Los argumentos para justificar los siete millones de dólares de gastos reservados que el gobierno de Ecuador realizó en 1997 pretenden lavar la imagen de algunos funcionarios, según una investigación periodística.
El gobierno explicó el uso de los fondos reservados en la necesidad de enfrentar las operaciones en Ecuador del grupo fundamentalista islámico Hizbolá, que opera en el sur de Líbano con apoyo iraní, y del poderoso cártel de Juárez mexicano.
Una fuente cercana al Ministerio de Gobierno, que pidió el anonimato, entregó la información sobre la amenaza de Hizbolá y el cártel de Juárez a la revista Vistazo, la de mayor circulación en Ecuador.
Pero ni la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) ni los sistemas de inteligencia israelíes tienen conocimiento del asunto, según Vistazo, lo que despierta sospechas si se considera que estos países cuentan con una amplia red de información y cooperación internacional.
La policía ecuatoriana también expresó su desconocimiento y arguyó que, en el caso de ser cierta la información, el enorme gasto hecho por el gobierno fue innecesario, pues los servicios de inteligencia locales han desmontado poderosos grupos de narcotraficantes con ayuda internacional gratuita.
Las partidas reservadas del gobierno de Ecuador se convirtieron una vez más en el centro de denuncias, pese a que el presidente Fabián Alarcón había prometido eliminarlas cuando asumió su mandato en febrero, tras la destitución por el parlamento de Abdalá Bucaram.
El Ministerio de Gobierno utilizó en seis meses unos siete millones de dólares en partidas reservadas, lo que fue motivo de interpelaciones parlamentarias encabezadas por el bloque indigenista Pachakutik.
En febrero, el parlamento levantó la reserva de los fondos y exigió su justificación detallada.
César Verduga, ex ministro de Gobierno y responsable directo de la administración de esos fondos, arguyó que el dinero había sido utilizado para garantizar la seguridad del país y, por tanto, se ajustaba a los reglamentos de la administración pública.
El contralor general del Estado, Benjamin Terán, manifestó en el parlamento que gran parte de los fondos reservados fueron empleados para pagar a consultores internacionales, que realizaron "estudios psicosociales".
El contralor del Estado es el único funcionario autorizado a revisar los justificativos de las partidas reservadas, que son incinerados de inmediato.
En el primer congreso sobre terrorismo internacional, que se llevó a cabo en 1997 en Buenos Aires, se advirtió la necesidad de implementar medidas urgentes para contrarrestar la presencia de grupos fundamentalistas islámicos en la región fronteriza de Brasil, Argentina y Paraguay.
El cartel de Juárez, uno de los grupos de narcotráfico y lavado de dinero más fuertes del mundo, aumentó su presencia desde 1995 en varios países de América Latina. Según la DEA, introduce 80 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos y mantiene contactos en Colombia, Perú y Bolivia.
"Quiero revisar los documentos para, de una vez por todas, convencerme que (los fondos reservados) sí tienen relación con la seguridad del Estado", manifestó el diputado independiente Carlos Vallejo, tras la publicación de Vistazo.
Vallejo exigió al Contralor que envíe al parlamento los resultados de los "estudios psicosociales", los informes sobre "narcolavado" y terrorismo, así como los contratos entre el Ministerio de Gobierno y las consultoras internacionales.
Si estos informes no satisfacen a los diputados, Verduga podría ser convocado a juicio político.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero, declaró que "existen indicios de que hubo infracción en el uso de los fondos reservados" y dejó abierta la posibilidad de seguir un juicio penal contra el ex ministro de Gobierno.
Los gastos reservados ya han sido objeto de serios cuestionamientos en Ecuador. El caso más conocido fue el protagonizado por el ex vicepresidente Alberto Dahik (1992-96), quien fue acusado de utilizar cinco millones de dólares de esas partidas para comprar votos de diputados opositores.
En octubre de 1996, Dahik enfrentó un juicio político en el parlamento por ese caso, del que resultó absuelto, pero pocos días después presentó renuncia y huyó a Costa Rica, al recibir una orden judicial de captura, que nunca se hizo efectiva. (FIN/IPS/mg/ag/ip/98
