La crisis de Kosovo se desató en forma sorpresiva, pero no inesperada.
Mientras hubo estabilidad, las potencias extranjeras no se involucraron, y ahora que la paz se acabó, reaccionan con rapidez. En cualquier caso, no habrá soluciones rápidas para este problema.
Desde 1989, cuando Serbia abolió la autonomía de Kosovo, los albaneses crearon instituciones políticas y sociales que operaban en forma "paralela", mientras el gobierno de Belgrado continuaba con la represión, los allanamientos policiales, los asesinatos y los juicios de exhibición.
Se estableció un apartheid en los Balcanes. Y cuando comenzó a acabarse la paciencia de los albaneses, una vez probado que las tácticas pacíficas del líder Ibrahim Rugova no daban fruto, emergió el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK).
Ahora hay más de 80 personas muertas. El culpable es el presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, aunque los dirigentes del ELK también tendrán su cuota de responsabilidad si la situación queda fuera de control.
Sin embargo, también corresponde parte de la culpa a la comunidad internacional, ya que las potencias occidentales han tratado de manipular la dinámica de la política étnica de Belgrado, pero no la han rechazado en forma explícita.
El acuerdo de Dayton fue un ejemplo, pues en el fondo consagró el principio étnico en la política bosnia, y dio a entender que la violencia podía obtener un reconocimiento internacional.
Los albaneses ya sacaron sus propias conclusiones. Están frustrados porque no han obtenido ningún reconocimiento internacional pese a su estrategia disciplinada, alejada de la violencia.
Las potencias occidentales, que dependen de Milosevic para el éxito del acuerdo de Dayton en Bosnia, han creado una especie de "círculo exterior de sanciones" contra la República Federal de Yugoslavia a raíz del problema de Kosovo, una actitud que contribuyó a consolidar el estado de las cosas.
Pero ahora la situación podría empeorar, con lo cual habrán resultado inútiles todos los años de preocupación por los Balcanes, así como las interminables discusiones sobre "diplomacia preventiva" y "mecanismos de alerta prematura" en caso de crisis.
La crisis de Kosovo apenas acaba de comenzar, pero es evidente el riesgo de que evolucione en forma similar a otros conflictos escenificados en los Balcanes. Allí está el fantasma de Milosevic provocando un levantamiento de albaneses, que podría llevar a la guerra, y que entonces justificaría la limpieza étnica.
La pronta reacción del Grupo de Contacto que integran las grandes potencias frenó esa estrategia y obligó a Belgrado a negociar. Ya existe un marco para lograr una solución: darle a Kosovo algún grado de autodeterminación, ya sea como república o unidad confederada, pero sin afectar los límites de Yugoslavia.
No obstante, la independencia de Kosovo está descartada.
En Belgrado, tanto el gobierno como la oposición consideran que el problema de Kosovo es un asunto interno de Serbia. Pero está posición está fuera de lugar, pues tras la intervención del Grupo de Contacto y del debate sobre posibles sanciones, el conflicto está profundamente internacionalizado.
Después de lo ocurrido en Drenica, donde la mayoría de los muertos eran mujeres, niños y ancianos que difícilmente calificaban como terroristas, el tribunal de crímenes de guerra de La Haya confirmó su interés por conseguir evidencia. El tema de la soberanía ya está quebrantado.
Sin embargo, las negociaciones no pueden lograr soluciones efectivas en el corto plazo. La opinión pública serbia y albanesa está tan dividida y es tan volátil que cualquier intento por llegar a una decisión definitiva podría agravar la situación.
La autonomía no será suficiente para aplacar a los albaneses, y una república produciría tensiones muy similares a las que hace unos años condujeron a la ruptura de la ex federación yugoslava.
Lo más prudente sería conseguir un compromiso de las partes para buscar una solución que cuente con garantes internacionales, sin que sea necesario un desenlace definitivo para el problema.
En este escenario, sería positivo contar con una comisión tripartita, integrada por representantes albaneses, serbios y de la comunidad internacional, que podría operar en un ambiente propicio para negociar acuerdos de más largo plazo.
Este tipo de administración a cargo de una comisión no implicaría una definición sobre temas de ciudadanía o soberanía. Kosovo continuaría dependiendo económicamente de Yugoslavia, pero su estatuto político y constitucional sería sometido a un estado de hibernación.
La comisión podría actuar como árbitro para las disputas locales. De hecho, su primera tarea debería ser la de organizar elecciones locales.
A Yugoslavia podría permitírsele una cierta presencia del ejército en los cuarteles, pero debería buscarse una solución para la integración de la policía, que luego requerirá de algún grado de supervisión internacional. —— (*) Shkelzen Maliqi es un analista político de Pristina. Este artículo llegó a IPS por medio del Instituto para el Periodismo en Transición (IJT) y fue publicado en la última edición de la revista "Transitions". (FIN/IPS/tra-en/wr/rj/lc-ml/ip-hd/98
