El presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, dejará este martes el poder sin haber concretado su promesa de efectuar una "revolución moral" con la que se proponía aniquilar "la corrupción y la impunidad".
Reina, un defensor de los derechos humanos, no pudo en sus cuatro años de gobierno recoger las pruebas para encarcelar a los funcioanrios corruptos ni impulsar un Código de Etica.
Si bien a nivel institucional, se le reconoce el mérito de haber impulsado la desmilitarización de la sociedad, su intento de completar ese proceso se frenó luego de recibir dos atentados en 1995 y 1996.
Un informe proporcionado al diario estadounidense "The Miami Herald" revela que los atentados contra Reina fueron planificados por el ala más conservadora de las Fuerzas Armadas, en complicidad con el traficante de armas cubano Mario Delamico.
Los militares hondureños rechazaban la eliminación del servicio militar obligatorio por uno voluntario y educativo, así como el proyecto de Reina de quitarles el control de instituciones como la empresa telefónica y la marina mercante, entre otras.
Delamico, a su vez, obedecía a intereses de sectores de su país en el exilio que no veían con buenos ojos los "coqueteos" que en principio la administración Reina tuvo con el presidente cubano Fidel Castro.
Víctor Meza, analista político del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), dijo a IPS que "en los cuatro años de gobierno de Reina fueron más notorios los escándalos de corrupción y los enfrentamientos verbales con su opositor, el ex presidente Rafael Callejas (1990-94), que las acciones concretas para encarcelar a los verdaderos corruptos".
Callejas está sometido a cinco procesos por presuntos actos de corrupción, pero fue electo diputado y goza de inmunidad. Reina lo calificó como jefe de una "pandilla de pícaros" que robó en el país.
Los grupos de derechos humanos, que tuvieron grandes expectativas con la administración de Reina, expresaron en los últimos ocho meses un "desencanto".
"El presidente se cegó. Una vez yo le dije que era más factible que lo mataran a él una vez fuera del poder que a mí, que siempre he andado defendiendo los derechos humanos, pero no me hizo caso y sólo sonrió", confió a IPS Bertha Oliva, del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos.
Trece militares acusados de violación a los derechos humanos se mantienen prófugos presuntamente con ayuda de altos oficiales. Reina, que se jacta de ser el "comandante general" de las Fuerzas Armadas, no ha podido obligar a los jefes castrenses a entregar a sus subordinados.
A nivel macroeconómico, el mandatario deja el país en condiciones más estables de las que lo recibió en 1994. Al final de su administración bajó la inflación a 12,8 por ciento, redujo el déficit fiscal y las reservas internacionales suman unos 500 millones de dólares.
Pero no pudo cumplir su promesa de dar un "rostro humano" al ajuste económico. Tampoco construir las 70.000 viviendas que prometió entregar a las parejas jóvenes.
La pobreza durante la administración del "hombre del machete", como popularmente se le llamó por usar esa arma como símbolo para cortar las uñas a los corruptos, aumentó de 72 a 82 por ciento, según cifras oficiales.
Reina sostiene que las críticas que se le dirigen son "producto de envidias malsanas".
"La posteridad me hará justicia. La revolución moral que comencé ya nadie la puede frenar. El país está más limpio que antes", asevera.
En una de sus últimas intervenciones públicas, dijo que a veces es "necesario sacrificar lo importante para resolver lo urgente. Los procesos no pueden transformarse de la noche a la mañana".
A Reina -según él mismo confesó a un diario capitalino- le preocupa que la gente lo silbe o abuchee durante la ceremonia de entrega de la banda presidencial a su sucesor, Carlos Flores, también del Partido Liberal.
Flores no parece dispuesto a continuar con la "revolución moral" y habla de "una nueva agenda" de perdones y conciliaciones. (FIN/IPS/tm/dg/ip/98
