La denuncia que Estados Unidos presentó contra Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por incumplimiento de acuerdos de propiedad intelectual y patentes es sólo una estrategia de presión, afirmaron autoridades y analistas del país sudamericano.
El ministro de Comercio de Ecuador, Benigno Sotomayor, descartó que detrás de la denuncia de Washington, presentada formalmente esta semana, exista una intención de aplicar sanciones comerciales.
El planteo estadounidense debe ser entendido "como una solicitud para que en la próxima reunión del Consejo General de la OMC, el día 18, se analicen temas comerciales relacionados con Ecuador", señaló.
"Hemos cumplido con nuestras obligaciones y una muestra de ello es la nueva ley sobre patentes y propiedad intelectual que el parlamento está por aprobar", agregó.
La denuncia de Washington coincide con la discusión en el parlamento de Ecuador de una polémica ley que pretende cumplir con los estatutos de la OMC sin violar los convenios de la Comunidad Andina.
El documento fue aprobado en primer debate por mayoría, pero tendrá que ser sometido a una segunda votación para que entre en vigencia.
Esa ley sustituiría a la vez un acuerdo bilateral suscrito con Estados Unidos en 1993, el cual nunca entró en vigencia ya que el Congreso ecuatoriano decidió no ratificarlo tres años después de haber sido firmado.
Esa negativa se fundamentó en la posición de diversas organizaciones indígenas y ambientalistas, que observaron serias deficiencias en el documento referentes al registro legal de los recursos naturales, conocimientos ancestrales y biogenética.
Desde que se suscribió este acuerdo bilateral, bajo la administración de Sixto Durán Ballén (1992-96), "el gobierno de Estados Unidos ha tenido como política la presión constante", afirmó Washington Herrera, editorialista del diario El Comercio de Quito.
Las presiones se manifestaron en amenazas sobre sanciones arancelarias, que consistirían en el retiro de ciertos productos exportables de Ecuador del Sistema de Andino de Preferencias Comerciales, que beneficia a los cinco países de la subregión (Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú).
Ese sistema fue diseñado para estimular a las naciones andinas a que eviten la siembra de cultivos que intervienen en la fabricación de drogas, otorgando facilidades de exportación a los productos locales.
La más reciente amenaza sobre una posible sanción comercial contra Ecuador la realizó a mediados de enero el embajador de Estados Unidos en Quito Leslie Alexander.
"La presión continuará, ya sea dentro de las relaciones bilaterales o en el marco de la OMC", consideró Oscar Orrantia, presidente de la Cámara de Industrias de Ecuador.
Para Orrantia, gran parte de la responsabilidad recae en el gobierno de Ecuador, pues "se realizó una mala negociación cuando se suscribió al protocolo de adhesión de la OMC", en 1995.
Según este industrial, el gobierno debió acoger las prórrogas y plazos otorgados a otros países en vías de desarrollo, pero prefirió no hacerlo.
Dentro de los estatutos de la OMC se contempla un plazo de cuatro años para que los países recién ingresados adecuen sus leyes internas a las normas de esta organización multilateral.
Sin embargo. las autoridades ecuatorianas se comprometieron a hacer cambios inmediatos.
En ese sentido, Estados Unidos está en su total derechos de denunciar a Ecuador por incumplimiento, comentó a IPS Alejandra Oña, especialista en derecho comercial.
No obstante, Oña coincide en que la de Washington "es sólo una medida de presión", pues su tradicional política de sanciones comerciales "le ha resultado hasta ahora un mal negocio".
A inicios de enero el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Stuart Einzenstat, declaró que la administración del presidente Bill Clinton "es consciente de la necesidad de un cambio de en la política de sanciones".
De acuerdo a Einzenstat, el gobierno agotaría todos los recursos diplomáticos antes de aplicar sanciones.
Entre 1993 a 1996 Washington dispuso represalias de ese tipo en 61 ocasiones.
Las sanciones comerciales se convirtieron así en uno de los vértices de la política externa de Estados Unidos, pues con ellas intentó resolver problemas de diversa naturaleza, como democratización, narcóticos, derechos humanos y estabilidad política, señaló Oña.(FIN/IPS/mg/dg/if/98
