La pobreza y la desintegración social en Marruecos se ven agravadas por ciertas libertades que los defensores del libre mercado consideran clave para el desarrollo económico sustentable, advirtieron activistas.
Abderrahim Bouchina, de 35 años y desempleado, es víctima de una de estas libertades, el derecho de los empleadores a "contratar y despedir".
Bouchina acaba de ser despedido por una compañía constructora de Casablanca, como parte de su política anual de "compresión" de personal. "Al final de cada año, la empresa le pide la 'renuncia' a la mayoría de los empleados", dijo Bouchina a IPS.
"La indemnización nunca supera los 500 dólares. Algunos de los trabajadores son recontratados al comienzo del año siguiente, pero como empleados nuevos", explicó.
De esta manera, se priva a los trabajadores temporales o zafrales de la posibilidad de acceder al estatuto de tiempo completo y empleo permanente y se le ahorra al empleador el costo del aumento de los salarios y los aportes a la seguridad social.
Cuando aún trabajaba para la compañía de construcción, el horario de Bouchina era extenso, en ocasiones desde las 8 hasta las 22 horas, y las condiciones de trabajo muy difíciles. El salario que recibía ascendía a solo 130 dólares mensuales, 20 menos que el mínimo legal.
Aunque la concesión de este tipo de "libertades" a los inversores del sector privado puede ayudar a estimular la producción de un país, eso no conduce automáticamente a la mejoría del nivel de vida de la población, arguyó el economista Mohamed Laamime.
A menudo solo un pequeño porcentaje de la sociedad se beneficia del aumento del producto interno bruto, lo que amplía la brecha entre los que "tienen" y los "desposeídos", y acelera el empobrecimiento de la clase media, añadió.
Un ejemplo es el de Mahjoub Gharoubi, de 16 años, cuya familia se desmembró por el despido de su padre de una fábrica de prendas de vestir en la ciudad de Sale. El joven se vio obligado a vender cigarrillos en la calle para alimentar y vestir a sus cinco hermanos menores.
Gharoubi explicó a IPS que entrega todos sus ingresos, unos 7,5 dólares diarios, a su madre.
La liberalización margina a muchas más personas como Mahjoub, sostuvo el activista de los derechos humanos Mourad Mimoun, que para quien que este tipo de reformas de mercado y programas de ajuste estructural contribuyen en forma directa a la desintegración social de Marruecos.
En defensa del gobierno, un jerarca del Departamento de Finanzas e Inversiones señaló que la privatización a gran escala, implementada a principios de los años 80, no implica que el Estado se aleje de sus responsabilidades.
La fuente, que prefirió solicitar reserva sobre su identidad, se refirió a nuevas leyes de comercio, empleo e inversión adoptadas para "evitar al país los riesgos del liberalismo sin frenos".
El Instituto Nacional Marroquí de Estadística y Economía Aplicada (INSEA) organizó una reunión este mes en Rabat para destacar los peligros de las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y encarar las políticas contra la pobreza en la zona.
Mahdi Lahlou, profesor del INSEA, arguye que los programas de liberalización económica pueden tener graves consecuencias sociales y humanas.
Lahlou observó que el poder adquisitivo de los marroquíes descendió abruptamente, sobre todo debido a la decreciente influencia de la Caja de Compensación, institución pública creada en los años 60 para subsidiar los precios de artículos básicos como azúcar, aceite de cocina y trigo.
El precio de estos productos aumenta mientras los salarios se estancan.
Lahlou también subrayó lo poco adecuadas que son las políticas de desarrollo humano en Marruecos, que "solo agravan el desequilibrio en la distribución del ingreso".
Existe una gran brecha entre los salarios de los funcionarios públicos. Mientras algunos ganan entre 120 y 150 dólares por mes, otros reciben ingresos mensuales de hasta 10.000 dólares, aseguró.
"Los salarios excesivos significan que no podemos mejorar la administración y la racionalización del gasto público, generar empleos o aspirar a la cohesión social", dijo Lahlou.
Los economistas también piden que la pobreza sea percibida no solo en términos cuantitativos. Según un informe del Banco Mundial de 1996, el porcentaje de personas que viven por debajo del nivel de pobreza en Marruecos descendió de 20 por ciento en los años 80 a 13 por ciento a principios de los 90.
Pero el poder adquisitivo sigue su tendencia a la baja y gran cantidad de habitantes no tienen acceso a los servicios públicos básicos como la salud, el agua potable y la electricidad.
Las habituales redes de seguridad social, como la jubilación, no logran cumplir con sus objetivos básicos.
Malika Hallaoui, de 52 años, vende verduras en el mercado de Sale porque la pensión de 200 dólares que recibe su esposo cada tres meses no alcanza para cubrir las necesidades de sus siete hijos, todos en edad de estudiar. La mujer sólo recibe unos 10 o 15 dólares por día.
La definición habitual de la pobreza absoluta es una persona que vive con menos de un dólar por día. En realidad, según Lahlou, pobres son quienes no pueden acceder al hospital, enviar a sus hijos a la escuela o no tienen agua potable o electricidad.
Los economistas marroquíes arguyen que, para reducir la pobreza, el crecimiento económico anual debe alcanzar siete por ciento durante un extenso período de tiempo.
Pero Lahlou sostiene que la reforma de la administración y la educación para conseguir este tipo de crecimiento no debería incluir el despido de personal o la eliminación de la enseñanza gratuita.
La reunión del INSEA en Rabat, a la que asistieron activistas de derechos humanos y economistas de varios países del Mediterráneo, concluyó que la prioridad de toda política económica debe ser la pobreza, la exclusión social y la marginación.
"La lucha contra la pobreza no puede ser eficiente sin reformas básicas en la educación, la administración y la justicia", advirtió Lahlou. (FIN/IPS/tra-en/nna/rj/pd/aq- mj/dv/98
