La Comunidad Andina (CA) y el Mercosur definieron esta semana los términos de su negociación para crear una zona de libre comercio, para lo cual se deberá superar complejas diferencias entre ambos bloques sudamericanos.
Si el acuerdo, firmado el jueves en Buenos Aires, llega a buen puerto, "le otorgará a los nueve países de la región un poder político y comercial como nunca antes tuvieron frente al resto del mundo", dijo a IPS un vocero de la secretaría administrativa del Mercosur (Mercado Común del Sur), radicada en Montevideo.
Para el experto en integración y ex canciller uruguayo Sergio Abreu, Estados Unidos "vería con preocupación que se consolide una zona de libre comercio sudamericana antes de que el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) entre en ejecución".
Es que eso significaría "una posición estratégica de mayor fuerza" del bloque sudamericano frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) que integran Estados Unidos, México y Canadá.
Para Abreu, esta circunstancia "deriva de la confrontación que se da en el ALCA de posiciones divergentes" entre los bandos que lideran Brasil y Estados Unidos.
El diario brasileño Gazeta Mercantil sostuvo que la Doctrina Monroe renace en la Cumbre de las Américas que se realiza en Santiago de Chile este sábado y domingo, mientras discretamente Brasil empieza a poner en marcha, con el acuerdo Mercosur-CA, su vieja idea del Area de Libre Comercio de América del Sur.
La Doctrina Monroe, que se resume en la frase "América para los americanos", responde a la inspiración del presidente estadounidense James Monroe (1817-1825), quien aspiraba a que su país sustituyera a Europa en la tutela del sur del continente.
El Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), con más de 200 millones de habitantes, es considerada la cuarta potencia comercial del mundo detrás de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Su producto interno bruto (PIB) asciende a un billón de dólares, 80 por ciento del de toda América del Sur.
Por su parte, la CA (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) reúne 104 millones de habitantes y un PIB de 248.000 millones de dólares.
Bolivia actuará como observador activo de la negociación porque desde abril de 1997 tiene en vigor un acuerdo de desgravación con el Mercosur con el aval de la CA.
Chile tiene un acuerdo similar con el Mercosur y su comercio con la CA se regula mediante convenios de liberalización bilateral, con excepción de Perú debido a atrasos en la negociación.
Si hoy rigiera la zona de libre comercio entre las nueve naciones, el total de habitantes superaría los 304 millones y el PIB sería de 1,248 billones.
Para llegar a ello habrá que superar vallas infranqueables desde que se iniciaron las negociaciones en 1995.
Los centros del pulso serán divergencias técnicas como las normas de origen, que determinan el porcentaje de componentes nacionales de cada producto para ser eximido de aranceles, los plazos de desgravación, el manejo de sectores sensibles como el agrícola y al automotor.
Uno de los obstáculos que se le presentan a la voluntad política de convergencia es que la CA solo representa cuatro por ciento del comercio exterior del Mercosur, cuyo intercambio se dirige básicamente hacia Estados Unidos y Europa.
Otra interrogante clave es cuáles serán los mecanismos del programa de liberación del comercio que permita un mejor acceso recíproco a los mercados de ambos bloques.
No se vislumbra el tratamiento que recibirán las manufacturas de los países de mayor industrialización, como Venezuela y Colombia, respecto de Argentina y Brasil.
El sector agrícola presenta dificultades porque la CA también exporta a los países a los que vende el Mercosur y las exportaciones andinas tienen tratamiento favorable a terceros mercados como la UE.
Las normas de origen para la zona de libre comercio son otra valla.
Dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) de la que forman parte las nueve naciones, se admite hasta 50 por ciento de componentes importados, mientras que en el Mercosur obliga a que cada producto contenga 60 por ciento de componentes nacionales.
El acuerdo fija dos fases para la liberalización comercial. Hasta el 30 de septiembre una comisión negociadora especial discutirá la extensión de todos los participantes de las preferencias arancelarias concedidas en forma bilateral entre los países.
La consolidación y multilateralización del llamado patrimonio histórico (beneficios comerciales vigentes por acuerdos bilaterales) en la apertura entre ambos bloques será operativa desde octubre y servirá de piso negociador para la desgravación de todo el universo arancelario.
El mandato a la comisión negociadora es que el primer día del 2000 debe estar pactada y entrar en vigor la zona de libre comercio, pero el acuerdo no se pronuncia sobre ninguno de los puntos que obstaculizaron la negociación en 1997.
El acuerdo procura como primer paso un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física para crear un espacio económico sudamericano ampliado, que impulse la libre circulación de bienes y servicios y facilite la competencia y equidad entre los productores de los dos bloques.
Además, apunta a la promoción y desarrollo de la infraestructura física de América del Sur y a un marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas entre los agenes económicos de los dos bloques.
Las otras dos metas son la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica, y la promoción de la coordinación de las dos partes en el proceso de integración hemisférica y en los foros multilaterales. (FIN/IPS/rr/mj/if/98
