Un general responsable de unas 600 desapariciones en la última dictadura en Argentina quedó suspendido del cargo de gobernador provincial que alcanzó en las urnas para ser investigado por su patrimonio, que superaría el millón de dólares.
Desde el martes y por 60 días, el general retirado Antonio Bussi dejó de ser gobernador de la provincia norteña de Tucumán y podría quedar destituido si el juicio político que le realizará el Poder Legislativo provincial culmina con una condena al militar.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Tucumán, Malvina Seguí, explicó que la suspensión se debe a que el gobernador apeló a subterfugios, omisiones y maniobras para ocultar su patrimonio.
En reemplazo de Bussi asumió el vicegobernador Raúl Topa, también acusado de participar en la represión ilegal de la dictadura (1976-1983). Topa podría seguir en el cargo después de los 60 días, en caso de que el titular sea destituido luego del juicio político.
La Corte Suprema de Justicia, la última esperanza de Bussi, ratificó el martes que la suspensión es constitucional y por lo tanto pertinente, tal como lo ordena la Carta Magna provincial, mientras se le sustenta el juicio.
Seguí calculó el patrimonio del gobernador en un millón de dólares y señaló que sólo en una cuenta que en 1995 tenía en un fondo de la Sociedad Militar había 150.000 dólares que treparon a 400.000 apenas un año después.
La legisladora goza de custodia tras recibir en los últimos días, al igual que muchos otros opositores en Tucumán, amenazas e intimidaciones por escrito, descriptas como "formularios" impresos, y firmados por un supuesto grupo de familiares de muertos por la guerrilla.
El diputado Ricardo Bussi, hijo del gobernador, aseguró que su padre acatará la suspensión, resistirá durante el juicio político y volverá a su cargo. "Mi padre es un líder popular que supo defender la democracia", declaró.
Bussi sigue cosechando respaldo popular, aunque cada vez son más los sectores que lo habían defendido y que ahora le restan su confianza luego de que negara y posteriormente admitiera algunas de las acusaciones que se le hicieron.
Bussi fue comandante del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Tucumán durante la dictadura. Desde allí, comandó la represión ilegal en esa región y gobernó la provincia por la fuerza con un saldo de 600 desaparecidos.
Pero Bussi fue liberado en 1986 de los procesos en su contra por las leyes de amnistía sancionadas por el Congreso, que beneficiaron a todos los militares que actuaron durante la represión con la única excepción de los jerarcas del régimen, condenados y luego indultados.
Su imagen de dirigente de mano dura le sirvió para alzarse con el triunfo en los comicios de gobernador de Tucumán en 1995. Dos años antes había alcanzado un escaño de diputado nacional en representación del derechista Partido Republicano, un partido de su provincia.
La amenaza de su triunfo en las elecciones de 1991 ya había llevado al presidente Carlos Menem a proponer como candidato a gobernador al ex cantante Ramón "Palito" Ortega, que gobernó cuatro años la provincia hasta que Bussi lo sucedió.
El proceso que derivó en la suspensión comenzó hace dos meses cuando un juez español que investiga el paradero de desaparecidos durante el régimen pidió a Suiza que informe sobre cajas de seguridad de militares argentinos en bancos de ese país.
El juez Baltasar Garzón requirió a la fiscalía suiza que ponga a su disposición toda la documentación existente sobre las víctimas, debido a que algunos organismos humanitarios indicaban que podran existir microfilms con archivos de desaparecidos.
La fiscalía suiza aceptó el requerimiento, pero no se hallaron documentos sino dinero a nombre de militares que actuaron en la represión ilegal, entre ellos Bussi, que había omitido ese dato en su declaración jurada de bienes antes de asumir la gobernación.
Entonces, el gobernador admitió la existencia de esa cuenta de más de 150.000 dólares. Ese hecho que llevó al Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas a condenarlo con una amonestación grave por su falta de honestidad al evitar declarar la cuenta en Suiza.
El militar se defendió de la acusación de sus pares argumentando que no mintió en su condición de militar sino como poltico, una declaración que fue repudiada por legisladores y dirigentes de su provincia.
Paralelamente, la fiscalía federal argentina y el Congreso de la provincia de Tucumán le iniciaron sendos procesos.
El fiscal federal Paul Starc denunció que Bussi tiene propiedades y otros bienes a nombre de terceros, que fraguó operaciones de venta y recompra y que su patrimonio sería superior al millón de dólares.
En su declaración de bienes, Bussi había jurado tener sólo una propiedad en Tucumán y otra en Buenos Aires, además de una cuenta en un banco local.
Pero el fiscal detectó en Buenos Aires ocho propiedades a nombre de su familia, tres automóviles y un jeep, acciones, cuentas banacarias en bancos argentinos y del exterior, campos y una residencia en Punta del Este, un exclusivo balneario de la costa de Uruguay.
Starc lo acusó entonces por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica de documento público. El fiscal sostiene que, con un sueldo mensual de 2.600 dólares, el militar no pudo haber acumulado un patrimonio de más de un millón de dólares. (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/98
