El gobierno de Honduras enfrenta una nueva demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), presentada por un empresario bananero alemán.
Este país ya fue condenado por la Comisión, con sede en Washington, por la desaparición forzada de personas durante la década del 80.
Otto Stalinski denunció que en 1990 fue víctima de una conspiración entre las autoridades hondureñas y la transnacional estadounidense Chiquita Trading para bloquear las exportaciones de banano a Europa de la compañía británica Fyffes PLC, que él representaba.
Tela Railroad Company, subsidiaria de Chiquita Trading, y la también estadounidense Standard Fruit, representante de la empresa Dole, controlan la producción y comercialización de banano en Honduras, que mueve más de 250 millones de dólares al año.
Luego de establecerse en el país centroamericano, Stalinsky firmó contratos para comprar a productores independientes, operación que intentó abortar Tela Railroad en un episodio que la prensa local llamó la "miniguerra del banano".
Según el empresario alemán, autoridades hondureñas y empleados de seguridad de la compañía estadounidense intentaron secuestrarlo el 28 de abril de 1990 en un hotel de la norteña ciudad de San Pedro de Sula, la segunda del país, para evitar que iniciara un juicio contra esa empresa.
Stalinsky acusó a representantes de la transnacional en Honduras y Estados Unidos de cometer, en grado de tentativa, delitos económicos, asesinato, secuestro, allanamiento de morada, detención ilegal, coacción, extorción, chantaje y terrorismo.
Implicó también en su acusación a autoridades judiciales y policiales del país por colaborar con los atropellos de que habría sido objeto.
Pese a que se solucionó el diferendo y Tela Railroad permitió que Fyffes PLC exportara banano a Europa, continuaron los hostigamientos, sostiene Stalinsky.
Ante esto, recurrió el 10 de noviembre de 1997 a un tribunal de Cincinnati, Estados Unidos, donde acusó a Chiquita Trading por prácticas comerciales ilícitas y ejercer "toda influencia perversa sobre el sistema judicial y de otras instituciones" hondureñas.
Luis Franco, director de inversiones del Ministerio de Inversión, Comercio y Turismo, dijo que se trata de un conflicto privado entre empresas internacionales y lamentó que este incidente afecte "al país en su imagen externa".
Miguel Rivera, quien era presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando ocurrieron los hechos denunciados, comentó que las acusaciones de Stalinsky se debían a intereses comerciales y por ello "carecen de credibilidad".
"Puedo garantizar que ninguna empresa transnacional o nacional puede manipular al Poder Judicial, tal como lo afirma Stalinsky, y es fácil probarlo ya que ninguna de las dos grandes empresas estadounidenses que operan en el país tienen problemas jurídicos", dijo.
El fiscal general Dagoberto Mejía señaló que antes eran normales las denuncias contra el Poder Judicial, por defender intereses de algunas transnacionales bananeras.
En el pasado había "sectores económicamente poderosos que trataban de manipular la justicia y de hecho esto ha ocurrido, pero actualmente la situación ha cambiado", afirmó.
Mejía admitió que las compañías bananeras proporcionaron algún tipo de viáticos a los jueces, principalmente en el norteño departamento de Atlántida. Puso como ejemplo la denuncia realizada por el ex juez León Rojas, quien rechazó una oferta de dinero, pero denunció que sus antecesores la habían aceptado.
El fiscal destacó que las empresas extranjeras no tienen ningún reparo en influir en las decisiones de los jueces. Sin embargo, hasta ahora no hubo ninguna investigación al respecto.
Fernando Sánchez, vicepresidente de relaciones industriales de la Chiquita Trading de Honduras, anunció en noviembre que interpondría una demanda contra Stalinsky por difamación, infamia y calumnia por desprestigiar la imagen de la empresa y del gobierno, presentación que aún no se concretó.
Fuentes oficiales indicaron que las denuncias en Estados Unidos y ante la Comisión de Derechos Humanos sólo pretenden demorar el reciente fallo de la Organización Mundial de Comercio que elimina las restricciones adoptadas por la Unión Europea, desde 1993, para las importaciones de banano de América Latina.
Empresas estadounidenses establecieron desde comienzos de siglo un "enclave bananero" en este país con una gran influencia política y económica, pero esta situación comenzó a cambiar a partir de la década del 60, al diversificarse el aparato productivo y reducirse la dependencia de este mercado.
En la actualidad, el banano es el segundo rubro de exportación de Honduras, después del café.
Las dos grandes empresas estadounidenses que operan en la costa atlántica tienen 13.000 hectáreas cultivadas y cubren 65 por ciento de las exportaciones de banano. Tela Railroad cuenta con 7.000 hectáreas y Standard Fruit 6.000 hectáreas, y ambas generan 17.000 empleos directos. (FIN/IPS/jrd/dm-ag/if/98
