En 24 días, la diplomacia de México dio un giro de 180 grados en su postura frente a la condena internacional que despertó la matanza de indígenas en el estado de Chiapas.
Dos días después del crimen, la cancillería rechazó los pronunciamientos de condena aduciendo principios de soberanía. Ahora, cuando las críticas aumentan hasta tocar relaciones con socios estratégicos, la respuesta es: "se toma nota".
México ha sido objeto de un amplio escrutinio internacional por el asesinato de los 45 indígenas, la militarización en Chiapas y las dificultades que enfrentan los diálogos de paz entre la guerrilla zapatista y las autoridades.
En una de los últimas reacciones por la matanza, el Parlamento Europeo emitió este jueves una resolución en la que condena el múltiple asesinato y sostiene que ciertas autoridades mexicanas no actuaron en forma adecuada para evitarla.
Además, demanda castigar a los culpables, eliminar los grupos paramilitares que "cuentan con el apoyo de algunas autoridades locales y de círculos políticos" y exhorta a buscar un salida negociada a las demandas de la guerrilla.
"Aunque (la resolución) no incluye esta vez ninguna sanción, debe considerarse como una seria llamada de atención", dijo José Salafranca, presidente de la Delegación de la Comisión Europea para México.
Organizaciones humanitarias nacionales y extranjeras, así como políticos de varios países, sostienen que la responsabilidad de la matanza recae directamente sobre el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, pues sería consecuencia de la "guerra de baja intensidad" que habría diseñado para el conflicto de Chiapas.
Es el gobierno el que promovió la división de indígenas, la aparición de grupos paramilitares y las acciones intimidatorias del ejército federal, afirman.
La canciller Rosario Green indicó que el gobierno mexicano "toma nota con particular atención" de la resolución del Parlamento Europeo sobre Chiapas, aunque tiene "algunas diferencias" de apreciación sobre su contenido.
México "comparte los sentimientos internacionales de rechazo absoluto al uso de la violencia como medio equivoco para resolver los conflictos y reitera su disposición a dialogar sobre el particular conforme a nuestros compromisos internacionales", declaró.
El pronunciamiento de Green contrastó con el del 24 de diciembre, cuando a través de un comunicado la cancillería rechazó cualquier expresión de organismos u gobiernos extranjeros que insten al gobierno a tomar decisiones sobre problemas nacionales.
"Ello constituye un inaceptable acto de injerencia", sostuvo la cancillería en aquella ocasión.
La resolución del Parlamento Europeo fue considerada con especial atención por las autoridades, pues México y la Unión Europea llevan adelante, gracias a la firma de un acuerdo político, negociaciones para concertar un proceso de liberalización comercial.
En los documentos suscritos con Europa, México se compromete a defender los derechos humanos y la democracia.
Según trascendió, el gobierno del país latinoamericano solicitó a la Unión Europea organizar una reunión para poder explicar las acciones que se han tomado respecto a la matanza y hablar sobre la situación que reina en Chiapas.
Los últimos días la cancillería ordenó a sus embajadas y consulados conducir agresivas estrategias informativas con el objetivo de contrarrestar la ola de críticas generadas contra el gobierno por el tema de Chiapas, donde el diálogo de paz con la guerrilla permanece suspendido desde 1996.
"No estamos negando que hubo una matanza horrorosa y que nos afectó en términos del exterior", dijo la canciller.
El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Niels Helveg Petersen, de visita en México, reconoció que "algunos eventos" ocurridos los últimos días en Chiapas "han hecho que se retrasen algunos proyectos de inversión".
A inicios de semana se canceló sin mayores explicaciones la firma de un convenio para comerciar artesanías entre indígenas de Canadá y México. Según la prensa local, las fuentes de financiamiento extranjero decidieron retirar su apoyo debido a los conflictos de Chiapas.
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Wacht y Pastores por la Paz demanadaron al Congreso de Estados Unidos investigar la ayuda militar que se entrega a México y la violencia que se aplica contra los indígenas de Chiapas.
A Washington le preocupa la evolución de la crisis en el estado sureño, reconoció Thomas McLarty, consejero del presidente Bill Clinton. (FIN/IPS/dc/dg/ip/98)
