Estados Unidos, por mucho tiempo contrario a la existencia de una fiscalía independiente para delitos internacionales, está cerca de aceptarla en la propuesta Corte Penal Internacional, según fuentes de la ONU.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) inició este lunes tres semanas de discusiones sobre el establecimiento del tribunal, en forma preliminar a una conferencia final que se celebrará en Roma entre el 15 de junio y el 17 de julio.
Estados Unidos parece dispuesto a abandonar su insistencia en que la fiscalía de la Corte sólo pueda actuar por órdenes del Consejo de Seguridad de la ONU, según las fuentes.
"Washington teme que la gente crea que no está del lado de los buenos esta vez", dijo a IPS un activista de los derechos humanos que prefirió permanecer en el anonimato.
"Como resultado, el gobierno sugiere que abandonará su idea de que el Consejo de Seguridad tenga la facultad de vetar cualquier procesamiento", agregó.
Un cambio de actitud de Washington sobre el asunto sería decisivo, ya que alteraría el equilibrio de poder entre los cinco miembros permanentes del Consejo, con opiniones divididas sobre si el órgano ejecutivo debe votar antes de cualquier procesamiento.
Actualmente, Estados Unidos cree que el Consejo debería ser capaz de autorizar o bloquear procesamientos en cualquier caso que involucre conflictos que ya estén en discusión en el Consejo.
De los cuatro miembros permanentes restantes, China y Gran Bretaña aprobaron, en grado variable, cierto nivel de autonomía para un fiscal de la Corte. Rusia se mostró más cautelosa, mientras Francia insistió en que el Consejo tenga control sobre la fiscalía.
Un giro estadounidense hacia la posición de Gran Bretaña de no requerir la aprobación del Consejo "definitivamente aislaría a Francia en este tema", arguyó Richard Dicker, consejero asociado de la organización Human Rights Watch.
Muchos expertos en derechos humanos pretenden una mayor autonomía para la oficina del fiscal y algunos la consideran esencial para la eficacia de la Corte.
"Hay más que temer de una fiscalía impotente que de una con mucho poder", arguyó la juez canadiense Louise Arbour, fiscal principal de los tribunales de la ONU que juzgan crímenes de guerra en Ruanda y la ex Yugoslavia.
Sin embargo, algunos expertos en derechos humanos temen que Washington desee conservar varios controles sobre la actividad del fiscal, el cual, según los actuales planes de la Corte, tendría la facultad de investigar diversos crímenes de guerra como matanzas y violaciones masivas.
Como embajador itinerante de Estados Unidos para asuntos de crímenes de guerra, David Scheffer considera varias condiciones para cualquier procesamiento de la propuesta Corte, entre ellas el consentimiento del país a ser investigado.
Tal condición equivaldría a la posibilidad de un veto por parte de cualquier gobierno acusado de crímenes de guerra y por lo tanto impediría cualquier acuerdo, advirtió la fuente.
No obstante, desde las reuniones preliminares del último otoño boreal, un hecho no relacionado dispuso a Washington a mejorar su imagen en cuanto a la creación de la Corte.
Estados Unidos resistió el pasado diciembre la presión internacional para firmar la llamada Convención de Ottawa, que prohibió la producción y plantación de minas de tierra. La decisión manchó la reputación del presidente Bill Clinton como cooperador en materia de tratados y órganos internacionales.
Ahora, la preocupación de Washington consiste en evitar una segunda controversia internacional que pueda ponerlo en contra de aliados tradicionales como Canadá y Europa occidental, según activistas de los derechos humanos.
Actualmente, la mayoría de los países europeos excepto Francia apoyan la idea de una Corte Penal Internacional con una fiscalía fuerte e independiente, señaló Dicker, de Human Rights Watch.
Además, numerosos países de América Latina, el Caribe, Africa y aun Asia, entre ellos Corea del Sur y Singapur, promueven un aumento de las facultades del tribunal, añadió.
La controversia sobre la fiscalía no es la única que se producirá en las próximas semanas. Aldo Facio, del Congreso de Mujeres para la Justicia de Género, señaló que también debe haber "un equilibrio entre hombres y mujeres en todos los órganos de la Corte".
Varios grupos defensores de los derechos de la mujer pretenden que la Corte sea capaz de investigar varios crímenes con base en el género, desde las violaciones en tiempos de guerra hasta la marginación que sufren las mujeres en países como Afganistán. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/ml/ip-hd/98
