Los 400 pueblos indígenas de la Amazonia iniciarán un juicio penal contra una compañía farmacéutica de Estados Unidos que patentó una planta utilizada en la elaboración de la ayahuasca, una bebida ceremonial autóctona.
"Abogados estadounidenses comenzarán el proceso en julio", informó a IPS Rodolfo Asar, director de Comunicación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) con sede en Quito, integrada por pueblos de ocho países.
"El objetivo es lograr la anulación de la patente de la ayahuasca y dar una lección a la biopiratería internacional, aunque sabemos que el proceso puede durar varios años", agregó Asar.
El conflicto por la ayahuasca, también conocida como yagué, comenzó en 1996, cuando dirigentes de la COICA supieron que el bejuco Banisteriospsis caapi, base de la bebida, había sido patentado por la compañía International Plant Medicine Corporation (IPMC) diez años atrás.
La ayahuasca es una bebida tradicional alucinógena que los pueblos amazónicos utilizan en ritos de iniciación y purificación.
"Sólo los chamanes están autorizados a prepararla y ningún miembro de la comunidad puede beberla sin la guía de un chamán", dijo a IPS Agustín Grefa, dirigente de la comunidad de Río Blanco, 350 kilómetros al oriente de Quito.
Río Blanco es una comunidad de los quichuas de la Amazonia que se dedica al cultivo de plantas medicinales y mantiene un jardín botánico con 450 especies.
Muchos otros productos medicinales han sido patentadas en Estados Unidos y son expendidos "sin ningún beneficio económico para los indígenas", como la planta llamada "uña de gato" y la resina "sangre de drago", según Greffa.
Pero "patentar la ayahuasca es más grave, porque se trata de algo ceremonial y no de cualquier cosa", apuntó Greffa.
Loren Miller, propietario de IPMC, "era un viejo conocido de los pueblos indígenas de Ecuador", pues "había realizado varias prácticas de medicina en nuestro territorio, pero nunca imaginamos que era una biopirata", comentó Rodrigo de la Cruz, asesor de la COICA.
Entonces, la COICA, que agrupa a las comunidades indígenas de los ocho países que comparten la Amazonia (Bolivia, Brasil, Colombia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela), emprendió una campaña internacional contra Miller y la biopiratería.
En 1997, los líderes de los pueblos nativos de Amazonia reunidos en Guyana declararon a Miller "enemigo de los pueblos indígenas", y establecieron que si el empresario entraba a la región lo haría bajo su propio riesgo.
A pesar de la campaña, la organización no contó con el suficiente respaldo de la comunidad internacional y decidió cambiar la estrategia.
"Conseguimos apoyo de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el ambiente y utilizamos la red Internet", apuntó Asar.
Organizaciones como la Coalición Ambientalista del Norte, que está integrada por unos 80 grupos de Estados Unidos y Canadá, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) respaldan las demandas de la COICA.
También organizaciones de Europa, como Alianza del Clima, integrada por 700 municipios de ciudades europeas, "nos han manifestado su apoyo", según Asar.
La presión de estas organizaciones "ha desatado un verdadero debate en los Estados Unidos, y esto nos ha dado pie para iniciar el juicio contra Miller", dijo el dirigente.
Sin embargo, los grandes intereses económicos y políticos detrás del laboratorio de Miller "provocaron la reacción del gobierno de los Estados Unidos" a través de la Fundación Interamericana (FIA), un organismo de apoyo dependiente de Washington, apuntó Asar.
Adolfo Franco, vicepresidente de FIA, visitó el año pasado la sede de la COICA con objetivo de lograr una retractación de la declaración de Miller como persona no grata.
Franco amenazó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que integra la COICA, con quitar el respaldo a un programa de educación infantil de la organización que la FIA había impulsado con 200.000 dólares.
Pero el grupo indígena mantuvo su posición y se rompieron las relaciones de cooperación.
"La FIA argumenta que tiene todo el derecho a opinar, porque ha apoyado a la COICA con un millón de dólares en los últimos años. Nosotros les hemos dicho que si quieren su dinero se los devolveremos", concluyó Asar. (FIN/IPS/mg/mj/en/98
