Las autoridades penitenciarias de Ecuador, en coordinación con organizaciones humanitarias, comenzaron hoy un censo en las 33 cárceles del país con el objeto de conocer las condiciones de vida de los 9.200 presos alojados en ellas.
Este proyecto es el primer paso de un programa de excarcelación de presos con el que se pretende reducir la población penitenciaria de Ecuador y mejorar las condiciones de vida de las personas que continuarán cumpliendo sentencia.
El censo, que concluirá a fines de abril, está financiado por la Unión Europea y cuenta con la participación del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud) y de la Dirección Nacional de Rehabilitación (DNR).
"El gobierno de Ecuador tiene un interés especial en solucionar el problema de los centros penitenciarios, que presentan uno de los mayores índices de hacinamiento de América Latina", comentó a IPS Milton Alava, procurador general del Estado.
Alava informó el proyecto complementará el plan de excarcelación en beneficio de los consumidores de drogas puesto en marcha en noviembre de 1997.
"Estamos conscientes de que, además de la sobrepoblación, existen otros problemas como la falta de infraestructura adecuada, de servicios médicos y sanitarios y de capacitación", dijo Hernando Rosero, coordinador del censo.
"Pero creo que el censo es un primer paso fundamental para conocer la verdadera situación de la población carcelaria", apuntó Rosero, quien además es director del Instituto de Criminología de la Universidad Central de Ecuador.
En Ecuador existen 9.200 reclusos repartidos en 33 centros penitenciarios, que tienen una capacidad máxima para alojar a 5.300 personas, según la DNRS.
Sesenta y siete por ciento de los presos aún no tiene una sentencia judicial "y casi 45 por ciento ya cumplió la tercera parte del tiempo que debería cubrir con sentencia", situación que los dejaría automáticamente en libertad según las leyes, dijo José Saborío, asesor del programa de excarcelación.
Para Saborío, el proyecto de excarcelación debe ir acompañado de un "verdadero esfuerzo de las autoridades judiciales por tramitar de forma ágil los procesos", pues "de otra manera en poco tiempo" las cárceles "se volverán a llenar de gente sin sentencia los centros de rehabilitación".
Noventa y dos por ciento de los presos en Ecuador son hombres y el resto mujeres. En las cárceles femeninas existe un número indeterminado de niños (unos 400, según la DNRS) que viven con sus madres, sin recibir educación ni atención médica.
Los resultados del censo determinarán qué presos están en condiciones de ser puestos en libertad.
Aquellos que padecen enfermedades terminales o que pueden ser rehabilitados en centros de atención médica y psiquiátrica y los que no tienen un abogado que tramite sus juicios serán los primeros en ser puestos en libertad.
También se excarcelará a los consumidores de drogas, que serán trasladados a centros terapéuticos en las 21 provincias del país donde se les brindará servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
"Esto es un elemento importante porque 40 por ciento de los presos cumple sentencias por narcotráfico y delitos conexos, como el consumo de drogas", según Alava.
Además, se ubicará a la población carcelaria infantil en "casas hogar" especializadas, donde recibirán educación, alimentación y servicios de salud.
La Corte Suprema de Justicia asumirá la responsabilidad de los presos liberados, que contarán con un servicio de asesoría legal con la creación de las defensorías públicas.
El objetivo es reducir el número de presos a 6.000, para poder otorgarles mayores atención y oportunidades de desempeño laboral dentro de las cárceles.
Solo 20 por ciento desarrolla hoy algún trabajo, aunque el promedio de edad de los presos es de 30 años, lo que indica que la mayoría debe considerarse dentro de la población económicamente activa. (FIN/IPS/mg/mj/hd pr/98
