Tras el retiro del Ejército del ex dictador y ahora senador vitalicio Augusto Pinochet, se abre en Chile una nueva era en las relaciones cívico-militares que no ofrece cambios políticos fundamentales en el corto y mediano plazo.
La tumultuosa investidura de Pinochet como senador el miércoles relegó a un segundo plano el cuarto aniversario del gobierno del presidente Eduardo Frei, quien cumplió dos tercios de su mandato de seis años.
"Nos divide el pasado, no nos divide el futuro", dijo el mandatario durante un acto de celebración de este aniversario, al reiterar su rechazo a la campaña contra Pinochet impulsada por dirigentes de la propia coalición gobernante.
El diagnóstico de la división de los chilenos en virtud del protagonismo que mantiene el ex dictador fue compartido por el ministro del Interior, Carlos Figueroa, quien, al igual que Frei, insiste en que esto no es lo fundamental para el país.
Figueroa destacó que el martes, con la entrega del mando del Ejército por parte de Pinochet al general Ricardo Izurieta, expiró la última de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980.
El país entra así en una nueva fase institucional, con plena vigencia de la Carta Política heredada de la dictadura de Pinochet (1973-1990), que tuvo algunas reformas en 1989 a través de un referéndum.
Durante los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y de Frei, el Poder Legislativo ha aprobado otras enmiendas, pero los pilares de la institucionalidad impuesta por el régimen de facto no se han visto alterados.
La mayor demostración de eso ocurrió el mismo miércoles cuando el ex dictador prestó juramento como senador vitalicio junto con otros nueve senadores designados (no elegidos en comicios), cuatro de los cuales representan a las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros.
La instalación del nuevo Senado es la culminación de ocho años de frustrados intentos de la gobernante coalición de centroizquierda por alcanzar acuerdos políticos con la derecha para contar con un Parlamento enteramente democrático.
La existencia de senadores vitalicios y designados, las facultades arbitrales de un controvertido Tribunal Constitucional y las limitaciones del presidente de la República para remover a los comandantes castrenses siguen siendo parte de la institucionalidad chilena.
El sistema binominal para los comicios parlamentarios, con la elección de solo dos cargos en cada circunscripción senatorial o distrito de diputados, garantiza a la derecha fuerza suficiente para bloquear reformas legislativas a la Constitución.
En el Senado que se instaló el miércoles, la oficialista Concertación por la Democracia cuenta con 20 de los 38 escaños generados por el voto popular, en tanto la derecha dispone de los restantes 18.
De los nueve senadores designados, solo tres se identifican abiertamente con el gobierno, restando seis proclives en diverso grado a mantener la actual institucionalidad, a los cuales se suma, obviamente, el propio Pinochet.
En la Cámara de Diputados, la coalición oficialista cuenta con 69 de los 120 cargos, pero las resoluciones de esa mayoría pueden ser bloquedadas por las fuerzas derechistas y conservadoras en el Senado.
"Chile vive una democracia tutelada, prisionera de los militares", sostienen los sectores más radicalizados de izquierda que en estos días lanzaron panfletos con las fotos de Frei y Pinochet y la pregunta "¿quién manda a quién?".
Para Frei y los sectores más moderados de su Partido Demócrata Cristiano, la salida de Pinochet del Ejército es un gran avance de la transición, ya que el ex dictador no tendrá como senador vitalicio el mismo poder que le daba el mando militar.
En el gobierno se espera que el Ejército retome ahora su carácter profesional bajo la conducción de Izurieta, un teniente general de 54 años que no aparece implicado directamente en violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
El nuevo comandante en jefe durará apenas cuatro años en el cargo, mientras Pinochet lo mantuvo casi 25, y no podrá acceder a la jerarquía de capitán general (o general de cinco estrellas) reservada hasta ahora sólo al ex dictador.
Más allá de los antecedentes de Izurieta, se prevé que apenas iniciará una discreta transición militar, a la cabeza de una oficialidad formada bajo la larga era de Pinochet que reivindica como una gesta patriótica el golpe de estado de 1973.
Resulta así inimaginable que Izurieta pueda llegar a protagonizar un gesto como el del comandante del Ejército de Argentina, general Martín Balza, quien en 1996 pidió perdón por los crímenes contra los derechos humanos que su institución cometió durante la llamada guerra sucia.
El signo del enfrentamiento con que se inicia esta nueva fase de la política chilena incluye este lunes la presentación en la Cámara de Diputados de una acusación constitucional contra Pinochet por parte de diputados oficialistas.
Frei y Figueroa fracasaron en sus gestiones para que su Partido Demócrata Cristiano, fuerza mayoritaria de la coalición gobernante, rechazara la posibilidad de una acusación que está condenada a fracasar en el Senado.
Se producirá así un juicio político a Pinochet que, según Frei, derivará en un "juicio a la transición", ya que las normas vigentes impiden efectuar acusaciones constitucionales por hechos acontecidos durante la dictadura.
La acusación contra el ex dictador se fundamentará en dos actos de insubordinación del Ejército producidos bajo el gobierno de Aylwin, conocidos como "el ejercicio de enlace" y "el boinazo".
El gobierno puede apostar todavía a que el conflicto por esta acusación disminuya en el Senado, donde se logró el miércoles que se eligiera como presidente al democristiano Andrés Zaldívar, un veterano político de tendencia moderada.
El apoyo que senadores de derecha y designados dieron a Zaldívar para que fuera elegido con 28 de los 48 votos de la cámara alta puede ser una buena señal para futuros acuerdos políticos que, en todo caso, no apuntarían a cambios de fondo en la actual institucionalidad. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/98
