amapa, Joao Alberto Rodrigues, líder del estado fronterizo con Guayana Francesa, intenta persuadir a sus vecinos de que le presten ayuda para convertir su sueño en realidad.
La idea es construir una carretera de 2.000 kilómetros de extensión que vincule a los cuatro países. En principio, dijo Rodrigues, los gobiernos participantes apoyan la iniciativa, incluida Francia, la metrópoli de Guayana Francesa.
Rodrigues tiene la intención de recurrir a la asistencia de donantes como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros organismos multilaterales.
El gobernador supone que la carretera terminará casi de inmediato con el aislamiento de Amapa. "Llegamos a la conclusión de que tenemos muchos problemas en común. Si podemos trabajar juntos, seguramente hallaremos soluciones", señaló.
Pero para Tony Shields, secretario ejecutivo de la Asociación de Mineros de Guyana, el proyecto ofrece mayores beneficios a Brasil que a su país.
La iniciativa "no ofrece ventajas para Guyana. No es una carretera que necesitemos. No podemos patrullar las que ya tenemos y no tenemos una política para tratar a los inmigrantes brasileños que ya se encuentran en nuestro país", explicó.
Un día "podríamos despertar y hallar a 400.000 brasileños en Guyana y no creo que la idea sea descabellada. Es posible", añadió Shields.
La organización de Shields impulsa una campaña, por ahora sin éxito, para obligar al gobierno de Guyana a detener el permanente ingreso de mineros indocumentados de Brasil, conocidos como "garimpeiros".
A los mineros brasileños se les responsabiliza por perjudicar el medio ambiente mediante el uso excesivo de mercurio en sus actividades de extracción de oro, así como por el uso de drogas ilegales.
Miles de brasileños cruzaron la frontera y penetraron en la localidad sudoccidental de Mahdia. La policía y las fuerzas armadas hacen la vista gorda a las actividades de los mineros, ya que el intento de contenerlos aumentaría la presión sobre sus limitados presupuestos.
Varios países que comparten fronteras con Brasil tuvieron que vérselas con estos mineros. El año pasado, las autoridades de Guayana Francesa y Venezuela expulsaron a cientos de brasileños y se cree que muchos se dirigieron a Guyana.
Pero Rodrigues no comparte la opinión de Shields de que Brasil obtendrá mayores beneficios del proyecto de la carretera que Guyana.
De hecho, el gobernador predice un futuro promisorio para los arroceros y la industria del azúcar de Guyana, si la iniciativa se lleva a la práctica, porque el acceso desde Brasil a ese país sudamericano y otras islas del Caribe se verá facilitado.
"La integración que pretendemos fue impulsada por nuestra cancillería que comprende la importancia que tiene la cooperación entre los países para mi estado y nuestros vecinos", declaró Rodrigues.
Amapa tiene 500.000 habitantes frente a 750.000 de Guyana. A muchos residentes del estado brasileño les gustaría que la carretera tuviera un uso intenso, una vez que esté concluida. Rodrigues ya visitó Suriname y Guayana Francesa, en su campaña para la carretera.
Mientras, el gobernador piensa empezar a buscar los fondos antes de fin de año, con la esperanza de comenzar la construcción a principios de 1999.
Un grupo de trabajo se creará para resolver las asperezas del proceso de planificación del proyecto, entre ellas la forma de responder a las protestas que se esperan de los grupos ambientales, preocupados por el sector de selva que será eliminado para posibilitar la construcción de la carretera.
El grupo también tendrá que hacer frente a las inquietudes de organizaciones de derechos humanos sobre el impacto que el proyecto tendrá sobre los pueblos indígenas. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/aq-lp/dv/98)
