Los compromisos ambientales y laborales, así como el narcotráfico, aparecen como los temas difíciles a dos semanas de la II Cumbre de las Américas, una vez alcanzado el consenso para lanzar las negociaciones de creación del ALCA.
La reunión de plenipotenciarios gubernamentales previa a la cumbre, concluída este viernes en Santiago, no alcanzó acuerdo definitivo en torno de la declaración política que firmarán los gobernantes en esta misma capital.
La cita de gobernantes de 34 de los 35 países de América, con la exclusión de Cuba, tendrá lugar los días 18 y 19 y será el escenario del lanzamiento formal de las negociaciones para crear el Area de Libre Comercio de América (ALCA).
En la reunión de ministros responsables de comercio que finalizó el 19 de marzo en San José de Costa Rica se alcanzó consenso para definir un plan de acción que conduciría a la puesta en marcha del ALCA en el 2005.
Sebastián Sáez, encargado del tema en la Dirección Económica de la cancillería chilena, aseguró esta semana que antes del 30 de junio se reunirán los viceministros de comercio de América para constituir un Comité de Negociaciones Comerciales.
Este organismo será el encargado de ejecutar el plan de acción sobre el ALCA que aprobarán los gobernantes, estableciendo pautas para la organización general del trabajo y los procedimientos de negociación.
Segun Sáez, los equipos negociadores de los gobiernos podrían iniciar su funcionamiento antes del 30 de septiembre, si se cumple con el propósito de reunir a los viceministros antes de que finalice el primer semestre de este año.
El propio funcionario de la cancillería chilena recalcó que el ALCA y la cumbre "no son la misma cosa", aunque ésta será el marco propicio para el lanzamiento del gran acuerdo comercial planteado desde la primera cumbre, celebrada en Miami en 1994.
La cita de gobernantes contempla un temario general, que incluye, además de la integración económica y el libre comercio, el trazado de una estrategia para modernizar y fortalecer la educación en todo el continente.
Este tema, propuesto por el presidente de Chile, Eduardo Frei, anfitrión de la cita, está vinculado a la lucha contra la pobreza, que golpea a unos 200 millones de habitantes del continente, y contra la discriminación política y social.
Esos aspectos serán incorporados a la Declaración de Santiago, el texto político que suscribirán los mandatarios el día 19 y que establecerá, al menos en el discurso, las prioridades para una estrategia continental de desarrollo.
La declaración política de la cumbre debe incluir además aspectos más contingentes de la política hemisférica, que se refieren en muchos casos a los vínculos entre América Latina y Estados Unidos.
En ese sentido, el caso del narcotráfico es abordado más allá de los pronunciamientos ya casi rutinarios de "la lucha contra el flagelo", para poner en cuestión los mecanismos unilaterales que Washington aplica al respecto.
Colombia, país afectado en los últimos años por las "descertificaciones" del Departamento de Estado, que califica la acción de los gobiernos contra el narcotráfico, es el más interesado en llevar este conflicto a la segunda cumbre.
En la reunión de plenipotenciarios de Santiago, la vicecanciller colombiana Clemencia Forero fue la principal impulsora de la propuesta de sustituir el sistema unilateral estadounidense por un mecanismo multilateral.
El planteamiento, tal como ocurrió en la reunión de San José, se abrió paso, pero con gran dificultad, y fue uno de los temas que postergó por unas seis horas la clausura de la cita de plenipotenciarios.
Los aspectos ambientales y laborales que debería incluir la Declaración de Santiago tienen una relación más directa con el ALCA, y los debates al respecto contribuyeron también a dificultar los acuerdos entre los plenipotenciarios.
El gobierno de Estados Unidos, presionado por el sindicalismo y los grupos ecologistas, plantea que se suscriban acuerdos continentales sobre ambiente y normas laborales como complemento del ALCA.
Esa posición es rechazada por los empresarios latinoamericanos y observada con reserva por los gobiernos de la región, que temen que esos aspectos operen como barreras no arancelarias para el libre comercio.
Para los empresarios, las regulaciones laborales son un obstáculo al comercio, a las inversiones y a la expansión de los negocios, e implican interferencias en el juego del libre mercado, que constituye la inspiración básica del ALCA.
Los trabajadores y sus sindicatos, en cambio, observan una creciente desprotección y abogan por compromisos internacionales que reafirmen derechos básicos y normas laborales amenazados por la globalización de los mercados.
El dilema, que se repite en los aspectos ambientales, no ha sido resuelto aún en el marco del ALCA y es uno de los puntos pendientes para la II Cumbre de las Américas. (FIN/IPS/ggr/if/98
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