Pregonada desde algunos gobiernos, urgida por los empresarios, rechazada de plano por los sindicatos, la "flexibilidad laboral" emergió como uno de los conceptos dominantes en la escena latinoamericana.
Pero detrás de esa idea se esconden malentendidos.
Unos y otros se posicionaron respecto del tema de la flexibilidad entendiéndola sólo en una de sus acepciones: la del mercado de trabajo, esa que lleva casi necesariamente a la precarización del empleo, a la "tercerización", a la desregulación de las relaciones entre trabajadores y empresarios.
Fue "esa" flexibilización la que estuvo en 1997 en el centro del debate en América Latina, como en otras zonas del planeta, en un escenario dominado por el ascenso del desempleo.
Y fue esa la que condujo a que se suprimieran miles de puestos de trabajo o que, cuando se crearan fueran tan precarios que en Argentina se acuñó un término para nombrarlos: "contratos basura".
Pero existen otras formas "buenas" de flexibilización que están haciendo lentamente su camino, a pesar de que "la idea que sobre ese concepto predomina es la difundida en los Estados Unidos de los primeros años setenta", según comentó el analista laboral argentino Carlos Delinaris.
En Argentina, precisamente, el gobierno de Carlos Menem logró reducir en 1997 el desempleo, que en 1996 se ubicó en 18,6 por ciento, a 16,4 por ciento de la población activa, pero lo hizo gracias a la multiplicación de los "contratos basura".
Ochenta por ciento de los nuevos empleos creados en los dos últimos años estuvieron caracterizados por su extrema precariedad (tienen duración limitada, no incluyen indemnización por despido, ni licencias médicas).
Desde 1989, cuando asumió su primera Presidencia, Menem alienta dispositivos para favorecer la contratación temporaria y la reducción del monto de las indemnizaciones por despido y por accidentes laborales y de los aportes de los empleadores a la seguridad social.
Lo mismo ha sucedido en la mayor parte de los países del área.
Dirigentes gubernamentales y empresariales promueven mecanismos "flexibilizadores" de las normas de contratación aduciendo que ayudan a combatir el desempleo y, al mismo tiempo, reclaman facilidades para despedir mano de obra con la excusa de que sólo así las empresas pueden ser competitivas.
Esa tendencia, contra la cual los sindicatos -en la mayor parte de los países debilitados- no han podido hacer gran cosa, se acompañó por la creación de gran cantidad de puestos de trabajo en el sector informal, lo cual ha tirado abajo los salarios en las ramas de baja productividad.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo difundido en mayo indica que entre 1990 y 1995, de cada 100 puestos de trabajo generados en América Latina 84 correspondieron al sector informal, donde se concentran los menores ingresos.
En Venezuela, donde 12 por ciento de la población activa está desocupada, en 1997 se adoptaron normas de "flexibilización" violatorias de convenciones internacionales.
En América Central, las llamadas maquilas son laboratorios de desregulación laboral. Se trata de plantas ensambladoras instaladas en zonas francas y propiedad en general de empresarios extranjeros, en las que no se respetan derechos básicos de los trabajadores.
En Uruguay, con un desempleo algo superior a 12 por ciento, intentos del gobierno de desregular las relaciones laborales no prosperaron hasta ahora, pero las empresas siguen prefiriendo apostar a los despidos y al trabajo temporal como forma de adaptarse a la crisis y mejorar la productividad.
En Brasil, para evitar despidos masivos, sindicatos del sector automotor han debido aceptar reducciones salariales, una modalidad que podría extenderse a otras áreas de actividad.
Algo similar sucedió en Argentina, donde numerosos sindicatos aceptaron renegociar convenios de salarios y condiciones de trabajo, cediendo en derechos adquiridos años atrás.
"El tema del desempleo requiere que se piensen estrategias originales. Las modalidades de flexibilización del mercado laboral cargan siempre el peso de la crisis sobre los mismos hombros y no resuelven nada, porque no generan puestos de trabajo calificados", dijo el economista uruguayo Juan Manuel Rodríguez.
Para Rodríguez, responsable del Programa de Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica de Uruguay, los distintos actores sociales deberían promover otras formas de flexibilización, que apunten a modificar la organización del trabajo sin afectar el nivel de empleo.
En Uruguay se han llevado a cabo iniciativas de este tipo, permitiendo la intervención de los empleados en la definición de tareas, asociándolos a ganancias en productividad a cambio de una organización más flexible de los horarios de trabajo en función de las necesidades.
El resultado fue que empresas que hasta ese momento habían estado signadas por altos grados de conflictividad y se hallaban en crisis, recuperaron terreno. Sus dirigentes ya no optaron por el recurso casi "obligado" del pasado de despedir personal.
En Colombia, centrales sindicales, confederaciones patronales y gobierno decidieron cooperar para "la creación de una nueva cultura de la relaciones laborales" en el marco de una iniciativa auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El proyecto se propone, entre otras cosas, auspiciar cambios en las modalidades de organización del trabajo que no se traduzcan por la supresión de empleo. (FIN/IPS/dg/jc-ag/if-pr-lb/98
