El rechazo de una acusación constitucional contra el ex dictador Augusto Pinochet por parte de la Cámara de Diputados de Chile desató una profunda crisis en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) del presidente Eduardo Frei.
La acusación contra el ex dictador y ahora senador vitalicio fue rechazada en la noche del jueves por 62 votos, 52 a favor y una abstención, tras un tenso debate de 10 horas en la sede del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
La división interna del PDC en este episodio político afectó también la unidad de la coalición oficialista, que ese partido integra con los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD) los cuales apoyaron la acusación en bloque.
Frei agradeció este viernes como un respaldo a su gestión la actitud de los 11 diputados del PDC que acogieron la posición del presidente, contrario al juicio político al general retirado de 82 años que gobernó el país entre 1973 y 1990.
Pero entre los 24 parlamentarios democristianos que apoyaron la acusación surgieron fuertes críticas a las presiones que el gobierno y el presidente del PDC, el diputado Enrique Krauss, ejercieron para que el ex dictador fuera absuelto.
Krauss fue tratado de "traidor" en Valparaíso por mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y militantes de la Juventud Demócrata Cristiana (JDC), que en un gesto de protesta ocuparon la sede del partido en Santiago.
En una declaración leída en Santiago cerca de la medianoche por su esposa, Lucía Hiriart, Pinochet agradeció a quienes rechazaron la acusación "sin haber compartido los postulados" de su régimen.
"Mi corazón de viejo soldado (…) sufrió por muchos días el incesante ataque a mis más caros valores", dijo el ex dictador aludiendo a los cargos de traición a la patria incluidos en la acusación constitucional.
La demanda fue presentada por 11 diputados oficialistas el 16 de marzo, cinco días despúes de que Pinochet juró como senador vitalicio tras haber entregado el mando del Ejército al general Ricardo Izurieta.
El veterano general, que comandó su arma casi 25 años, fue inculpado por actuaciones posteriores al 11 de marzo de 1990, fecha en que asumió la presidencia Patricio Aylwin, quien encabezó hasta 1994 el primer gobierno de transición democrática.
Las normas impuestas por Pinochet al proceso de restauración de la institucionalidad prohiben juzgar actos administrativos y financieros de la dictadura y mantienen una ley de amnistía para las violaciones de derechos humanos expedida en 1978.
El ex dictador fue acusado por episodios de insubordinación contra el poder civil cometidos por su arma en diciembre de 1990 y mayo de 1993 en torno a una denuncia por el pago indebido de tres millones de dólares por parte del Ejército al hijo mayor de Pinochet.
La acusación incluyó también expresiones injuriosas e irrespetuosas que Pinochet tuvo en los últimos años contra los deudos de unas 3.000 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Los cargos incluyeron también declaraciones ofensivas de Pinochet contra el ejército alemán y otras actuaciones que, a juicio de los acusadores, dañaron el prestigio y la imagen internacional del país.
Frei adelantó desde enero su rechazo a la acusación, aduciendo que entorpecía el normal proceso de cambio de mando en el Ejército y que implicaría un juicio político a la transición democrática en lugar de un juzgamiento a Pinochet.
El canciller José Miguel Insulza reconoció también que para el gobierno resultaba negativa una acusación que podía absorber el interés noticioso durante la II Cumbre de las Américas, que se celebrará los días 18 y 19.
El gobierno se jugó a ganar para el rechazo de la moción a diputados del PDC, impidiendo así que se lograra la mayoría absoluta entre los 120 miembros de la Cámara para suspender a Pinochet del cargo de senador vitalicio.
Se daba por seguro que la acusación sería finalmente rechazada en el Senado por la mayoría que conforman los partidos de la oposición derechista sumados a los senadores designados, cuatro de los cuales representan a las Fuerzas Armadas y a la policía de Carabineros.
Para los promotores de la acusación y la AFDD, el hecho de que fuera aprobada al menos en primera instancia por la Cámara de Diputados implicaba una sanción política y moral para el ex dictador.
El ex presidente Aylwin dio la razón a los acusadores al declarar el martes que en su gobierno hubo medidas de presión intimidatorias de Pinochet, pero luego señaló que si fuera diputado votaría por el rechazo de la acusación.
El gobierno y la derecha consiguieron, de acuerdo con las normas parlamentarias, que la votación de este jueves fuera secreta, facilitando así el voto en contra de los 11 diputados del PDC que se alinearon con Frei.
Esos mismos diputados, más las bancadas derechistas, rechazaron una moción para que la acusación se votara por capítulos, lo cual abría posibilidades de condenar a Pinochet por sus actuaciones en materia de derechos humanos.
Los diputados del PDC a favor de la acusación, así como los del PS, el PPD y dos de los tres parlamentarios del también oficialista Partido Radical Socialdemócrata, hicieron públicos sus pronunciamientos a pesar del carácter secreto de la acusación.
Durante el prolongado debate, diputados del propio PDC dijeron que hubo presiones desde el gobierno y la directiva de ese partido, no solo contra los parlamentarios que rechazaron la acusación sino también contra el ex presidente Aylwin.
Arturo Longton, diputado del derechista Partido Renovación Nacional, contrario a la acusación, denunció, sin embargo, injerencias "inaceptables" de Pinochet en su colectividad para promover la votación secreta.
Tras la votación que absolvió al ex dictador, Krauss instó a Pinochet a "reconocer errores y pedir perdón" por las violaciones de derechos humanos, al tiempo que descartó una crisis en el PDC como resultado de este episodio.
Los jóvenes que ocuparon la sede del PDC exigieron, sin embargo, la renuncia de Krauss a la presidencia del partido y exhibieron carteles pidiendo perdón al país por la absolución del ex dictador por parte de diputados de la colectividad.
El senador Sergio Bitar, presidente del PPD, dijo este viernes que cada partido oficialista debe asumir su responsabilidad en el desenlace de la acusación, pero al mismo tiempo hizo un vehemente llamado a defender la unidad de la coalición gobernante. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/98
