El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Mario Hung Pacheco, y otros dos altos oficiales fueron acusados el miércoles 14 ante la justicia de haber participado en la desaparición del dirigente estudiantil Roger González, ocurrida el 19 de abril de 1988.
La denuncia fue formulada por el no estatal Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), que presentó una serie de pruebas documentales.
Junto al máximo jerarca castrense se acusa también al ex jefe de las Fuerzas Armadas, general Humberto Regalado Hernández, y al actual comandante del Ejército, coronel Luis Alonso Villatoro Villeda.
El presidente del CODEH, Ramón Custodio, dijo en rueda de prensa que los tres militares son responsables directos de la desaparición de González, capturado días despúes de haberse incenciado la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Custodio presentó a los periodistas una carta en la que el general Regalado instruía a su subordinado Hung Pacheco para que trasladara al estudiante al Batallón de Contrainteligencia 3-16, a cargo del coronel Alonso Villatoro.
En esa época, el actual jefe de las Fuerzas Armadas fungía como comandante de los Cuerpos Especiales de Seguridad de la Policía, conocidos como "Cobras", ante los cuales los grupos de derechos humanos habían formulado un pedido de hábeas corpus a favor del estudiante desaparecido.
En el oficio número 932 del 21 de abril de 1988, el general Regalado comenta a Hung Pacheco que "fuentes de inteligencia del Comando en Jefe" tomaron conocimiento de la petición en beneficio del "agitador de masas" González.
"En vista de lo anterior, se recomienda trasladar de inmediato de esa Unidad a dicho sujeto y ponerlo a disposición del Departamento de Contrainteligencia y coordinar con el teniente coronel Luis Alonso Villatoro la manera más discreta de efectuar la operación", señala la carta.
"Esta nota es una evidencia palpable del grado de implicación de estos tres oficiales en la desaparición de Roger González, que en principio aceptaron tener en su poder y despúes negaron atribuyendo el hecho a un lapsus mental", señaló Custodio.
González, según los registros del CODEH, fue el último de los 187 casos de desapareciones por causas político-ideológicas en Honduras durante la década de los ochenta, cuando el país fue sometido a una sistemática violación de los derechos humanos.
Esta es la tercera acusación del mismo tipo efectuada contra Hung Pacheco. Todas fueron interpuestas por el CODEH, que le sigue la pista al jefe castrense luego que éste se proclamara como "líder renovador" de las Fuerzas Armadas.
Custodio indicó que espera que los tribunales de justicia actúen en este caso para demostrar "su interés de enterrar la impunidad. De lo contrario, será el juicio de la historia quien juzgará sus acciones".
Las Fuerzas Armadas han negado siempre participación alguna en el caso de los desaparecidos políticos.
González era un estudiante de un instituto técnico de secundaria y fue secuestrado en pleno centro de Tegucigalpa por una mujer y dos miembros del Batallón de Contrainteligencia 3-16, un escuadrón de la muerte al que se atribuye la mayoría de las desapariciones forzadas en el país.
Un informe oficial acusa también a militares argentinos y a miembros de la Agencia la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) de haber asesorado a los uniformados hondureños en métodos represivos.
A un pedido de la justicia del país centroamericano de desclasificar informes, la CIA respondió enviando documentos borrosos e ininteligibles.
Por el caso de los desaparecidos, 10 militares, activos y en retiro, se encuentran prófugos de la justicia desde hace más de un año, en tanto uno guarda prisión en una cárcel de la sureña ciudad de Choluteca.
La acusación contra Hung Pacheco y los dos oficiales se produce en momentos en que se conmemora el octavo aniversario de los asesinatos del vicepresidente del CODEH Miguel Angel Pavón y del maestro Moisés Landaverde por presuntos militares en la ciudad de San Pedro Sula. Los crímenes siguen impunes. (FIN/IPS/tm/dg/ip- hd/98
