Una coalición de grupos conservadores impide que el Senado de Estados Unidos ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ya fue aprobada por 191 de los 193 países del mundo.
Sólo quedan Estados Unidos y Somalia por ratificar el tratado, que mientras tanto queda paralizado, lamentó Jo Becker, coordinadora de proyectos sobre derechos de la infancia de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
"La no ratificación de Somalia puede explicarse por la falta de un gobierno legítimo, pero la de Estados Unidos no tiene explicación posible", agregó Becker.
La Convención, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 1989, responsabiliza a los estados miembros por sus acciones hacia la infancia.
El documento se puso a la firma en enero de 1990 y entró en vigencia siete meses después. Estados Unidos lo firmó en febrero de 1995, pero hasta que el Senado lo ratifique, el tratado no tendrá fuerza legal en el país.
Entre otras cosas, la Convención estipula que todos los niños tienen derecho a la vida y que los gobiernos deben asegurarles su supervivencia y desarrollo.
También establece que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria y que la disciplina en la escuela debe respetar la dignidad de los niños. Además, reconoce el derecho de éstos "a ser escuchados".
El lenguaje de la Convención indica claramente que está destinada a fijar normas para las políticas gubernamentales en relación a la infancia.
"Se trata de un marco político, y no de un código de conducta para los padres", explicó Susan Kilbourne, de la Comisión Nacional para los Derechos de la Infancia.
Sin embargo, el republicano ultraconservador Jesse Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, declaró que "el tratado interfiere en la relación entre padres e hijos y no debería ser considerado en la legislación federal".
Helms y otros 24 senadores solicitaron al presidente Bill Clinton que no presente al Senado "ese tratado insensato" para su ratificación.
Los senadores y una coalición de grupos de derecha, entre ellos la Sociedad John Birch, el Consejo de Investigaciones sobre la Familia, Mujeres Preocupadas por Estados Unidos, el Instituto Rutherford y la Coalición Cristiana, se enfrentan ahora a unas 350 organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden la Convención.
Las ONG incluyen a Amnistía Internacional, la Cruz Roja de Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de la ONU, Niños de la Tierra, la Fundación Pearl S. Buck, el Fondo de Defensa de la Infancia y el Colegio de Abogados de Estados Unidos. A ellos se les suma UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
Aunque los defensores de la Convención superan en número a sus detractores, éstos poseen la suficiente influencia política para impedir que el Senado la ratifique.
"Esos grupos están muy bien financiados, organizados y coordinados, y han motivado a sus miembros para que expresen al Senado sus objeciones a la Convención", explicó Kilbourne.
"Funcionarios del Senado afirmaron que sus oficinas reciben unas 100 cartas de oposición por cada carta de apoyo a la Convención", agregó.
Documentos publicados por las organizaciones conservadoras describen el tratado como "un documento radical y peligroso que garantiza una interferencia ilimitada de los gobiernos en la vida familiar". (FIN/IPS/tra-en/td/mk/ml/pr-hd-ip/98
