Grupos de derechos humanos de Estados Unidos expresaron indignación ante la revelación de que el Pentágono presionó a diplomáticos extranjeros para que se opongan a la creación de un Tribunal Penal Internacional con amplios poderes.
El Pentágono (ministerio de Defensa) confirmó la información publicada el martes en el diario The New York Times, sobre la invitación realizada por funcionarios de defensa a unos 100 agregados militares extranjeros a asistir a reuniones sobre las dudas de Washington ante el tribunal propuesto.
La organización Human Rights Watch (HRW) criticó los planes del Pentágono y acusó a funcionarios de Washington de intentar socavar la propuesta de la corte antes de que en junio comiencen en Roma negociaciones clave sobre su formación.
En una carta dirigida al secretario de Defensa William Cohen, el director de HRW, Kenneth Roth, expresó su "profunda inquietud" porque Washington "recurre a los peores instintos de algunos de los mayores violadores de derechos humanos".
Algunos de los agregados militares representan a países con "malos antecedentes de derechos humanos", sostuvo Roth.
"Lo que nos preocupa es que el tribunal cuente con amplias facultades para investigar una agresión cuya definición es poco clara", declaró el portavoz del Pentágono, Ken Bacon.
El presidente estadounidense Bill Clinton declaró su apoyo a la formación de la Corte Penal Internacional, que tendría la autoridad para procesar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El Tribunal reemplazaría a los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, establecidos por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para procesar a los responsables de las matanzas perpetradas en las guerras civiles de esta década en esos países.
Pero en negociaciones preliminares en la sede de la ONU en Nueva York se generó una división entre los países que respaldan una corte fuerte, cuyo fiscal sería independiente y con amplios poderes, y los que, como Estados Unidos, pretenden que el fiscal cuente con la autorización previa del Consejo de Seguridad.
Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, cuentan con derecho de veto.
Hay otras discrepancias. En la corte propuesta, los jueces serían elegidos por votación de mayoría simple de los estados signatarios. Washington pretende que los jueces sean elegidos por una "supermayoría" que asegure de hecho a los países industrializados el veto de los candidatos que no respaldan.
El portavoz del Pentágono señaló el martes que Washington apoya una definición muy específica de "crímenes contra la humanidad", en lugar del mandato amplio que podría incluir aun la discriminación racial o étnica.
Finalmente, Estados Unidos cree que la corte propuesta no debe asumir la competencia de un caso si el sistema nacional legal del país interesado, reconocido y en funciones, ya lo está investigando.
"En los casos donde los países supervisan sus actividades y actúan contra las violaciones de sus leyes, pensamos que el sistema nacional legal debe primar sobre el proceso internacional", declaró Bacon.
Estas cuestiones se están transformando en un debate político nacional en Estados Unidos.
A fines del mes pasado, el presidente de extrema derecha del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, prometió que un tratado para crear una corte penal internacional "estaría muerto antes de ingresar" a la Cámara Alta a menos que Washington tenga poder de veto sobre sus actividades.
Funcionarios y grupos conservadores, entre ellos Freedom House, de Nueva York, insisten que la corte no será ratificada por el Senado si Washington no tiene autoridad sobre la misma y que grupos de derechos humanos como HRW deben concentrar sus fuerzas en una propuesta que tenga aprobación de los senadores.
"La idea de que una corte penal internacional pueda funcionar sin la participación activa de Estados Unidos no es creíble", opinó en el diario The Washington Post Adrian Karatnycky, presidente de Freedom House.
El Pentágono proporcionó un documento de tres páginas a los cerca de 100 agregados militares en el que se confirma el compromiso de Estados Unidos con la corte, pero se subraya que Washington pretende "evitar la creación de una corte del tipo equivocado", según The New York Times.
En las reuniones con los agregados militares se arguyó que incluso soldados participantes en misiones de paz de la ONU podrían ser acusados por la corte de cargos sin corroborar, por fiscales sin controles.
Las reuniones fueron autorizadas por David Scheffer, el funcionario del Departamento de Estado (cancillería) que encabeza la delegación estadounidense en las negociaciones.
"Recomendamos enérgicamente que manifiesten un interés activo en las negociaciones sobre la corte penal internacional", exhortó el documento del Pentágono a los agregados militares, según The New York Times.
El Pentágono "alienta a militares que tienen razón para temer el procesamiento de la corte penal internacional a tomar un papel más activo para debilitarla antes de su creación", agregó.
En su carta a Cohen, Roth dijo que el proyecto actual de la corte incluye "las garantías suficientes para excluir los casos sin fundamento o inadecuados". El activista solicitó al secretario de Defensa que "deje de presionar a otros países a través de sus militares". (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-lp/ip/98
