La posible privatización del canal de Panamá cuando pase a la jurisdicción de este país el 31 de diciembre de 1999 avivó una vieja polémica que involucra a empresarios, expertos y políticos.
El directivo del banco Citibank de Estados Unidos, Ricardo Fernandez, consideró "muy atractiva" una oferta del director de finanzas de la Comisión Administradora del Canal, Ricaurte Vázquez, para transformar la actual corporación canalera en una empresa con fines de lucro luego de 1999.
"El canal de Panamá pasará de ser una corporación de presupuesto equilibrado a una con afán de lucro consciente de su competitividad en el mundo globalizado de hoy", según Vázquez.
Una propuesta similar, que generó duras críticas de parte del sindicato de trabajadores del canal, hizo a fines de 1997 el empresario Moisés Mizrachi, uno de los cuatro panameños que integran junto con cinco estadounidenses la junta directiva de la Comisión Administradora del Canal.
Desde su inauguración en agosto de 1914 bajo administracción de Estados Unidos, el canal ha funcionado como una corporación sin fines de lucro al servicio del transporte marítimo internacional.
Para la ex integrante de la junta directiva del canal Cecilia Alegre, el planteamiento de Vázquez contribuirá a aumentar el nerviosismo entre los usuarios de la ruta interoceánica.
Alegre indicó que la propuesta "supone un cambio radical de las políticas administrativas que han prevalecido en esa empresa desde sus inicios", y precisó que si el canal se convirtiera en la empresa con fines de lucro que propone Vázquez "podría perder competitividad" ante otras rutas de transporte maritimo.
Uno de los temores que afligen a los navieros que usan el canal "es precisamente nuestra tendencia a improvisar", y si el canal dejara de operar como hasta ahora "podríamos estar matando la gallina de los huevos de oro", agregó.
Además de los 493,6 millones de dólares recaudados por el canal en 1997 por concepto de peajes pagados por los 13.000 barcos que lo atravesaron, la Comisión Administradora recibió otros 170,2 millones de dólares por servicios adicionales prestados a las firmas navieras internacionales.
Alegre dijo que hablar de la eventual conversión del canal en una corporación lucrativa "cuando en menos de dos años los peajes han subido más de 16 por ciento, sin contar otros aumentos agregados, no es precisamente lo más conducente para ganar la confianza de los usuarios".
Admitió que el aumento en los peajes adoptado en los últimos dos años se podría justificar en la necesidad de financiar las obras de ampliación del canal en ejecución, pero le parece "inconducente" que se le carguen nuevos costos a la industria naviera mundial "solo por el mero lucro".
El economista Roberto Méndez, profesor de la estatal Universidad de Panamá, recordó que cuando el canal pase a la jurisdicción de este país habrá un sustancial ahorro de recursos "que actualmente despilfarra" la Comisión del Canal en privilegios a favor de sus empleados estadounidenses.
Méndez, quien publicó este año un estudio sobre el presupuesto de la Comisión del Canal, dijo que la cuarta parte se utiliza para "gastos inflados del personal militar y la burocracia civil" estadounidense que presta servicios allí.
El estudio, basado en datos de la estructura de ingresos y egresos del canal, advirtió que cuando la vía interoceánica pase al poder de Panamá la corporación ahorrará unos 70 millones de dólares anuales por ese concepto.
Dichos gastos estan contemplados en la ley 96-70 adoptada por el Congreso estadounidense en 1978 para fijar los criterios con que el gobierno de Estados Unidos operaría el canal hasta el 31 de diciembre de 1999 a traves de su secretaría de Defensa.
Esa ley, así como otras disposiciones legales adoptadas por Washington para operar el canal durante el proceso de transición, van a desaparecer cuando proscriban los tratados canaleros dentro de 20 meses.
La polémica involucra también a organizaciones de la sociedad civil, como es el caso del Centro de Estudios y Acción Social (Ceaspa), que realizó en septiembre un foro de expertos nacionales y extranjeros sobre el futuro del canal.
El directivo de Ceaspa Raúl Leis indicó a IPS que los gobiernos que se han sucedido en el poder en los últimos 20 años han perdido demasiado tiempo en la discusión de una propuesta sobre el futuro del canal y los bienes entregados por Estados Unidos en virtud de tratado canalero de 1977.
Por esa indefinición se diluyó la propuesta original de la sociedad civil y el fallecido general Omar Torrijos, que consistía en darle "el uso más colectivo posible" al canal cuando pase a manos panameñas, así como la iniciativa de los empresarios nacionales que deseaban su privatización.
En este último caso la propuesta ha derivado hacia otra que vincula la privatización con el sector privado transnacional, lo que supone "una evidente pérdida de protagonismo" del sector privado local, según Leis.
En el caso de la sociedad civil, el actual "arcoiris" en que se ha dividido este sector con respecto al futuro del canal "no establece un proyecto común", aunque puede rapidamente retomar la idea original y montar un movimiento contra la privatización propuesta por Vázquez, acotó Leis. (FIN/IPS/sh/mj/tr if/98
