La ratificación de un acuerdo de patentes y propiedad intelectual suscrito en 1993 con Estados Unidos volvió al centro del debate en Ecuador, tras el anuncio de que Washington tomaría sanciones comerciales.
El embajador de Estados Unidos en Quito, Leslie Alexander, dijo que Ecuador podría ser objeto de represalias por el incumplimiento del acuerdo de patentes y propiedad intelectual, ya que hasta el momento el documento no cuenta con la ratificación del parlamento de este país andino.
Esas sanciones, manifestó el embajador la semana pasada, consistirían en el retiro de ciertos productos exportables de Ecuador del sistema andino de preferencias comerciales, que benefician a los cinco países de la subregión (Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú).
Ese sistema fue diseñado para estimular a las naciones andinas a evitar la siembra de coca y otros productos similares, otorgando facilidades de exportación a los productores locales.
A mediados de 1997 Alexander realizó una declaración similar que provocó airadas reacciones en diversos sectores políticos y sociales ecuatorianos.
Sin embargo, en esa ocasión el gobierno de Ecuador se comprometió a someter a revisión el acuerdo de patentes para su aprobación parlamentaria.
Actualmente, el Congreso analiza el proyecto de ley, que sustituiría al polémico acuerdo.
Según el legislador Napoleón Saltos, del movimiento indigenista Pachakutik, la nueva versión del acuerdo "aún contiene un sinnúmero de observaciones".
Según Saltos, el acuerdo "se ha convertido en un asunto político en el que el embajador estadounidense ha actuado sin tacto".
La actitud de Alexander "es un poco prepotente", dijo Patricio Izurieta, representante de Ecuador ante ese la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Según Izurieta, ex subsecretario económico de la Cancillería, el gobierno ecuatoriano ha realizado "notables esfuerzos por cumplir o por tener una legislación adecuada a la norma internacional" y el proyecto de ley que debate el parlamento lo demuestra.
Según Antonio Cobo, subsecretario de Industrias, el nuevo texto "ontiene todas las observaciones realizadas por los parlamentarios y las organizaciones sociales y contará con el visto bueno de las autoridades comerciales de Estados Unidos".
Sin embargo, para el analista económico y editorialista del diario El Comercio de Quito Washington Herrera, el convenio bilateral contiene "disposiciones más exigentes que las que rigen en la OMC y en la Comunidad Andina, por lo que el Congreso con razón no lo ha ratificado".
Ecuador fue el único país sudamericano que "cometió la ligereza de firmar inconsultamente un acuerdo bilateral que da demasiada protección a las patentes de invención, pues reconoce la retroactividad para las patentes norteamericanas, en contraposición a los principios de la legislación ecuatoriana", consideró.
Asismismo, el convenio "no protege a la biodiversidad amazónica cuando quiere patentar las propiedades de seres vivos como las plantas", agregó.
La protección a la biodiversidad es uno de los argumentos que más han pesado entre los parlamentarios, debido a la posición contraria de las comunidades indígenas.
Jamaica, Trinidad y Tobago y Nicaragua son los otros países de América Latina que suscribieron un acuerdo similar con Estados Unidos.
Alejandra Oña, especialista en derecho comercial, comentó a IPS que las declaraciones de Alexander "deben ser entendidas como un instrumento de presión y nada más".
A Washington, hasta ahora, la política de sanciones comerciales contra terceros países "le ha resultado un mal negocio", consideró la experta.
De 1993 a 1996, el gobierno de Estados Unidos recurrió a acciones de ese tipo en 61 ocasiones contra 35 países.
Las sanciones comerciales se convirtieron así en uno de los vértices de la política externa de Estados Unidos, pues con ellas intentó resolver problemas de diversa naturaleza, como democratización, narcóticos, derechos humanos y estabilidad política, indicó Oña.
Según datos del Consejo de Exportaciones de Estados Unidos, en 1995 ese país dejó de percibir unos 17.000 millones de dólares en exportaciones y se perdieron unos 250.000 puestos de trabajo a causa de sanciones comerciales a terceros países.
El pasado fin de semana, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Stuart Einzenstat, dijo que la administración del presidente Bill Clinton es consciente de la necesidad de un cambio en la política de sanciones, por lo que se ha decidido establecer un equipo especializado en el tema.
Ese equipo trabajará bajo nuevos lineamientos que contemplan la utilización de todos los recursos diplomáticos antes de aplicar sanciones.
"Las sanciones multilaterales pueden ser más efectivas que las rigurosas medidas unilaterales empleadas por Estados Unidos", comentó Einzenstat.
Por otra parte, cuando el gobierno decida aplicar una sanción intentará que la población civil del país afectado reciba el menor impacto, concluyó. (FIN/IPS/mg/dg/if/97
