Cristina sufrió permanentes castigos físicos por parte de su esposo durante varios años, hasta 1993. Hoy, ya divorciada, el castigo cesó pero aún sufre una variedad de violencias derivadas de esa relación, como le ocurre a muchas otras mujeres en Uruguay.
Recientemente su ex esposo fue despedido por mala conducta de uno de los dos empleos que tiene y del cual la justicia había ordenado la retención de haberes para la pensión alimenticia de su hijo.
Para obtener su pensión del otro empleo de su ex pareja, Cristina debió luchar contra la burocracia, la desaparición de documentos, la desidia de los funcionarios y contra su propio miedo de ser golpeada de nuevo "porque seguramente él cree que lo desafío al reclamar lo que me corresponde", dijo a IPS.
El caso de Cristina es uno de los miles que ocurren en Uruguay, un país de 3,1 millones de habitantes.
En Montevideo, donde vive casi 46 por ciento de la población del país, el servicio telefónico de orientación a mujeres maltratatadas, creado por la Intendencia en 1992, recibe un promedio de 5.000 consultas anuales "y eso que la mayoría de la población desconoce su existencia", comentó una de sus miembros.
"Sin derechos de la mujer, los derechos no son humanos", es la consigna que lanza este fin de semana la Comisión de la Mujer de la comuna para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el domingo 8.
La demanda del servicio telefónico llevó a la Comisión a inaugurar en junio de 1996 centros de asistencia a mujeres maltratadas en tres barrios perisféricos de Montevideo. Otros centros de asistencia ya están instalados en el centro de la capital uruguaya.
En el primer semestre de 1996, cada uno de los centros atención recibió un promedio de 300 consultas. Durante 1997 ese número creció a casi mil consultas en cada uno de ellos, dijo a IPS Marisa Marmisolle, funcionaria del servicio creado por la Comisión de la Mujer de la Intendencia de Montevideo.
En esos centros las mujeres que piden ayuda reciben asistencia jurídica y de otros especialistas que las orientan en su trámites, muchos de los cuales siguen el camino de la justicia civil o penal, el de un tratamiento psicológico o las derivan a grupos de autoayuda.
"Todavía quda mucho por hacer. Aún hay mujeres que creen que el hombre tiene derecho a celarlas y a controlar su vida y que eso es una prueba de amor. El tema es muy complejo y requiere un tratamiento multidisciplinario", dijo una de las integrantes de la comisión.
Según un estudio de 1997 de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad estatal, la mayoría de los delitos globales que ocurren en Montevideo afectan a las mujeres cuya edad promedio oscila entre 24 y 26 años, y ocurren entre las 13 y 19 horas.
La declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 define claramente este tipo de situaciones.
Considera agresión "todo acto violento basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimientno físico, sexual o psicológico de la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coaccion o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como privada".
En Uruguay, se promulgó en 1995 el delito de "violencia doméstica", que según el fiscal y catedrático de Derecho Penal, Miguel Langón, se aplica con relativa frecuencia aunque no contempla exclusivamente la situación de la mujer agredida.
El delito sanciona a quien "por medio de violencias o amenazas prolongadas en el tiempo, causare una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, con independencia de la existencia del vínculo legal".
La pena prevista, de seis a 24 meses de prisión aumenta de un tercio a la mitad "cuando la víctima fuere una mujer y mediaren las mismas circunstancias y condiciones establecidas en el inciso anterior". Esa es la diferencia que hace de otros integrantes del núcleo familiar que puedieren resultar afectados.
La norma fue producto del reclamo de organizaciones no gubernamentales integradas en el Espacio Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Sexual y Doméstica, y el Grupo Interdisciplinario sobre violencia doméstica contra la Mujer.
"Es un claro mensaje para el golpeador, para quien se cree habilitado a castigar a su pareja. Ahora sabe que será castigado", dijo Langón.
El penalista Eduardo Duarte señaló que la ley no define lo que se entiende por "violencia doméstica", a diferencia de otras legislaciones, y puso el ejemplo de Puerto Rico.
La legislación puertorriqueña define a la violencia doméstica como "un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge o una persona con quien cohabita o haya cohabitado".
Duarte también objetó la falta de claridad de la ley cuando dice que sancionará "las violencias o las amenazas prolongadas en el tiempo". Para evitar trabas en la tipificación del delito, hubiera sido deseable no incluir el requisito de tiempo, como ocurrió en los casos de Puerto Rico y Argentina, arguyó. (FIN/IPS/rr/ag/hd/98
