Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Italia acusaron hoy al Banco Mundial de violar los derechos humanos y ambientales en la construcción de tres centrales hidroeléctricas, en Argentina y Paraguay, en Guatemala y en Lesotho.
La denuncia fue presentada en rueda de prensa, en la víspera del Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos.
El Banco Mundial financió las represas de Yacyretá, entre Argentina y Paraguay, Chixoy, en Guatemala, y Katse, en Lesotho, construidas por una empresa transnacional italiana, Impregilo.
La acusación fue lanzada por Liliana Cori y Francesco Martone, coordinadores de la Campaña por la Reforma del Banco Mundial, y Jaroslava Colajacomo, investigadora de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.
Desde su creación, en 1944, el Banco Mundial financió más de 6.000 proyectos de desarrollo en 140 países, por un total de 300.000 millones de dólares. Desde hace años, expresaron, sus actividades y sus proyectos son denunciados por comunidades locales y ONG de todo el mundo.
El Banco Mundial ha apoyado durante años grandes proyectos que destruyeron bosques, contaminaron la atmósfera, expulsaron millones de personas de sus tierras y redujeron la posibilidad de un desarrollo ecológicamente compatible y socialmente justo.
A pesar del anuncio de reformas sustanciales de sus políticas y procedimientos, el organismo no logra dar prioridad a proyectos que directamente contribuyan a la lucha contra la pobreza y a la defensa del ambiente, señalaron.
Los representantes de las ONG exigieron que el Banco Mundial sea "más verde, transparente y responsable".
Las tres represas menciomadas provocaron problemas sociales y ambientales de gran envergadura a poblaciones indígenas y a comunidades locales. Las violaciones más evidentes son la del derecho de esas poblaciones a decidir sobre su propio futuro y a manejar su territorio y recursos naturales.
En ninguno de estos tres casos fueron consultadas, violando incluso la propia política del Banco Mundial y normas internacionales, aseguraron las ONG.
Las represas han causado la disgregación, la muerte y el empobrecimiento físico y cultural de las comunidades, enriqueciendo a elites políticas y a las transnacionales que llevaron a cabo las obras.
Obligaron a personas a dejar sus casas, sumergieron tierras cultivables fértiles, bosques y lugares sagrados, destruyeron reservas de agua limpia y provocaron la desintegración social y cultural de comunidades.
Por otra parte, han producido menos energía eléctrica e irrigado menos de lo prometido y causado inundaciones, en lugar de limitarlas.
Los beneficios de esas obras fueron para latifundistas, para las empresas multinacionales de la agroindustria y para los especuladores.
La central de Chixoy tuvo consecuencias devastadoras en la economía de Guatemala, ya que su costo representa 40 por ciento de la deuda externa del país.
Los activistas pidieron a gobernantes, agencias internacionales e inversionistas una inmediata moratoria de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, hasta que se pueda impedir toda forma de violencia contra poblaciones.
Yacyretá, ubicada en el río Paraná, en la frontera entre Argentina y Paraguay, es "considerada un modelo de corrupción en América Latina" e incluso el Banco Mundial reconoció que habría sido mejor no haberla construido, denunciaron.
Su construcción se decidió en 1973, mediante un tratado entre el presidente argentino Domingo Perón y el dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Su costo final multiplicó cuatro veces la financiación prevista en el área de ingeniería y siete veces en el área administrativa.
El costo de la energía producida por Yaciretá resultó tres veces más alto del promedio internacional y el trabajo aún no se ha completado, pese a que el plazo de finalización previsto era 1990. Cerca de 80.000 personas, según cálculos del Banco Mundial, debieron ser trasladada del lugar donde vivían.
El proyecto hidroeléctrico Chixoy se desarrolló en un período de dictadura militar y guerra civil en Guatemala. En 1975, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) anunció la obra, para desarrollar una fuente de abastecimiento energético fiable, económico y abundante.
El costo final del proyecto no está aún claramente definido y las estimaciones van de 1.200 a 2.500 millones de dólares.
La represa fue construida en el área donde vivía desde hacía siglos el grupo indígena maya achí, y 50.000 personas han sido obligadas abandonar sus tierras.
La represa de Katse, cuya terminación está prevista para el 2017, fue planificada en un tratado entre el gobierno de Sudáfrica y el de Lesotho en 1986, a un costo inicial de 300 millones de dólares.
Las obras han afectado la vida de 24.000 personas, las que sobreviven con cereales que recibieron como compensación. (FIN/IPS/jp/ag-ff/en hd/98
