Los países del Mercosur dudan, o difieren entre sí, sobre el papel que deben asignar a sus fuerzas armadas en un mundo globalizado y sin enemigo ideológico a la vista, mientras los militares se resisten a convertirse en policías de la región como procura Estados Unidos.
En Argentina las señales que parten del poder político chocan de frente con los programas elaborados por los militares, especialmente durante las dictaduras de los años 60 y 70 cuando imperaba la doctrina de la seguridad nacional, y nadie define su misión con claridad.
Uruguay, acuciado por necesidades coyunturales, ordena a su vez a sus fuerzas armadas realizar tareas de apoyo civil o viajar miles de kilómetros en misiones de paz pagas para las cuales no han sido preparadas. Brasil aparece como el único país que encuadró a su brazo armado en su política global de Estado.
El planteo de Estados Unidos de crear un ejército conjunto del Mercosur (bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) fue descartado de plano por los jefes militares uruguayos.
Junto a sus colegas brasileños, los uniformados de ese país se oponen a transformarse en policías de la región y rechazan la idea de incorporarse a la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo el presidente argentino Carlos Menem, acorde al deseo de potenciar la relación con Estados Unidos, trata de alinearse con las directivas estratégicas de Washington y entra en colisión con el pensamiento mayoritario de la cúpula militar.
La política de privatización a ultranza que lleva adelante el gobierno de Menem llegó hasta los cuarteles y dejó a las fuerzas armadas sin su principal empresa, Fabricaciones Militares, y sin uno de sus proyectos más ambiciosos, la construcción del misil Cóndor, desactivado como resultado de presiones estadounidenses,
Por el contrario, Brasil prosiguió con su plan de fabricación de un submarino nuclear, recurriendo a tecnología alemana cuando se encontró con las trabas comerciales que le imponía Estados Unidos.
Pese a los desencuentros internos y externos, "la existencia de las fuerzas armadas en la región tiene plena justificación", estima el uruguayo Bernardo Quagliotti, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios Geopolíticos (Geosur) y profesor en las escuelas de comando de las fuerzas armadas.
"Las fuerzas armadas son parte fundamental, junto con la cultura y la permanencia del sector económico estratégico bajo control estatal, para sostener un estado-nación, renovado pero simepre vigente, en este mundo globalizado actual", afirma.
Para el experto, sin embargo, "se deberá superar la falta de diálogo entre civiles y militares y generar una confianza mutua para poder definir qué misión deben cumplir", luego de que el teatro de operaciones en la región cambiara radicalmente.
Desapareció el enfrentamiento latente y el recelo mutuo entre Argentina y Brasil, vigente sobre todo en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, que también involucraban indirectamente a Uruguay y Paraguay.
Con la desaparición de la Unión Soviética se eliminó el enemigo ideológico que Estados Unidos alentaba en América Latina, en el marco de la lucha Este-Oeste, y los movimientos guerrilleros que proliferaban en la región perdieron su ayuda externa.
Como contraparte, en las últimas dos décadas aparecen nuevos y poderosos actores en el escenario, como el narcotráfico y la venta de armamentos, entre otros.
Quagliotti entiende, pese a estos cambios radicales, que es lógico que los militares sigan teniendo hipótesis de guerra, contrariamente a lo que afirmó el presidente Menem, porque si ésta desaparece los militares perderían razón de ser.
Además, los problemas fronterizos y de reivindicaciones territoriales aún subsisten, como el que discuten Argentina y Chile en los hielos continentales compartidos, la situación sin resolver de las Islas Malvinas, y los conflictos siempre latentes entre Ecuador y Perú o entre Venezuela, Colombia y Guyana.
Pero los estados tienen en las fuerzas armadas básicamente un poder de disuasión, que muchas veces evita la confrontación, y como barrera para el ingreso sin control de migrantes, al cual apeló Uruguay en 1997 para persuadir al grupo brasileño de los "sin tierra" de que no cruzara la frontera, explicó Quagliotti.
