En la actual etapa de la era de la globalización el poder aún reside en las empresas transnacionales, se afirmó en esta capital en un seminario de políticos, comunicadores y sociólogos de América Latina y España.
La reunión, organizada por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y la socialista Fundación Pablo Iglesias, de España, se propuso analizar el papel de los medios de comunicación social (MCS) y la cultura política y, en especial, los efectos de la globalización.
Al encuentro, inaugurado el día 10 por Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias y ex vicepresidente del gobierno español, asistieron los investigadores y periodistas Carlos Fazio, de Uruguay, Carlos Funes, de El Salvador, y Raúl Trejo, de México.
También participan Gustavo Mohme, director de La República, de Perú, Carlos Fernando Chamorro, ex director de Barricada, de Nicaragua, y Victoria Prego, de Televisión Española, la senadora mexicana Beatriz Paredes y el argentino Enrique Guinsberg, profesor de comunicación en México.
Los participantes coincidieron en que la globalización es un fenómeno inevitable y puntualizaron que corresponde a la sociedad civil una actitud activa para subrayar sus efectos positivos y evitar o paliar los negativos.
El diputado Raimon Obiols, secretario de relaciones internacionales del Partido Socialista Obrero Español, comparó el rechazo a la globalización de algunos sectores con el que sufrió el maquinismo a fines del siglo pasado, cuando las máquinas quitaron trabajo a los artesanos, y que no prosperó.
Respondiendo a la afirmación de que los MCS desplazaron del poder a los políticos en esta era, Paredes dijo que "ni los medios ni los políticos tienen el poder, ya que éste reside en las corporaciones transnacionales".
Varias intervenciones admitieron esa residencia, pero acotaron que ya se evidencian síntomas, -como la crisis financiera asiática- , de que las transnacionales comienzan a perder el control del mercado de capitales, introduciendo un factor de inestabilidad aún mayor.
Ante esa situación, añadieron, es necesario que se impulse una "globarregulación", de manera que la sociedad, sin coartar la libertad ni lesionar el mercado, pueda encauzar los efectos positivos de la globalización y neutralizar los negativos.
No hubo coincidencia en el papel de los MCS. Mientras Paredes afirmó que no tienen el poder, la representante de Copppal, María Emilia Farías, señaló que "los Medios expropian a los políticos su papel de mediadores".
Guerra opinó que "el gran problema se presenta cuando los empresarios de MCS se convierten en grupos de presión".
Si en las décadas precedentes la cuestión residía en controlar los medios de producción, unos a través del mercado y otros estatizándolos, ahora la disputa por el poder reside en el control de los MCS y de la información, añadió.
Según el ex vicepresidente español, la irrupción de los MCS relativizó el papel de los parlamentos y ahora son aquellos los que elaboran la agenda política, con lo que se produce un desplazamiento de la democracia, proceso que calificó de muy peligroso.
Es verdad que se aprecia "un eclipse de la política", subrayó Trejo, pero a su entender no es culpa de los MCS, pues "la prensa no inventa las corrupciones" sino que informa de ellas, aunque se puedan magnificar sus repercusiones.
Para Guinsberg, lo que ocurre es que existe una despolitización de la vida real y los MCS dan una idea de la realidad, "no necesariamente verdadera".
Los participantes en el seminario subrayaron asimismo que la velocidad y profundidad del desarrollo tecnológico y de redes de comunicación es imparable, pero no beneficia a todos por igual.
Dos tercios de la población mundial, recordaron, jamás han llamado por teléfono, y el 94 por ciento de las líneas telefónicas y el 93 por ciento de las computadoras personales están en países industrializados.
Por ello, concluyeron, se debe tener presente que la comunicación no es un patrimonio sólo de los empresarios, los estados o los periodistas, sino un derecho de todos los ciudadanos.
Resta actuar en consecuencia para facilitar el acceso a los medios tecnológicos de los países en desarrollo y de los sectores sociales desfavorecidos o marginados dentro de cada país, una tarea ante la que el Estado democrático no puede ni debe sentirse ajeno. (FIN/IPS/td/ag/ip/98
