El descubierto tráfico de niños y niñas de Ecuador hacia Venezuela debe servir de alerta para un fenómeno preocupante en toda América Latina, consideró el diputado venezolano Vladimir Villegas.
El diputado medió en la entrega concertada de dos jóvenes ecuatorianas a la policía, que develaron la red del tráfico del que podrían ser víctimas 200 o más menores de ese país, aunque hasta ahora los rescatados en Caracas llegan sólo a la quincena.
Los niños y niñas eran mantenidos en situación de virtual esclavitud después de haber sido traídos con el consentimiento bajo engaño de sus padres, o tras su secuestro, para trabajar en la venta ambulante, tareas domésticas, en la prostitución o en otras actividades ilícitas.
Villegas, del izquierdista partido Patria Para Todos y presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, dijo a IPS que no se cuenta con evidencias que demuestren que el tráfico de menores ecuatorianos involucre a otros países.
Pero agregó que se presume que una mafia de estas características no se montó para atender a un solo destino. Además, el mismo tipo de tráfico se estaría produciendo entre otros países, con niños explotados de diferentes partes.
"Hay el temor en círculos policiales y diplomáticos de que sea una descomposición y una violación de derechos humanos que seguiría las corrientes de la migración ilegal en América Latina", dijo Villegas, quien antes presidió la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
En el caso de los niños y niñas de Ecuador traídos a Venezuela, todos tuvieron que pasar por Colombia, lo que muestra que hay una mafia con conexiones y apoyos policiales y de otro tipo en tres países y parte de los menores explotados se quedarían en el primer tránsito.
Villegas consideró que, ante la posible indefensión de sectores de la infancia de diferentes países, es necesario promover una acción de cooperación regional para enfrentar el problema.
El diputado venezolano señaló que existe la idea de que los poderes legislativos de la región participen en develar las conexiones del delito del tráfico de menores para su explotación laboral y que en ese sentido realizará un planteamiento en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), del que es miembro.
El caso del tráfico ecuatoriano hacia Venezuela muestra, recordó, que la peor actitud cuando la protección de la infancia está por medio es aplicar "la política del avestruz" (esconder el problema), como sucedió hace 11 meses tras otra denuncia.
El cónsul de Ecuador en Venezuela, Luis Terán, fue desatendido cuando en febrero de 1997 denunció que cientos de niños ecuatorianos estarían en una situación de esclavitud en Venezuela y que parte de ellos serían forzados a trabajar como vendedores informales en dos grandes mercados de Caracas.
Villegas dijo que. aparte de negligencia, entre las autoridades ecuatorianas y venezolanas también se mostró la corrupción en sectores policiales y judiciales y las ganas de tapar el problema por parte de los dos gobiernos.
En ese sentido recordó que Terán fue temporalmente relevado de su cargo y que el ecuatoriano Antonio Chito, quien fue detenido entonces con seis niños que no eran familiares suyos cuando traspasaba la frontera hacia Colombia, fue liberado poco después.
Chito, según informó el comisario venezolano Nerio Réngifo, volvió a ser detenido, ahora en Caracas, al igual que un hermano suyo, como parte de las 10 personas adultas que cayeron por el momento en manos de la policía por su presunta participación en la explotación infantil.
Villegas indicó que otro elemento de reflexión colectiva para los poderes públicos de la región es que el tráfico descubierto tenía tres ingredientes:
Niños y niñas sacados de Ecuador con el permiso de quienes son responsables de ellos, así fuera bajo engaño, otros directamente secuestrados y traídos a la fuerza, y la existencia de una mafia con conexiones con autoridades de los dos países, incluidas las de identificación y documentación de los menores traficados.
Además, los hechos muestran un cóctel de delito, por un lado, y de miseria económica y social y de pérdida de valores y de esperanza, por otro, que se traduce no sólo en una red delictiva, sino en la violación de derechos humanos consagrados interncionalmente, como la protección de la infancia y la prohibición de la esclavitud.
Los niños y niñas rescatados en diferentes residencias de barrios pobres de Caracas proceden de la paupérrima comunidad indígena Jatarí Campesina, situada a unos 80 kilómetros de Quito.
María Marta y María Gladys, las primas que tras dos años de explotación lograron huir a fines de diciembre, arrojaron algunas luces sobre el caso, cuando tras ser acogidas por una familia se entregaron a la policía el martes, con la mediación de Villegas.
A cambio, los directivos de la policía judicial se comprometieron a actuar diligentemente para tratar de desmantelar toda la ramificación de la red, en una operación que Réngifo indicó a IPS que recien ha comenzado y en que se debe actuar con gran cuidado para proteger a las víctimas.
Las dos primas, ahora de 14 y 17 años, explicaron que sus padres las entregaron a los presuntos delincuentes después que éstos les aseguraron que recibirían unos 130 dólares anuales y que sus hijas obtendrían capacitación laboral, alimentación, vestido y una buena cama para dormir.
Pero en Caracas tenían que cumplir jornadas de vendedoras ambulantes por más de 12 horas y otras muchas tareas en los cambiantes lugares en que residieron, a cambio de dos empanadas de harina de maíz al día.
Terán eludió comentar la tardia razón que tuvo su denuncia, para no interferir con la investigación, después de que en febrero de 1997 alertó sobre el tráfico de niños y niñas de su país, que eran "explotados en condiciones de esclavitud".
Los cálculos policiales tras las primeras detenciones y rescates es que el tráfico ilegal operaba desde hace al menos cinco años. (FIN/IPS/eg/ff/hd/98
