Los mexicanos que tengan otra nacionalidad podrán recuperar la original mediante el pago de 12 dólares y un trámite, según una nueva ley dirigida a defender a los emigrantes, grupo descriminado y maltratado, en especial en Estados Unidos.
El derecho a la doble nacionalidad facilita la integración sin discriminación de los emigrantes en otras sociedades y promueve los vínculos familiares y económicos de quienes residen en el extranjero con su lugar de origen, indicaron las autoridades.
A partir de este viernes, todo ciudadano mexicano que obtuvo otra nacionalidad tendrá un plazo de cinco años para recuperar la original y con ella la mayoría de derechos, excepto a la designación en cargos de gobierno considerados estratégicos y a votar desde el extranjero.
El trámite, derivado de la entrada en vigor de una reforma a la Constitución, se podrá realizar en embajadas, consulados o delegaciones con el pago de 12 dólares.
La medida beneficiará a unos 2,5 millones de mexicanos que tienen nacionalidad de otros países (dos millones de ellos portan la estadounidense), pero también a 7,3 millones que viven en Estados Unidos, muchos de ellos sin documentos migratorios.
Superado el temor a perder la nacionalidad original, los emigrantes podrán tramitar otra, lo que les librará de las restricciones impuestas a los extranjeros en sus lugares de residencia, apuntó la cancillería.
Las solicitudes de naturalización de mexicanos en Estados Unidos, donde las leyes migratorias son cada vez más restrictivas, pasaron de 400.000 a casi un millón entre 1995 y 1997, según datos oficiales.
El derecho a la doble nacionalidad fue aprobado en una reforma constitucional sancionada en diciembre de 1996. Luego de más de un año de análisis y discusiones de autoridades, organizaciones humanitarias y expertos en migración, se la puso en vigor.
"Es una reforma humanitaria, muy consciente del dilema en que viven muchos mexicanos en el exterior y que les pesaba de manera muy fuerte", dijo el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, Angel González.
Juan Rebolledo, subsecretario de la Cancillería, explicó que los cambios legales se inspiraron en el reconocimiento de que la nación mexicana supera los conceptos de territorialidad.
Esta reforma es un paso importante para que los mexicanos dejen de ser explotados y discriminados en Estados Unidos, opinaron miembros del Colegio de la Frontera Norte, institución académica especializada en migración.
El clima de xenofobia y racismo en Estados Unidos se agrava, pues se anima en políticas y políticos que consideran a la inmigración un fenómeno de carácter criminal, afirmaron los expertos.
A pesar de las dificultades que implica cruzar la frontera, como saltar muros, caminar largos trechos y eludir a agentes y sistemas de seguridad usados en conflictos bélicos, más de 315.000 indocumentados mexicanos ingresan cada año a Estados Unidos y encuentran trabajo.
El gobierno de Ernesto Zedillo ha presentado a Washington en reiteradas ocasiones quejas por el trato de criminales que se da a los emigrantes mexicanos.
La política migratoria que aplicó Washington en los últimos años fracasó, pues no frenó como se esperaba el tránsito de personas a través de la frontera y fortaleció las redes de traficantes de indocumentados, según un estudio difundido en enero y financiado por las autoridades de ambos países.
A pesar de las evidencias y las protestas de México, portavoces del Servicio de Migración y Naturalización de Estados Unidos advirtieron las últimas semanas que no dudarán en endurecer aun más la vigilancia en la frontera.
Estados Unidos y México tienen un tratado de libre comercio que facilita el movimiento de mercancías, capitales, inversiones y los viajes de hombres de negocios, pero el acuerdo no contiene previsión alguna sobre los trabajadores migratorios.
Los alrededor de 5.000 millones de dólares de remesas que anualmente envían a México los emigrantes que trabajan en Estados Unidos representan una de las cuatro primeras fuentes de ingresos de divisas de este país latinoamericano. (FIN/IPS/dc/mj/pr/98
