Expertos peruanos estiman que a la política de erradicación de cultivos de coca que lleva a cabo el gobierno del presidente Alberto Fujimori le falta una "pata social".
No obstante, el Ejecutivo espera que en marzo el Congreso de Estados Unidos "certifique" (avale) su acción en la materia.
Diversos sectores peruanos observa que las certificaciones (o descertificaciones) extendidas por Washington constituyen un mecanismo indebido de presión financiera y política y vulneran la soberanía de los países a definir sus políticas internas.
También destacan que el gobierno estadounidense evalúa sólo los "resultados", como la disminución de la produción de droga , sin tomar en cuenta los factores del mercado.
"La droga es producida en nuestros paises porque hay un gigantesco mercado comprador en los países desarrollados, y a través de la 'certificación' sólo a los productores se les reclama responsabilidad en la erradicación del narcotráfico", opina el sociólogo Jorge Arnao.
"Por su masividad, la producción de cocaína en los países dse América Latina se ha convertido en un fenómeno social, y por tanto la solución debe abarcar los problemas sociales que la erradicación originará", concluyó.
El proceso de "certificación" se inicia en septiembre de cada año, a través de los funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, quienes elevan a su gobierno en diciembre un informe que luego de evaluado por el Departamento de Estado, es divulgado por el presidente en marzo.
Una fuente vinculada al Ministerio del Interior de Perú que pidió reserva sobre su identidad sostiene que el informe en elaboración por la Agencia Antinarcóticos del Departamento de Estado concluye que Perú cumplió sus metas en 1997.
Perú ha dejado de ser el principal abastecedor de pasta básica de cocaína. La extensión sembrada de coca, que en 1996 se había reducido 18 por ciento, disminuyó 27 por ciento en 1997, según los informes oficiales.
Juan Gil, secretario ejecutivo de la Comision de Lucha Contra las Drogas, dijo que el área cultivada con coca en Perú bajó de 115.000 hectáreas en 1995 a 69.000 en 1997.
Estas cifras son admitidas como correctas por el experto independiente Roger Rumrrill, quien las interpreta de modo diferente a la evaluación oficial.
"Siguiendo la tendencia estadounidense, los países andinos miden el éxito antidrogas en la reducción de los cultivos de coca sin considerar que el verdadero éxito, por su carácter permanente, debe ser la sustitución de los cultivos ilegales por otros alternativos y rentables", afirma Rumrrill.
El experto sostiene que la reducción de la producción peruana de cocaína no es resultado únicamente de la eficacia represiva del gobierno nacional sino sobre todo de la caída de precios de esa droga en el mercado internacional.
"Esta divergencia de interpretación no carece de importancia, pues de ella se desprenden diferencias fundamentales en las prioridades y acciones de la política antidrogas", observa.
"Si la reducción fuera resultado de la represión, bastaría mejorar los procedimientos policiales y de interdicción de cultivos de coca y de vuelos ilegales con pasta básica de cocaína para erradicar totalmente a la droga", añade.
"Pero si comprendemos que se trata de una crisis provocada por la caída de precios, se puede prever que si los precios mejoran y la producción recupera rentabilidad, los campesinos volverán a cosechar sus ahora abandonados cocales y aumentarán las plantaciones ilegales", expresa.
La principal crítica de Rumrrill al gobierno peruano y los cooperantes externos, como Estados Unidos, es que no han aprovechado la coyuntura de la crisis de la coca para promover cultivos alternativos en forma rápida y masiva.
Fuentes del equipo de Fujimori replican que mediante convenios internacionales se están preparando canales de comercialización exterior para algunos productos alternativos y que se cuenta con un fondo inicial de 10 millones de dólares para este fin.
Juan Gil, secretario antidrogas de Perú, precisó que en vista del exito logrado por su país el gobierno estadounidense decidió elevar a 107 millones de dolares su colaboración para el período 1995-2001.
Mencionó también que el Programa de Fiscalización de Drogas de las Naciones Unidas (PNUFID) se comprometió a apoyar con 27,2 millones de dólares, en tanto que la agencia de cooperación alemana GTZ aportará 1.100.000 dólares.
El analista independiente Luis Lamas Puccio propone a su vez modificar la estructura del aparato oficial antidrogas para incrementar la cooperación internacional y hacer más eficaces los esfuerzos de las instituciones macionales que participan en el aspecto social y económico de la lucha contra la producción de cocaína.
"El Programa de Lucha Contra las Drogas, conocido como 'Contradrogas', debería depender directamente del Ministerio de la Presidencia, con la participación de los ministerios del Interior, de Salud, de Agricultura y de la Mujer y el Bienestar Familiar", afirma Lamas.
De esa manera estaría en mejores condiciones para promover, canalizar y aprovechar los recursos aportados por el presupuesto peruano y por cooperación internacional. (FIN/IPS/al/dg/ip/98