"Uruguay en esa oportunidad no actuó sobre una hipótesis de guerra con Brasil, sino que simplemente ejerció la defensa de las fronteras. Lo mismo ocurre con la acción disuasiva de la Armada con los barcos extranjeros que depredan la riqueza ictícola en los mares nacionales", sostiene.
El especialista indica que ha cambiado la visión de lo que es defensa y lo que es seguridad.
"En América Latina fue muy mal empleada en las últimas décadas la denominada teoría de la seguridad, ya que sólo se pensó en la seguridad nacional sin tomar en cuenta que el término implica mucho más cosas".
"Un epidemia, un problema de migraciones sin control o los desastres naturales, son también problemas de seguridad nacional", dice Quagliotti, quien recuerda que en el pasado las fuerzas armadas colaboraban con la acción del Estado.
Sin olvidar las hipótesis de conflicto, fuerzas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay realizaron en 1997 dos operativos conjuntos que les permitieron un mayor conocimiento, según sostuvieron los jefes militares participantes, que desecharon la idea de crear una fuerza común.
Quagliotti señala que tampoco es del todo aceptada por los jefes militares de la región la estrategia de Estados Unidos, impulsada a través del Comité de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de utilizar a fuerzas de la región en misiones de paz.
Las experencias recogidas hasta el momento por los efectivos uruguayos no han dado los resultados esperados. Se han encontrado con escenarios bélicos ajenos a su formación profesional y la ONU no ha cumplido con los pagos en fecha, lo cual perjudica a los efectivos intervinientes.
El gobierno de Uruguay ha utilizado estas misiones pagas por la ONU muchas veces como freno a los reclamos de mejoras salariales de los militares, que han visto drásticamente menguado su presupuesto desde el retorno al sistema democrático en 1985.
Con una tropa paupérrima y cargando un equipamiento obsoleto, las fuerzas armadas de este país todavía consumen 350 millones de dólares cada año, alrededor de 20 por ciento del presupuesto nacional, sin que el poder político haya logrado definir su papel en la sociedad.
Sin embargo, en los últimos meses han intervenido en misiones de apoyo en las zonas afectadas por las inundaciones producidas por el fenómeno climático del "Niño", en desastres ecológicos y en prevención sanitaria que pautan, parcialmente, la misión que tendrían en el futuro, según entiende Quagliioti.
En un documento elaborado a fines de 1997, el ejército define como principales tareas en épocas de paz el apoyo a obras de acción cívica, el servicio a la política exterior del país, a través de la participación de las misiones de la ONU y la colaboración en la prevención del medio ambiente.
Sin embargo, el arma de tierra no descarta su participación ante acciones de "conmoción interna", para la cual la fuerza militar "mantiene medios especialmente capacitados y entrenados en desactivación de artefactos terroristas, liberación de rehenes y eliminación selectiva de objetivos".
La dimensión actual de las fuerzas armadas es adecuada, a juicio de Quagliotti, para llevar a cabo tareas de apoyo a civiles, así como de defensa de las fronteras y el control del espacio aéreo y de los mares territoriales.
"Los políticos deberán a corto plazo otorgar a los militares una misión clara que esté homologada por ambos. Ni unos ni otros han sabido dialogar, luego de la apertura democrática en 1985, como para que los hombres de arma se insertaran en la sociedad como ocurrió hace tiempo en Brasil", explicó.
Las dificultades económicas que afectan a las fuerzas armadas está produciendo una importante deserción de la oficialidad, con buena formación técnica, hacia la industria privada, donde reciben remuneraciones muy superiores a los 500 u 800 dólares mensuales, franja salarial actual de los mandos medios.
Debido a los bajos sueldos -oscilan entre los 180 y los 240 dólares- la tropa ha pasado a residir en asentamientos irregulares en barrios periféricos de las grandes ciudades, donde conviven con altos índices de violencia.
Aunque ningún partido tiene un programa acabado sobre el papel de las fuerzas armadas, en estos países del cono sur nadie plantea su desaparición o transformarlas en una guardia nacional similar a la de Costa Rica, hipótesis vigente en algunos círculos políticos e intelecutales hasta hace diez años. (FIN/IPS/dam/dg/ip/98
