La tensión sube como espuma en el estado Chiapas, en México. A la expulsión de extranjeros, las posiciones inflexibles del gobierno y los guerrilleros y el descrédito de los mediadores, se sumó una declaración de alerta máxima del movimiento zapatista.
Indígenas tzeltales, tzotziles, tojolabales y zoques que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunciaron que defenderán a cualquier costo los más de 30 municipios autónomos que fundaron en los últimos cuatro años, mientras el gobierno prometió terminar con esa "ilegalidad".
Políticos de oposición y grupos de apoyo del EZLN en México y el extranjero advirtieron que la guerra está cerca, pero el gobierno reiteró por enésima vez que jamás usará la represión.
Grupos de policías y soldados, que ocuparon el pasado fin de semana un municipio zapatista y detuvieron a ciudadanos extranjeros y mexicanos, realizan ahora cateos y cruzan los retenes civiles instalados por simpatizantes de la guerrilla a la entrada de sus zonas de influencia.
Los sobrevuelos de helicópteros y aviones militares sobre selvas y cañadas de Chiapas son constantes, así como la vigilancia de todo extranjero que visite la zona, según testigos.
El gobierno expulsó en los últimos cuatro meses a 19 extranjeros acusados de inmiscuirse en asuntos internos, lo que depertó suspicacias y acusaciones de xenofobia de parte de organizaciones humanitarias y simpatizantes de los zapatistas.
Además, el gobierno cuestionó a los mediadores del proceso de paz, detenido desde agosto de 1996, y presentó al Congreso un proyecto de ley sobre derechos indígenas sin consensuar con la guerrilla, a pesar que había firmado un acuerdo al respecto con el grupo armado.
"El EZLN no es legislador, ni las leyes se hacen en la selva" fue el argumento que presentó el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Francisco Labastida, al explicar la decisión de presentar el proyecto.
Mientras, el mando del EZLN, antes rápido en responder a sus adversarios, continúa en un silencio que se prolonga desde enero, cuando el presidente Ernesto Zedillo inició una ofensiva política en procura, según dijo, de una salida al conflicto.
La guerrilla soporta las provocaciones, pero también tiene un límite frente a la declaración de guerra hecha por el gobierno, expresó un portavoz del Frente Zapatista de Liberación Nacional, organización que reúne a personas y grupos que apoyan al EZLN.
Las bases indígenas del grupo armado advirtieron que formarán vallas humanas y reforzarán sus retenes para impedir que la policía y el ejército ingresen a sus municipios autómomos, presentes en varios de los 111 municipios reconocidos por ley en que se divide el territorio de Chiapas.
"Queremos decirle a todo el mundo que nosotros los indígenas aquí estamos, a pesar de la militarización total de nuestros pueblos, y que resistimos", dijo a la prensa mexicana un representante de uno de los municipios rebeldes.
Ejerciendo lo que consideran su derechos a la autonomía, los indígenas prozapatistas fundaron en los últimos cuatro años 32 municipios bajo nombres como "Libertad de los Pueblos Mayas", "Tierra y Libertad", "Ernesto Che Guevara" e "Independencia".
En esos ayuntamientos, donde los zapatistas eligen a sus autoridades y representantes en asambleas, los guerrilleros suplantan a los policías, se encarcela a opositores, se extorsiona a la población y se cobran cuotas e impuestos ilegales, asegura el gobierno.
A pesar de su presencia y promocionada influencia, los municipios zapatistas cubren menos de 15 por ciento del territorio de Chiapas, por lo que el conflicto generado por la guerrilla afecta a unas 100.000 personas, de una población de cerca de cuatro millones que tiene el estado, añade.
En los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 entre guerrila y gobierno, las partes se comprometieron a "remunicipalizar" las zonas habitadas por indígenas y establecer nuevos ayuntamientos donde las autoridades podrían ser electas en base a "usos y costumbres".
Pero los acuerdos de San Andrés, que se refieren a los derechos de los pueblos nativos, no han logrado concretarse en una ley de consenso debido a las discrepancias entre guerrilla y gobierno.
El conflicto armado en Chiapas se complica cada día y es posible que se repitan enfrentamientos armados, advierte la diócesis católica de San Cristobal, la tercera ciudad de ese estado. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/98
