El gobierno de Nicaragua confía que este año resolverá un viejo conflicto con Estados Unidos, dando respuesta a la mayoría de los 1.015 ciudadanos de ese país que esperan la devolución de sus propiedades confiscadas en la década pasada por el gobierno sandinista.
Hasta la fecha, según estadísticas gubernamentales nicaragüenses, se han resuelto los reclamos sobre 2.120 propiedades de confiscados estadounidenses, 68 por ciento del total registrado por el Ministerio de Finanzas.
El gobierno del derechista Arnoldo Alemán, en su primer año, resolvió un total de 349 casos, cifra superior al promedio solucionado durante el mandato de Violeta Barrios de Chamorro, entre 1990 y 1996.
«El gobierno está haciendo esfuerzos para revalorizar los bonos de indemnización, y creo que eso va a permitir que podamos satisfacer los legítmos reclamos de las personas que fueron afectadas en la década de los ochenta», dijo a IPS el viceministro de Finanzas, Guillermo Argüello Poessy.
Entre los días 19 y 23, la Bolsa de Valores de Nicaragua registró precios extraordinarios para los Bonos de Pago de Indemnización (BPI) en el mercado secundario, lo cual es un «signo alentador» para el gobierno.
De acuerdo a cifras oficiales, Nicaragua ha emitido alrededor de 650 millones de dólares en bonos y tiene contemplado ampliar ese monto en 200 millones una vez que la Asamblea Nacional (parlamento) reinicie sus sesiones.
El proyecto de ley de bonos contempla varias iniciativas para dinamizar la solución al problema de la propiedad, como facultar al Ministerio de Finanzas para ofrecer bonos a los ocupantes de propiedades reclamadas con el fin de que las desocupen y se las devuelvan a sus antiguos propietarios.
También facultaría la permuta de propiedades estatales por las reclamadas y la publicación en los medios de comunicación de las listas completas de los casos resueltos y de las indemnizaciones otorgadas.
Para John Strassma, experto en el mercado de valores y asesor del gobierno, la iniciativa jurídica es muy positiva.
«Autoriza soluciones inteligentes a ciertos casos que hoy día, por la ley vigente, no se pueden resolver», aseguró a la revista Confidencial.
De acuerdo a esa publicación, Strassma sugirió al gobierno y al parlamento la pronta implementación de «bonos virtuales», que sustituirían en el mercado local e internacional a los bonos físicos, impresos.
La medida se implementaría a lo largo de 1998 y tendría un efecto muy positivo en el valor actual de los bonos, señaló.
Si la cotización de los bonos aumenta, el viceministro Argüello Poessy no duda de que se resolverán con más agilidad los casos pendientes de confiscados, entre ellos los de los ciudadanos estadounidenses.
Fuentes de la embajada estadounidenses dijeron a IPS que estiman necesario que este año "mejore dramáticamente" el número de casos resueltos. (FIN/IPS/rf/dg/ip-if/98
