Las comunidades indígenas de la provincia de Pastaza, en la región amazónica de Ecuador, están dispuestas a librar una batalla legal contra la petrolera estadounidense Arco que, según aseguran, no ha cumplido acuerdos firmados con la población.
Arco se comprometió en 1996 ante 240 comunidades quichuas del oriente ecuatoriano, agrupadas en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), a satisfacer las necesidades de sanidad, comunicación y educación de los indígenas mediante un fondo de desarrollo.
El acuerdo, firmado luego de ocho años de negociaciones y avalado por el gobierno, obliga así mismo a la compañía petrolera a implementar trabajos de rescate ambiental, capacitando a personal indígena, que también intervendría en la construcción del oleoducto Triunfo Nuevo-Conduija.
El oleoducto, de una extensión de 135 kilómetros, será una de las principales ramificaciones del Transecuatoriano, el más grande del país.
"Arco no ha cumplido con gran parte de los acuerdos", según Javier Villamil, de la Asociación de Organizaciones Independientes de la Región Amazónica (Asodira), el grupo enfrentado originalmente con la petrolera.
"Ellos han iniciado los trabajos sin contar con el consentimiento de las organizaciones indígenas y no han hecho nada de lo que prometieron", aseguró Villamil.
La Asodira, que agrupa a unas 14 comunidades, nació con el auspicio de la misma Arco y no pertenece a la OPIP. "Sus dirigentes se han mantenido alejados de nosotros", explicó Marcos Grefa, dirigente de la OPIP.
"Esa es una vieja estrategia de las petroleras: dividir a las organizaciones (indígenas) para tener un mejor control de las regiones explotadas", comentó Grefa.
Agregó que, pese a esa división, la OPIP está dispuesta a apoyar a todos los grupos indígenas, "porque la petrolera tiene un compromiso con todos".
Asodira resolvió prohibir el acceso a su territorio de los trabajadores de Arco hasta que los representantes de la compañía cumplan el contrato de cooperación, o bien, hasta que las autoridades ecuatorianas determinen responsabilidades.
Ecuador es uno de los mayores productores de petróleo de América Latina y financia cerca de 40 por ciento de su presupuesto con ingresos procedentes de esa actividad. Ochenta y cinco por ciento de la extracción de crudo se realiza en el área amazónica.
Arco comenzó la exploración de petróleo en 1988, pero la oposición de los quichuas de la pequeña población de Sarayacu, en Pastaza, la obligaron a interrumpirla.
Los trabajos de exploración afectaron el ambiente, las fuentes de ingresos y las actividades sociales de los indígenas, afirmó Pablo Ortiz, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
La prospección petrolera, realizada con dinamita, perjudicó la caza y la pesca, y los trabajadores petroleros contribuyeron al daño ambiental. Cerca de 372.000 árboles nativos fueron talados en ese periodo, aseguró Ortiz.
El Estado reconoció en 1992 los derechos de los quichuas sobre su territorio, demarcado en una suoperficie de 1,11 millones de hectáreas de bosque tropical.
Arco, que había obtenido la concesión para la exploración y explotación petrolera en el territorio de los quichuas, se vio entonces obligada a negociar con los indígenas. (FIN/IPS/mg/ff/pr/98
