La contaminación ambiental y la prevalencia de enfermedades laborales es el precio que algunos países de América Latina estarían dispuestos a pagar para atraer capitales extranjeros, ávidos de invertir especialmente en la minería y la agricultura.
Las proyecciones de diversos organismos señalan que hasta fin de este siglo América Latina recibirá 35 por ciento del total de inversiones mineras internacionales.
Ante esa perspectiva, países como Perú, donde la minería representa cerca de 40 por ciento de sus ingresos, podrían flexibilizar el control ambiental con tal de beneficiarse de estas inversiones.
Los compañías transnacionales buscan colocar sus capitales en aquellos países que tienen una legislación laboral flexible y tímidas políticas ambientales, mucho más permisivas que las que deben soportar en sus países de origen.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Lima con una empresa de pastas comestibles chilena, que construyó su planta en un reserva ecológica de la periferia de la ciudad -los pantanos de Villa- aprovechando algunos vacíos legales y la falta de coordinación entre autoridades de distintos municipios.
La moderna planta industrial de siete pisos afectará severamente el sistema ecológico de la zona, según afirman los expertos.
Voceros oficiosos del gobierno recomiendan no ser demasiado severos en la aplicación de las leyes ambientales "para no ahuyentar a otros capitales extranjeros".
Los especialistas opinan que las normas de control ambiental son de difícil aplicación y requieren de un gran aparato burocrático.
Esto es más notorio en el caso de las empresas mineras. Según la ley aprobada en 1991 que regula el sector, las empresas deben implementar un plan para reducir la contaminación provocadas por las minas en un plazo de cinco años, y de 10 años en el caso de las fundiciones.
Este requisito ha sido cumplido por muy pocas empresas. Alberto Pasco-Font, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, afirmó que a las empresas les resulta muy sencillo no cumplir con la disposición. Sólo deben justificar que no cuentan con los medios suficientes para hacerlo.
El experto dijo que para las empresas mineras es más rentable negociar con las autoridades y posponer los planes que introducir cambios que las obligarían a modificar el proceso productivo establecido.
Pasco-Font, junto a los colegas Miguel Sánchez, de Chile, y Juan Moreles, de Bolivia, y el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, tratan de encontrar alternativas para que las empresas mineras respeten la legislación ambiental de la región.
Los daños causados a los trabajadores de las minas por la falta de política ambientales adecuadas deberían ser suficientes para hacer cumplir los dispositivos legales vigentes, sostienen los expertos.
Más de 50 por ciento de los mineros examinados por el Instituto de Investigacion Profesional en las minas ubicadas por encima de 2.800 metros de altura presentaban problemas pulmonares y respiratorios.
Otro 20 por ciento presentaba silicosis y 40 por ciento de éstos también padecía tuberculosis.
La silicosis, una acumulación paulatina de polvo de sílice en los pulmones, es una enfermedad progresiva e irreversible que produce la muerte cuando el organismo es recubierto completamente por el metal.
En los países desarrollados, la tasa de prevalencia de silicosis es inferior a 0,5 por ciento, mientras que en este país es de alrededor de 20 por ciento en la sierra central, donde se ubican los principales asientos mineros.
Los principales afectados de silicosis son los perforistas (79 por ciento), lo que revela que normalmente trabajan sin equipos adecuados de protección.
Pese a que una vez detectada la enfermedad se debe obligar al minero a que salga del socavón, la investigacion comprobó que 80 por ciento de los afectados sigue trabajando bajo tierra.
Ademas de exponer al enfermo a la muerte, la silicosis es la puerta de entrada para otras enfermedades pulmonares como la tuberculosis.
Estudios de neumología revelan que las tres cuartas partes de la silicosis devienen en este mal, lo que explica la gran cantidad de afectados encontrados entre los mineros examinados.
"Ellos no sólo exponen su vida, sino que al salir de la mina no reciben tratamiento y trasladan la enfermedad a sus hogares", indicó el neumólogo Francisco Kikushima, director del instituto.
No existen estudios epidemiológicos de las familias de los mineros, pero organismos no gubernamentales que trabajan con mujeres de las zonas mineras aseguran que la tasa de tuberculosis y enfermedades pulmonares entre ellas es muy grande.
Esther Hinostroza, directora de la organización no gubernamental "Filomena Tomayra", reveló que la situación de muchas mujeres es de alto riesgo pues quedan embarazadas a pesar de ser portadoras de la enfermedad y presentar cuadros de anemia aguda.
"También padecen tuberculosis y toda clase de enfermedades pulmonares y respiratorias los niños pequeños, lo que habla de un ambiente familiar altamente contaminado", indicó Hinostroza.
Otro sector conflictivo en materia ambiental es el agro. Según varios especialistas, en los países industrializados se consume aproximadamente 80 por ciento de plaguicidas pero las muertes por envenamiento no llegan a uno por ciento, mientras que en los países en desarrollo la proporción se invierte.
La falta de un adecuado control y las legislaciones permisivas de América Latina posibilitan el uso de plaguicidas prohibidos hace años en el Norte desarrollado, como los organofosforados.
Las víctimas principales de esta situación son las jornaleras agrícolas y los niños, sectores rurales marginados y desprotegidos por las leyes laborales y sociales.
Las mujeres sufren las consecuencias de ser en su mayoría analfabetas, al igual que el resto de la familia, y el Estado no proporciona la información necesaria para advertirles sobre los graves riesgos a que están expuestas.
Un estudio efectuado por el Instituto de Defensa del Medio Ambiente (Idema) en el valle de La Joya, al sur del país, registró que 75 por ciento de las muestras de leche materna y 95 por ciento de las de leche de vaca estaban contaminadas por agroquímicos en niveles superiores a los límites permitidos.
También detectó que 2,7 por ciento de las mujeres que habían dado a luz en los últimos años habían tenido niños con malformaciones.
Casi 29 por ciento de la población presentaba introxicación moderada a severa con acetilcolinesterasa y 80 por ciento de hombres y mujeres padecían intoxicación crónica por acumulación de sustancias tóxicas derivadas de los agroquímicos existentes en su organismo.
Luis Gomero, coordinador de la Red de Acción en Alternativas al Uso de Agroquímicos, afirma que está comprobado científicamente que la absorción de los compuestos químicos afecta la enzima que facilita las respuestas motoras y las conexiones neuronales.
Según el experto, también causa transtornos hormonales y daños en el aparato reproductor de hombres y mujeres, produce malformaciones congénitas en el feto y tiene probado efecto cancerígeno.
"El uso de agroquímicos debe disminuirse mediante prácticas de control biológico y producción agrícola sustentable, pero mientras tanto es necesario enseñarle al trabajador las técnicas correctas de uso, darle la protección adecuada y no utilizar los productos prohibidos", dice Gloria Cornejo, del Idema.
Esta organización ha previsto la creación de un fondo de apoyo a mujeres que trabajan con agroquímicos para socorrerlas en caso de problemas derivados de su uso, especialmente cuando están en gestación, y ofrecerles primeros auxilios en caso de intoxicación. (FIN/IPS/zp/dm-dg/he-if-en/98
