Cien años después de que Puerto Rico fuera arrebatado por Estados Unidos a España, los habitantes de esa isla del mar Caribe podrían tener la oportunidad de decidir el destino de su país.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta semana, por sólo un voto de diferencia, el proyecto de ley para la autodeterminación de Puerto Rico, pero la iniciativa es resistida en el Senado.
Así mismo, el debate puede volverse como un bumerán contra el opositor Partido Republicano, mayoritario en el Congreso, que se arriesga a perder el voto hispano, según los analistas políticos.
Los republicanos, que en las últimas elecciones vieron cómo les volvían la espalda los hispanos, la minoría de más rápido crecimiento en Estados Unidos, intentan imponer el inglés como única lengua oficial en todos los estados de la Unión.
El mismo idioma tendría que adoptar Puerto Rico si decidiera su plena incorporación a Estados Unidos.
La campaña por imponer el inglés como lengua única creó malestar entre la comunidad hispana, cuya fuerza política en Texas, California y otros estados del sudoeste puede ser determinante del resultado de las elecciones legislativas de noviembre.
El proyecto de ley, que fue aprobado el miércoles, por 209 votos a 208 y después de 11 horas de debate, llama a los puertorriqueños a decidir el 31 de diciembre en plebiscito si desean unirse a Estados Unidos.
Las opciones de Puerto Rico serían tres, según el proyecto que aún debe votar el Senado: convertirse en el estado número 51 de la Unión, la independencia o su condición jurídica actual de estado libre asociado a Estados Unidos.
España cedió Puerto Rico a Estados Unidos, que la derrotó en la guerra de 1898. El mismo tratado dejó a Cuba y Filipinas en manos de Estados Unidos, aunque esos dos países obtuvieron luego la independencia.
El Congreso concedió en 1917 la nacionalidad estadounidense a los habitantes de Puerto Rico, aunque sin la totalidad de los derechos políticos, y la isla fue declarada en 1952 estado libre asociado.
La población puertorriqueña está exceptuada del sistema impositivo federal y puede votar en las elecciones primarias de los partidos estadounidenses, pero no puede participar en la elección de presidente ni de legisladores.
Los puertorriqueños también eligen su gobernador y a las autoridades locales, y tienen un delegado sin facultad de voto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Cuarenta y ocho por ciento de los votantes de la isla se pronunciaron en 1993, en un referendum no vinculante, por mantener el estatuto actual, 46 por ciento se expresaron por la incorporación a Estados Unidos y sólo 4,4 optaron por la independencia.
El proyecto aprobado el miércoles contempla la realización de un nuevo plebiscito, con las mismas opciones que en 1993. En caso de triunfar la propuesta de anexión, el presidente de Estados Unidos deberá presentar en el plazo de seis meses un programa para el tránsito de la isla a su nueva condición, que se concretaría en 10 años.
Los puertorriqueños votarían entonces otra vez, a favor o en contra del plan de transición.
Nada cambiaría si en diciembre se confirmara el estatuto de estado libre asociado, aunque se realizaría otro plebiscito de autodeterminación dentro de 10 años, y un tercero en otros 10 años, si el resultado persistiera.
La mayoría de los partidarios del estatuto actual, tanto en Puerto Rico como en el Congreso estadounidense, creen que el royecto de ley tiene el designio de obtener la anexión.
Además de anunciar un plebiscito de autodeterminación cada 10 años, el proyecto sugiere que el Congreso debe quitar a los puertorriqueños la nacionalidad estadounidense, si no aceptaran la anexión formal.
"Eso no es autodeterminación. Al votar el proyecto de ley imponemos la anexión de Puerto Rico", advirtió la representante demoócrata Nydia Velázquez, nativa de Puerto Rico.
Pero Velázquez quedó en minoría en su partido. Los demócratas secundaron el proyecto de ley en la proporción de cinco a uno, y el presidente Bill Clinton también se pronunció a favor.
Mientras, la derecha republicana advirtió que el país no puede darse el lujo de convertir a Puerto Rico en su estado número 51.
"Se trata de una decisión muy seria. Yo no creo que la población estadounidense sepa lo que discutimos", señaló un legislador republicano.
El debate alcanzó su momento de mayor crispación al considerarse la imposición del inglés como única lengua oficial, una iniciativa lanzada originalmente por el republicano Gerald Solomon.
Según Solomon, permitir que el idioma español predomine en algún estado de la Unión podría crear una situación semejante a la de Quebec, la provincia francófona canadiense de fuerte opinión independentista.
La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa de Solomon en 1996, por 259 votos a 169, pero el asunto se empantanó en el Senado.
El plan de Solomon tuvo un alto precio para los republicanos, que fueron derrotados en las elecciones legislativas y municipales de aquel año.
Alertados por la Proposición 187, una medida que el estado de California aprobó en 1994 para privar a los inmigrantes de seguridad social, educación y otros beneficios, los hispanos se volcaron masivamente en apoyo del Partido Demócrata en los comicios de 1996.
No obstante, los republicanos resucitaron el miércoles el proyecto de implantación del inglés como lengua oficial única del país.
"Nuestro lenguaje común es el lazo que nos une. La capacidad de expresarse en la lengua común es la clave del éxito", declaró el republicano Robert Livingston en el debate del miércoles.
Con respaldo demócrata, los copatrocinadores republicanos del programa para la autodeterminación de Puerto Rico propusieron un anexo al proyecto de ley que exige de los puertorriqueños, en caso de optar por la anexión, la aceptación de la lengua oficial del resto del país.
El anexo aprobado por la Cámara de Representantes también exhorta a la isla a "promover la enseñanza del idioma inglés de modo de que los estudiantes logren el dominio de esa lengua a los 10 años de edad".
Pero Trent Lott, líder de la mayoría republicana en el Senado, desalentó las esperanzas de sus colegas de la cámara baja de un rápido pronunciamiento final del Congreso.
El martes, antes de la votación de la Cámara de Representantes, Lott advirtió que este año, el Senado no dedicará probablemente "mucho tiempo" a la iniciativa votada por la Cámara de Representantes. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ff/ip/98
