Las protestas en la capital de Guyana contra los resultados de las últimas elecciones presidenciales continuarán a pesar de la prohibición por un mes de manifestaciones y asambleas, advirtió la oposición.
La advertencia fue formulada por el líder del opositor Congreso Nacional del Pueblo (PNC), Desmond Hoyte, tras conocerse en la noche del lunes la prohibición que impusiera el flamante gobierno de Janet Jagan, del Partido Popular Progresista (PPP).
"Esta orden prohíbe las manifestaciones y reuniones, y la policía y fuerzas de defensa de Guyana la harán cumplir en todo su alcance en la ciudad de Georgetown", advirtió Sam Hinds, primer ministro designado y presidente del último gobierno del PPP tras la muerte en marzo de su antecesor, Cheddi Jagan.
"No hay forma alguna de que el gobierno pueda impedir nuestras protestas masivas contra las elecciones fraudulentas", replicó Hoyte. "La orden demuestra la inquietud del PPP. Es un acto de futilidad que generará mayor tensión en la sociedad", añadió.
Los analistas señalan que la orden equivale poco menos que a una declaración de estado de emergencia, la cual podría ser el próximo paso que tome el gobierno.
Desde que se anunció el resultado de los comicios del 15 de diciembre, multitudes iracundas atacaron negocios pertenecientes en su mayoría a ciudadanos de origen indio, considerados partidarios del gobernante PPP.
El apoyo del PPP proviene en gran medida del 51 por ciento de la población de unos 825.000 habitantes, de origen indio, mientras un 39 por ciento, de origen afro-guyanense, tendió a respaldar al PNC.
Ambos grupos mantuvieron violentos enfrentamientos en el pasado. En la década de 1960, unas 150 personas murieron en disturbios raciales y los incendios causaron pérdidas materiales por millones de dólares.
Miles de personas abandonaron el país hacia Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde entonces, la tensión entre las dos comunidades sigue en pie.
Los disturbios y los saqueos, así como los ataques físicos contra los ciudadanos, se intensificaron este lunes dos horas después de que la jueza Desirée Bernard decidiera que los tribunales no pueden cuestionar la designación del presidente luego de que la Comisión Electoral proclamó al ganador.
El fallo de Bernard respondió a la solicitud del PNC de confirmar si el presidente de la Comisión Electoral, Doodnauth Singh, había actuado dentro de la ley al declarar a Janet Jagan ganadora de las elecciones cuando aún faltaba el escrutinio de más de 60.000 votos.
Singh defendió su actitud y explicó que, con una ventaja de 45.000 votos en el momento del anuncio, no había forma de que el PNC lograra superar al PPP.
El PNC también cuestionó lo que calificó de juramento en secreto de la presidencia por parte de Jagan, ante Singh y el jefe judicial, Cecil Kennard, el 19 de diciembre.
Pero la jueza descartó ambos pedidos y señaló que la Constitución de 1980 establece en forma específica que "ninguna cuestión relativa a la validez de la elección del presidente será considerada por tribunal alguno".
Hinds anunció por los medios de comunicación la prohibición de las protestas por lapso de un mes y advirtió que la policía y los militares tomarán las medidas para asegurar su cumplimiento, mientras la televisión mostraba imágenes de personas golpeadas, multitudes corriendo por las calles y vidrieras destruidas.
"Estos acontecimientos nos entristecen y aun cuando adoptamos fuertes medidas para restaurar la ley y el orden, apelamos a los líderes para que demuestren el tipo de madurez que la nación merece y espera de ellos", manifestó Hinds.
No obstante, algunos analistas creen que Hoyte seguirá desafiando la orden y es poco probable que las protestas lleguen a su fin.
"Frente a la prohibición, Hoyte deberá lanzarse a la calle. No puede retroceder y la situación nos puede conducir a la anarquía", afirmó el ex director de la Facultad de Ciencia Política y Derecho de Guyana.
Mientras, existen indicios de que partidarios de los dos principales partidos están fuertemente armados.
El precio de las granadas se duplicó en los últimos días hasta llegar a 133 dólares la unidad y se teme que a medida que las protestas se intensifiquen se produzcan ataques contra las fuerzas de seguridad y otros grupos. (FIN/IPS/tra- en/bw/cb/aq-ml/ip/98
