La fiscalía general de Trinidad y Tobago considera el retiro del país de dos organismos internacionales para acelerar la ejecución de prisioneros condenados a muerte, mientras grupos de derechos humanos mantienen silencio.
El fiscal general, Ramesh Maharaj, indicó que está "estudiando la ruta tomada por Jamaica" en el tema de los planes para los prisioneros que aguardan en el pabellón de la muerte.
En octubre, Jamaica anunció que planificaba retirarse como miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, para poder hacer frente a atrasos en la ejecución de las condenas.
Trinidad y Tobago es miembro del Comité de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El recurso a estas instituciones es rutinariamente utilizado por prisioneros sentenciados a muerte en un intento por escapar a la horca.
Pero Maharaj se ha quejado de que las peticiones a ambas instituciones han sido utilizadas como forma de evitar un límite de dos años sobre las ejecuciones después de cualquier sentencia.
El plazo fue impuesto por el British Privy Council, corte suprema de países de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), el que, en varias sentencias sobre juicios, incluyendo la conocida apelación Pratt y Morgan, describió los retrasos en las ejecuciones como crueles e inhumanos.
En 1994, el Privy Council conmutó a prisión perpetua las sentencias a muerte de Earl Pratt e Ivan Morgan, sosteniendo que pasar más de cinco años en el pabellón de la muerte representa un castigo cruel.
La Comisión Interamericana tiene 14 peticiones de prisioneros condenados a muerte, y otros dos intentan que sus sentencias se conmuten a través del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Si estas solicitudes no hubieran sido presentadas, entre noviembre y diciembre habría habido unos seis ahorcamientos, dijo una fuente que pidió el anonimato.
Maharaj, ex abolicionista y presidente de una extinta organización de derechos humanos en Trinidad y Tobago, afirma estar comprometido a que se lleven a cabo las sentencias, y creó una unidad especial en su ministerio para acelerar los ahorcamientos.
"Maharaj era uno de los más destacados promotores de los derechos humanos hace unos dos años atrás, pero desde su designación (como fiscal general en 1996), se escabulló silenciosamente de la Oficina de Derechos Humanos", afirmó el abogado Subhas Panday.
En octubre, el gobierno impuso un plazo de ocho meses para audiencias de apelaciones de penas de muerte ante los dos organismos internacionales. Maharaj, no obstante, sugirió que el recurso pronto podría ser cosa del pasado.
Reconocido abolicionista, Denis Solomon afirma que el parlamento "debe insistir sobre ser consultado" en este asunto.
"Están todas las razones para creeer que la aprobación requerirá una mayoría de dos tercios, dado que la propuesta privaría a los ciudadanos de un derecho existente", sostuvo Solomon.
"De lo contrario, estará dada la base para una moción constitucional que restrinja al gobierno de retirarse de los tratados sin esa aprobación", pronosticó.
En 1996, el gobierno había intentado enmendar la constitución para quitar a la corte el derecho a otorgar suspensiones de ejecuciones sobre mociones constitucionales relacionadas a la implementación de la pena de muerte.
La medida fracasó porque el gobierno de Basdeo Panday no recibió el respaldo del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM).
Según el diario "Independent", los planes del gobierno deben ser vistos con cierta preocupación.
"La declaración del fiscal general se produjo en un momento en que el gobierno proclamó abiertamente su intención de un mayor control sobre marchas y demostraciones e introducir una ley de control de los medios de comunicación, a los cuales es hostil desde que asumió el poder", dijo el diario.
Las informaciones sobre la medida también se producen en momentos en que el gobierno enfrenta a varios grupos sobre una enmienda propuesta a la Ley de Ofensas Sumarias del país, la cual, entre otros, fija restricciones a las demostraciones públicas.
La ex ministra de Deportes del gobierno entre 1986 y 1991 de la Alianza para la Reconstrucción Nacional (NAR), Jennifer Johnson, quien en 1995 hizo campaña electoral por el Congreso Nacional por la Unidad (UNC), dijo que dejó el partido y se sumó al UNC debido a esas maniobras.
"Comenzó con los medios y la forma en que eran tratados los individuos en los medios", dijo Johnson. "Esto fue en las primeras etapas, y la bandera roja siguió en alto. Ahora quieren enmendar la ordenanza para restringir aún más a las personas en su expresión".
El presidente de la Unión de Libertades Civiles, Ramdeo Sampat- Mehta, advirtió que el retiro de los comités de la ONU e interamericano podría ensombrecer la imagen de Trinidad y Tobago en el exterior.
"Por favor mi amigo", escribió a Maharaj en la columna de un diario, "tenga en cuenta la decisión Morgan y Pratt, sin cambiar desastrosamente la imagen internacional de nuestro país como amante de la paz y garante de los derechos civiles y humanos por la de una nación cruel, sedienta de sangre, que cuelga a personas sin un corazón para los derechos humanos".
Maharaj prometió hacer nuevas y más profundas declaraciones de sus puntos de vista en las próximas semanas. (FIN/IPS/tra- en/hr/wg/cb/lp/ip-hd/98
