AMBIENTE: Activistas atacan propuesto pacto de inversión

Ambientalistas de América del Norte se unieron para protestar contra los planes de los países industrializados de desregular la inversión extranjera y dar así más poder a las empresas multinacionales.

Una coalición de grupos ecologistas de Canadá y Estados Unidos advirtió que el propuesto Acuerdo Multilateral sobre Inversión (AMI), que negocian los países más ricos del mundo y sería firmado en mayo, garantizará a las grandes empresas la facultad de evitar normas ambientales y otras.

"Se trata de una declaración de derechos empresariales", afirmó Brent Blackwelder, presidente de la organización Amigos de la Tierra, con sede en Washington.

"Los 29 países más ricos del mundo negocian un acuerdo económico que otorgará poderes a inversores extranjeros sobre gobiernos nacionales, estaduales y locales", añadió.

Las negociaciones comenzaron en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995. El pacto propuesto tiene por finalidad permitir a individuos y empresas inversoras movilizar activos (dinero o medios de producción) libremente a través de las fronteras.

Así mismo, el acuerdo hará que los países anfitriones protejan a los inversores mediante la prohibición del embargo de activos de empresas sin compensación y la remoción de las restricciones al retorno de inversiones hacia otros países.

Si un estado miembro incumple con estas condiciones, independientemente de la causa de la disputa, la compañía afectada podrá demandarlo ante un tribunal internacional del AMI.

Negociadores de alto nivel se reunirán a comienzos de la semana próxima para discutir el cronograma y el estado actual de las conversaciones.

Aunque muchos países europeos y Estados Unidos tienen divisiones internas sobre la conveniencia de firmar el acuerdo, se prevé que Argentina, Chile, Eslovaquia y Hong Kong lo suscribirán.

Los proponentes del AMI sostienen que éste brindará a los inversores de Estados Unidos y otros países la necesaria protección contra la discriminación y la expropiación.

Así mismo, creen que abrirá nuevos mercados a los inversores estadounidenses en condiciones favorables y que a largo plazo beneficiará a empresas, consumidores y trabajadores al mejorar la eficiencia de la economía mundial.

Los más férreos partidarios del acuerdo son grupos empresariales como el Consejo Estadounidense para el Comercio Internacional, la Asociación Nacional de Fabricantes y la Cámara de Comercio Europea-Estadounidense.

Por otra parte, organizaciones ambientalistas, sindicales, de consumidores y de la mujer consideran el acuerdo "una carrera hacia el fondo", ya que los países en desarrollo deberán competir por capitales cada vez más móviles mediante la reducción de salarios y el debilitamiento de normas ambientales.

Los críticos señalan que el AMI permitirá a los inversores desafiar normas regulatorias que gozan de gran apoyo público pero son consideradas como obstáculos al libre flujo de capital por las grandes empresas.

"El acuerdo otorga derechos sin precedentes a compañías multinacionales y a extranjeros poderosos", señaló Charles Arden- Clark, analista comercial del Fondo Mundial para la Naturaleza.

"Al derribar barreras a la inversión extranjera, el AMI colocará nuevas barreras a nuestro derecho democrático a regular nuestros propios asuntos de manera ambiental y económicamente sensata", advirtió.

Además, las disputas comerciales internacionales sobre normas ambientales nacionales ya se volvieron comunes y sólo aumentarán con el AMI, previno Antonia Juhasz, coordinadora de proyectos del Centro Preámbulo de Política Pública, de Washington.

"El AMI, basado en las disposiciones sobre inversión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, amplía las cláusulas a todos los sectores económicos, por lo que debilita aún más la soberanía nacional sobre políticas domésticas", agregó.

Mientras grupos ambientalistas presionan al presidente estadounidense Bill Clinton para que no suscriba el AMI, ciudadanos de Alemania, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Kenia y Nueva Zelanda se preparan para una semana de protestas contra el pacto propuesto. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/ml/if-en/98

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