El ex presidente blanco de Sudáfrica Pieter W. Botha será acusado ante la justicia por no brindar su testimonio a la Comisión de Verdad y Reconciliación que investiga los crímenes del apartheid.
El fiscal general de Ciudad del Cabo, Frank Kahn, informó que Botha deberá comparecer el día 23 ante una corte de George, su ciudad natal y capital regional a la que el ex primer ministro representó durante 30 años en el parlamento.
"Fue una decisión difícil y no fue tomada a la ligera", dijo Kahn cuando un periodista le recordó en conferencia de prensa la mala salud del ex gobernante, que cumplirá 82 años el día 12.
"La consideración de las circunstancias personales de Botha pesaron mucho. Creo que ningún fiscal general en ningún país civilizado decidiría con agrado acusar a una persona de tan avanzada edad y estado de salud", agregó el magistrado.
Pero el fiscal analizó "los documentos policiales sobre los que la Comisión de Verdad y Reconciliación pretendía hacer su interrogatorio" y decidió luego "la acusación requerida por la ley y el interés público", agregó.
Botha, uno de los dos presidentes sobrevivientes de la era del apartheid, gobernó entre 1984 y 1989, cuando entregó el poder a Frederik W. de Klerk, quien luego desproscribió los movimientos políticos negros y liberó a Nelson Mandela de su prisión en febrero de 1990.
De Klerk fue el encargado de poner fin al apartheid, régimen de segregación racial institucionalizada que rigió en Sudáfrica.
Botha podría ser acusado por no comparecer en persona a la Comisión, por impedir su actividad y por despreciar ese ámbito de investigación. La legislación que creó la Comisión, que no es un órgano judicial, establece grandes multas y hasta dos años de prisión para quien cometa esos delitos.
El ex presidente, como es acusado por tres, podría sufrir una condena de seis años.
Esta es la tercera vez que Botha evita decir a la Comisión país cuál era su objetivo cuando creó el Consejo de Seguridad del Estado (SSC). En la primera oportunidad, se excusó por estar convaleciente de una operación de cadera. Luego, su abogado lo libró de comparecer a través de un tecnicismo.
Luego, el abogado Ernst Penzhorn informó a la Comisión a través de un fax en diciembre que Botha no estaba obligado a brindar su testimonio porque su cliente creía que el objetivo no era obtener información sino abusar de él y humillarlo ante el público.
El presidente de la Comisión, Desmond Tutu, furioso por la actitud de Botha, acusó al ex presidente ese mismo día. Hasta entonces, dijo, el organismo había hecho todo lo posible para evitar un enfrentamiento.
El SSC fue el círculo de jefes de seguridad e inteligencia que lanzó el "ataque total" contra los movimientos negros de liberación.
Botha argumentará que "ya cumplió su promesa al suministrar a la Comisión unas 2.000 páginas como respuesta a sus preguntas", especuló el investigador en derechos humanos André Prinsloo.
Los abogados recordarán que "él también se negó a contestar otros cuestionarios por escrito, por lo que cualquier interrogatorio personal sería un intento de humillarlo en público", manifestó Prinsloo.
La educadora Ingrid Ahlens afirmó que Botha "ya entregó la documentación escrita". "¿Qué más quiere la Comisión?", se preguntó.
Por otra parte, el columnista del semanario Sunday Independent Mandla Langa cree que lo sorprendente no es la negativa de Botha a participar en las audiencias de la Comisión sino el orden en que sucedieron los acontecimientos.
"Debió ser convocado mucho antes, cuando se interrogó a los militares, pues él ha sido el hombre que ordenó los disparos en la hora más oscura de nuestra historia", dijo Langa. La activista comunitaria Sharon Nunes, por su parte, cree que Botha no debe ser excusado de comparecer.
"La Comisión interrogó sin piedad a Winnie Madikizela Mandela durante nueve días. ¿Por qué Botha, bajo cuya presidencia se vieron las formas más graves de represión, podría evitarlo?", se preguntó. (FIN/IPS/tra-en/jb/kb/mj/hd ip/97