El régimen militar de Birmania no parece más cercano a la democracia que antes, pero hay señales de que los generales en el poder enfrentan cada vez más presión nacional e internacional para modificar su forma de ejercer el gobierno.
De todos los acontecimientos que afectaron a la junta militar birmana en 1997, ninguno fue más importante que el ingreso del país a la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) en julio.
El ingreso en la ASEAN, considerado un paso más para legitimar el régimen militar, tuvo lugar tras meses de firme oposición de grupos por la democracia y gobiernos occidentales.
A juicio de los grupos birmanos a favor de la democracia, el acontecimiento de 1997 más misterioso pero prometedor fue la sustitución en noviembre del Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden, nombre de la junta que tomó el poder hace ocho años, por el Comité Estatal para la Paz y el Desarrollo.
Una restructuración interna entre los jerarcas militares removió a 14 ministros del gabinete del Consejo por razones de edad, mala salud y, más significativamente, corrupción.
Los miembros depuestos dirigían, entre otras, las carteras de Comercio, Agricultura, Turismo, Forestación, Asuntos Internos, Inmigración, Industria, Desarrollo de Zonas Fronterizas y Bienestar Social.
Activistas opositores creen que, aunque los cambios de nombre y composición del régimen militar son superficiales, la medida evidencia la existencia de divisiones en la junta y la creciente presión para que actúe contra la corrupción y la ineficiencia.
Informes de Rangún señalaron que las casas de varios ex ministros fueron allanadas en busca de bienes no declarados y también se interrogó a empresarios e individuos que tuvieron relación con los jerarcas.
"La restructuración tiene la supuesta intención de demostrar que el régimen es capaz de corregir sus propios errores, pero la verdad es que la corrupción entre los funcionarios de la junta ya era excesiva", opinó un analista de Rangún.
El 18 de septiembre de 1989, en medio de una absoluta confusión tras la renuncia del dictador Ne Win, un grupo de militares formó la junta y reprimió brutalmente a los activistas que exigían el restablecimiento de la democracia, matando a cientos de ellos.
La junta en un principio iba a ser un gobierno de transición, pero no entregó el poder tras su derrota en las elecciones generales de 1990 frente a la Liga Nacional por la Democracia (LND), dirigida por la líder opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Los líderes militares aseguran que entregarán el poder sólo después de redactar una nueva Constitución, para lo cual se creó una convención nacional en 1993, con el fin de otorgar a las fuerzas armadas un papel de peso en la administración del país.
Suu Kyi denunció que el proceso de redacción de la Constitución se realizaba en forma antidemocrática y boicoteó la convención. Desde entonces, cientos de activistas de la LND fueron detenidos, acosados e incluso forzados a renunciar al partido.
Aunque en julio la junta sorprendió al mantener negociaciones con un miembro de la LND y en septiembre incluso permitió al partido celebrar su congreso anual en Rangún, se negó a reunirse con Suu Kyi o sus dos principales sustitutos.
La situación hizo que la LND acusara al gobierno de intentar dividir a los líderes de la oposición. "El gobierno evita en forma deliberada el diálogo, ya que no tiene intención de seguir el camino de la negociación para resolver problemas políticos, económicos y sociales", acusó el partido.
Tampoco hubo un cambio perceptible en la política de intimidación y brutal represión del disenso que el régimen realiza contra los opositores.
El 9 de diciembre, por ejemplo, seis miembros de la LND fueron condenados a seis años de prisión y uno a ocho años por "perturbar el derecho y el orden públicos". Los siete fueron detenidos en noviembre en relación con los intentos de la LND de celebrar reuniones organizativas en varias zonas de Rangún.
Un informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Birmania aseguró que la calidad de vida de los ciudadanos birmanos empeoró en 1997.
"Siguen existiendo informes creíbles, sobre todo de zonas dominadas por las minorías étnicas en la frontera con Tailandia, que denuncian graves violaciones a los derechos humanos por parte de soldados, entre ellos violaciones y ejecuciones sumarias".
"Las desapariciones continúan y miembros de las fuerzas de seguridad golpean a los detenidos y abusan de ellos de otras formas. Mientras, continúan las detenciones arbitrarias de personas que expresan opiniones disidentes", añadió el informe.
Activistas de derechos humanos afirmaron que varios cientos de prisioneros políticos permanecen detenidos, entre ellos 20 legisladores electos en 1990. Las condiciones en las cárceles siguen siendo deplorables y los reclusos carecen de alimentos y atención médica adecuados.
La junta cerró las escuelas y universidades en respuesta a las manifestaciones callejeras efectuadas por grandes grupos de estudiantes en noviembre y diciembre de 1996.
El régimen finalmente reabrió las escuelas primarias en agosto último, pero las universidades permanecieron cerradas para impedir otro brote de protesta estudiantil.
La situación económica en este país pródigo en recursos naturales pero empobrecido se deterioró durante el año.
La inflación se situó entre 30 y 40 por ciento anual en los últimos años, y en 1997 los precios de productos importados se dispararon, debido a la caída del kyat, la moneda birmana, de 160 unidades por dólar a comienzos del año a más de 300 en diciembre.
Aunque la inversión extranjera ingresó en el país en los últimos años, atraída por los ricos recursos naturales y la económica mano de obra, la crisis monetaria de las economías del sudeste de Asia provocó la cancelación de varios proyectos.
Grupos empresariales tailandeses, que conforman la mayor parte de los inversores extranjeros en Birmania, dejaron de financiar sus proyectos en el país debido a problemas de iliquidez en Tailandia.
El mayor golpe que recibió la junta contra su intención de desarrollar la economía birmana fue el fracaso de su "Año de Visitas a Myanmar", lanzado a fines de 1996. La cantidad de visitantes que ingresó durante el año fue inferior a la mitad de la meta oficial de 500.000 turistas fijada por el gobierno.
"El mayor reto al que se enfrenta el gobierno birmano en el año que comienza consiste en impedir el colapso total de la economía debido a la adversa situación económica de la región del sudeste asiático", sostuvo un diplomático de ASEAN en Rangún.
El diplomático dijo que la situación política de Birmania siempre estuvo vinculada al éxito o fracaso de su economía. Si continúa la crisis económica del país, entonces 1998 también traerá consigo sorpresas sociales y políticas. (FIN/IPS/tra-en/ss/js/aq-ml/ip/98
