/BOLETIN-DD HH/ COLOMBIA: Gobierno procura reforma integral a problema carcelario

El gobierno de Colombia implementará una reforma integral del sistema carcelario para poner fin a la crisis que se vive en los 168 penales del país a causa del hacinamiento y la corrupción.

Tras lamentar la muerte de 15 presos de la penitenciaría de La Picota, en la capital de Colombia, ocurrida el lunes a manos de un grupo de otros reclusos, el presidente Ernesto Samper afirmó que el gobierno está haciendo "un gran esfuerzo" para solucionar la crisis.

En La Picota están recluidos los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del narcotraficante Cartel de Cali.

Samper indicó que, como medida inmediata para evitar nuevos casos de violencia en el penal, se creará un circuito de seguridad a cargo de la policía, que complementará los que ya tienen a su cargo el personal de guardia y el ejército.

La reforma integral, coordinada por la Fiscalía, contempla la construcción de nuevas cárceles, inversiones en infraestructura y la búsqueda de soluciones a la impunidad.

Las primeras investigaciones sobre los hechos de La Picota indican que un grupo de reclusos ataviados de pasamontañas y armados ingresaron al patio número cuatro para vengar la muerte de su líder, Oscar Rodríguez, ocurrida el mismo martes.

Rodriguez, sentenciado a 16 años de prisión por asesinato, encabezaba el diálogo de los reclusos con el gobierno en procura de elevar aportes para la reforma carcelaria que se busca implementar.

Otras versiones indican que varios de los asesinados el lunes participaron el día anterior en la violación de dos mujeres que visitaban a sus familiares, lo que habría desatado la masacre.

La muerte de los 15 reclusos fue calificada este martes por la ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, como "una lamentable y dolorosa tragedia de violencia", que deja en evidencia que las acciones de vigilancia "no son efectivas".

La funcionaria anunció que se reforzará el control para evitar el ingreso de armas a las cárceles y se buscarán recursos para incrementar el número de guardianes, que es insuficiente.

Pero el especialista en derecho penal Darío Martínez dijo a IPS que lo ocurrido el lunes es reflejo de la situación de las cárceles colombianas.

La ausencia de una política carcelaria ha llevado a la aplicación "de medidas coyunturales" y apresuradas que no solucionan el problema de fondo, según Martínez.

Una auténtica política criminal debe definir "cuáles son los bienes jurídicos que realmente merecen protección penal", establecer la graduación de las penas con que se les protegerá y concretar las modalidades del régimen penitenciario, dijo el fiscal de Colombia, Alfonso Gómez.

Otros analistas consideran que la estructuración de una política integral para solucionar la crisis carcelaria debe tener en cuenta instrumentos para agilizar la aplicación de la justicia y evitar el hacinamiento actual.

El Director del INPEC, Francisco Bernal, presentó el martes su renuncia al cargo y afirmó que la principal causa de lo sucedido en La Picota fue "el hacinamiento y la falta de personal de guardia". Informó, además, que en este centro carcelario sólo hay 110 guardianes para vigilar a más de 1.200 detenidos.

El funcionario señaló que había presentado su dimisión en dos ocasiones anteriores desmotivado por el hecho de que su solicitud de acciones concretas frente a la crisis no tenían acogida por parte del gobierno. La renuncia fue aceptada el mismo martes por Samper.

La capacidad de las cárceles del país es de 28.332 reclusos y en la actualidad hay más de 40.000, según el Instituto Nacional Carcelario (INPEC).

Esta situación de hacinamiento ha llevado a la creación de un circuito de corrupción que integran guardias y otros funcionarios.

La oficina del Defensor del Pueblo (Ombudsman) ha denunciado que en la mayoría de las cárceles a los reclusos de les violan los derechos más elementales y que se les cobra hasta por tener acceso al sanitario.

Estas violaciones desataron en 1997 una cadena de protestas que dieron como resultado más de 30 reclusos muertos.

El caso más notorio fue el amotinamiento en la cárcel de Valledupar el 3 de abril de 1997, en el que los reclusos reclamaron el cumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno para mejorar las condiciones dentro del penal. El incidente dejó un saldo de cinco muertos. (FIN/IPS/yf/mj/hd/98

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