Presuntas discrepancias económicas y de procedimiento han puesto en peligro la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para la constitución del Centro Multilateral Antidrogas (CMA) en las riberas del canal.
El canciller panameño, Ricardo Alberto Arias, informó a fines de diciembre que ambos países habían llegado a un principio de acuerdo y que solo restaba traducir el documento del inglés al español para proceder a su firma.
Sin embargo, funcionarios de los dos países afirmaron en las últimas horas que aún quedan puntos muy importantes por negociar para que el acuerdo sea firme.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, William Hughes, dijo que todavía no se ha aclarado, entre otros puntos, la forma en que se van a dividir los gastos del CMA, cuyos equipos para el rastreo y detección de aviones y barcos usados para el tráfico de drogas en la región serán provistos por Washington.
"No ha habido un acuerdo final, ya que hemos hablado en terminos de principios generales y no específicos", dijo Hugues al afirmar que las negociaciones continúan.
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad y Militares, Thomas McNamara, visita a Panamá desde este domingo para afinar los acuerdos, informó el miércoles el diario El Panamá América.
El presidente Ernesto Pérez Valladares manifestó a la bancada oficialista que el acuerdo no se firmará sin la participación de otros países, informó la diputada Balbina Herrera, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La iniciativa para fundar un centro multilateral antidrogas en una de las bases que militares de la zona del canal que Estados Unidos devolverá a Panamá el 31 de diciembre de 1999, como establecen los tratados de 1977, fue presentada en 1996 por Pérez Balladares a Washington y otros gobiernos de la región.
Herrera dijo que los acuerdos logrados entre Panamá y Washington "tendrían que ser refrentados al menos por cuatro países" de la región para que el CMA sea realmente multilateral, de acuerdo con la posición de Pérez Valladares.
Representantes de Brasil, Colombia y México se reunirán este lunes con el canciller Arias y McNamara, anunció El Panamá América. Luego, habría una reunión con funcionarios de Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Todos estos países manifestaron interés en participar en el CMA.
Los detalles del acuerdo no fueron revelados de forma oficial, pero trascendió que las operaciones del CMA estarán a cargo de unos 2.000 militares estadounidensens y que su dirección estaría al mando de un junta civil presidida por Panamá.
Los gastos de salarios y viviendas de los funcionarios que asignen al CMA serían solventados por los países participantes. La controvertida extraterritorialidad que solicitó Estados Unidos para sus ciudadanos regiría solo dentro del perímetro de la institución.
Los delitos y faltas administrativas cometidas por funcionarios extranjeros asignados al CMA dentro de territorio jurisdiccional panameño serán sancionados de acuerdo con las leyes del país, según una versión dada a conocer por El Panamá América.
Además de las discrepancias sobre el acuerdo, sectores opuestos a la presencia militar estadounidense en Panamá incrementaron sus críticas y amenazas de protestas contra el CMA.
El político independiente y ex director del influyente diario La Prensa, Roberto Eisenmann, señaló el martes que la categoría multilateral que Estados Unidos y Panamá le han adjudicado al CMA "es una falacia" para justificar la presencia militar de Estados Unidos en el canal luego de 1999.
"Decir que la guerra contra el flagelo de las drogas es militar y que requiere la acción conjunta de los militares de América en Panamá para ganarla es una falacia ya comprobada por los hechos", acotó Eisenmann.
"El CMA será permanente causa de conflicto, algo que deberían tratar de evitar Estados Unidos y Panamá al acercarnos a la histórica fecha de la transferencia del canal", pronosticó.
En cuanto a la adhesión de terceros países del área al CMA, Eisenmann preguntó a los mexicanos, venezolanos y brasileños si "aceptarian en su territorio el ingreso semipermanente de miles de militares norteamericanos con la justificación de la lucha contra la droga".
La respuesta negativa "no se haría esperar", dijo. Los gobiernos de la región interesados en adherirse al CMA deberían pensarlo bien "antes de desgraciar sus relaciones con este pueblo", agregó.
Más de 40 organizaciones populares convocaron una manifestación para este viernes en protesta contra la prolongación de la presencia militar estadounidense en Panamá.
El portavoz de las organizaciones, el sacerdote Conrado Sanjur, afirmó que se oponen a la firma del acuerdo porque "en realidad lo que se pretende es establecer una base militar disfrazada" cuando proscriban los tratados del canal en 1999. (FIN/IPS/sh/mj/ip/98
