Doce países pescadores de atún llegaron a un histórico acuerdo para proteger a los delfines y otras especies de vida marina en el océano Pacífico, pero diversas organizaciones ecologistas discrepan sobre su efectividad.
Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, México, Panamá, Vanuatu y Venezuela llegaron a un acuerdo esta semana durante un encuentro en California de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Se espera que los países firmen el documento en mayo.
Pero el histórico acuerdo dividió a la comunidad ecologista. Organizaciones como Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Fondo de Defensa Ambiental aceptaron el acuerdo, a diferencia de otros grupos.
El pacto significa "el comienzo de una nueva era de mayor protección y cooperación internacional con respecto a los delfines, otras especies y el ecosistema marino", señaló Roger E. McManus, presidente del Centro para la Conservación Marina, de Washington, una organización ecologista que respalda el acuerdo.
Pero otras organizaciones, como Earth Island Institute, Sociedad Humanitaria y Amigos de la Tierra, sostienen que el pacto es insuficiente.
"El nuevo acuerdo autoriza a las naciones pescadoras de atún a matar, por año, dos veces el número de delfines que se mataron en 1996", manifestó David Phillips, director del Proyecto Internacional de Mamíferos Marinos de Earth Island Institute, de California.
"No se intentó disminuir la matanza de los delfines, en oposición directa a los objetivos internacionales declarados con anterioridad y a la ley estadounidense de Protección al Mamífero Marino", agregó.
La zona de pesca del atún en el Pacífico oriental se extiende desde California. Hacia el sudoeste hasta las islas Hawai, al sur hacia el ecuador y al este hasta Chile. La especie que allí se pesca, de aleta amarilla, tiende a nadar junto con los delfines.
Tradicionalmente, los barcos atuneros, acompañados por veloces lanchas y helicópteros, encierran a los delfines y los peces en redes de un kilómetro y medio de largo.
Se estima que la población de delfines en el Pacífico oriental disminuyó entre 20 y 45 por ciento desde que la pesca con este tipo de redes se introdujo en la zona. En la década de 1980, más de 100.000 animales murieron anualmente por esta causa.
El acuerdo brinda mayor protección a los delfines y promueve la recuperación de las poblaciones, mientras estipula medidas para evitar, reducir y minimizar la pesca accidental de otras especies marinas como tortugas y tiburones.
El pacto también diferenciará entre el atún que se pescó con y sin peligro para los delfines.
Pero los detractores del acuerdo, a pesar de sus normas de protección a los delfines, afirman que el pacto no tiene sentido porque no se puede cumplir.
El acuerdo permite que los pescadores que utilizan explosivos o intimidan a los observadores internacionales de la pesca, por ejemplo, sigan matando a los delfines si sus gobiernos así lo permiten, denunció Phillips.
"En la historia de la Comisión Interamericana de Atún Tropical, ninguna nación suspendió a un capitán o impuso multas significativas a barcos de pesca que violaron acuerdos internacionales de protección a los delfines", sostuvo.
"Al establecer un acuerdo que no brinda medios para eliminar la matanza, México y Estados Unidos podrán sostener que salvan a los delfines mientras permiten que continúe la matanza", añadió Phillips.
Earth Island y otras organizaciones solicitaron al presidente estadounidense Bill Clinton que rechace el acuerdo y reanude las negociaciones para llegar a un pacto que pueda cumplirse.
Sin embargo, Nina Young, del Centro para la Conservación Marina, tiene una interpretación distinta. "Los observadores independientes que el acuerdo exige para todos los barcos atuneros del Pacífico oriental se asegurarán de que se cumplan las medidas para salvar a los delfines".
"Los pescadores que no cumplan con el acuerdo se arriesgan a ser excluidos de los principales mercados mundiales de atún, incluso Estados Unidos", afirmó Young.
La polémica sobre las normas de seguridad comenzó con el atún que Estados Unidos clasifica como "seguro para los delfines".
La sensibilidad ecológica de la población estadounidense, la de mayor consumo de atún del mundo, obstaculizó el cumplimiento de acuerdos internacionales de comercio.
México objetó que el embargo al atún que Estados Unidos impuso en 1992, no considerado "seguro para los delfines", violó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) al imponer la ley de un país sobre otro.
Para disminuir la tensión diplomática, el senado estadounidense, con el respaldo de Clinton, aprobó una solución de transacción en julio para levantar el embargo mientras se mantuvo la clasificación "seguro para los delfines".
La modificación de la Ley de Protección al Mamífero Marino permitió la captura temporal de algunos delfines en redes atuneras mientras no resultaran muertos o heridos de seriedad.
La modificación se aprobó con la condición de que se llegue a un "acuerdo legal vinculante" internacional para proteger a los delfines.
Sierra Club, Defensores de Vida Salvaje, Ciudadano Público y Sociedad Humanitaria calificaron al acuerdo como una "ley de muerte al delfín", aunque para Greenpeace y otras organizaciones el pacto es sólido.
Las negociaciones del acuerdo comenzaron en 1995 con la Declaración de Panamá, por la cual 12 países atuneros decidieron cooperar para fortalecer la protección del delfín.
Esta Declaración tuvo el objetivo de continuar con las prácticas para salvar al delfín que estos países adoptaron para cumplir con las severas metas de reducción de mortandad establecidas por Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Atún Tropical.
En los últimos años, pescadores de atún de México y otros países de América aseguran haber reforzado la protección a los delfines. El Servicio Nacional de Pesca Marina de Estados Unidos informó que la mortandad se redujo aproximadamente 98 por ciento, de cientos de miles por año a unos 3.000 en 1996. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq-lp/en/98
