Un representante de la ONU en Ruanda alertó hoy sobre la ola de violencia en el país africano, que parece dirigirse a un baño de sangre similar al de 1994, en que murieron hasta un millón de personas.
"La situación es muy precaria. Si no hay una intervención, tendremos un gran problema entre manos", advirtió este viernes Omar Bakhet, representante de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ruanda, en entrevista con una radio europea.
Bakhet urgió a la comunidad internacional a detener las matanzas en el pequeño país centroafricano, ubicado en la región de los Grandes Lagos.
Su advertencia se produjo sólo dos días después de que el ejército, dominado por tutsis, informara que mató a 24 rebeldes hutus en la prefectura noroccidental de Ruhengeri.
El mayor Emmanuel Ndahiro, portavoz del ejército, dijo esta semana a la prensa en la capital ruandesa, Kigali, que las operaciones para "expulsar criminales" de Ruhengeri continuaban.
Ruhengeri y Gisenyi, donde el pasado fin de semana unos 1.000 rebeldes liberaron de la prisión a 68 sospechosos de participar en el genocidio, son dos ciudades ubicadas en la frontera con la República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire).
Ambas ciudades experimentan incursiones de rebeldes desde la caída del régimen de Juvenal Habyarimana, en 1994.
Las incursiones se intensificaron tras el retorno a Ruanda de más de un millón de refugiados desde la RDC a fines de 1996, entre ellos sospechosos del genocidio de 1994.
Un grupo rebelde que se autodenominó Frente de Liberación de Ruanda distribuyó panfletos la semana pasada en que amenazaba con cortar personas en pedazos.
Los panfletos fueron distribuidos poco después de la matanza en la localidad de Nyabikenke de 14 personas por presuntos rebeldes hutus que utilizaron pistolas automáticas, machetes y pequeñas azadas. Un administrador local fue la única víctima decapitada.
El incidente de Nyabikenke, en el oeste de Ruanda, fue seguido por un ataque en la cercana Nyakabanda, antes del amanecer, donde 52 personas fueron asesinadas y varias de ellas también mutiladas el 6 de enero.
Seth Sendashonga, ministro del Interior durante el gobierno del Frente Patriótico Ruandés (1994-95), condenó la ola de violencia y exhortó a las autoridades y a los rebeldes a abandonar la lucha y procurar una solución pacífica.
"Temo que si no se encuentra una solución ahora, habrá una parálisis por largo tiempo", dijo Sendashonga a IPS.
Así mismo, instó a las partes beligerantes a aceptar el diálogo y "considerar la raíz de los problemas que afligen a nuestro país".
Sendashonga, miembro de las Fuerzas de Resistencia por la Democracia, un grupo opositor en el exilio, dijo que Ruanda debería "abrazar la democracia multipartidaria y respetar los derechos humanos" para forjar una paz duradera.
Los tutsis son minoría en Ruanda pero tienen un enorme poder político y militar. Esa "dominación" es desafiada por los hutus, que constituyen cerca de 85 por ciento de la población.
El gobierno sostiene que los rebeldes de Ruanda, Burundi y la RDC coordinan sus actividades militares contra los que consideran sus enemigos en la región.
Los rebeldes hutus de Burundi, el derrotado ex ejército del antiguo Zaire y las milicias hutus interahamwe, acusadas del genocidio ruandés, actualmente luchan contra los ejércitos de sus respectivos países.
Un ejemplo de "cooperación" ocurrió el 6 de enero, cuando los rebeldes hutus de Burundi (que según el gobierno tienen el respaldo del antiguo ejército zaireño y los interahamwe) atacaron la aldea de Maramvya, en la provincia de Bujumbura, causando la huida de unos 8.000 civiles.
El incidente fue condenado por la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sadako Ogata.
Entre los que huyeron de Marambya había 3.000 sobrevivientes de la masacre producida la semana anterior en la aldea vecina de Rukaramu, en la que murieron más de 150 personas. (FIN/IPS/tra-en/mn/pm/ml/hd/98
