El Comité de los Derechos del Niño se sumó a la lista de organismos y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que cuestionan la aplicación de embargos y sanciones económicas unilaterales o multilaterales.
En su primer período anual de sesiones, concluído el viernes, el Comité dictaminó que el embargo aéreo impuesto a Libia por el Consejo de Seguridad de la ONU, ha causado perjuicios a la economía del país árabe y en especial a la población infantil.
Por primera vez desde la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en septiembre de 1990, el Comité encargado de velar por su aplicación se ocupó de los efectos que los embargos y bloqueos económicas ocasionan a la infancia.
En julio, el mismo Comité había ignorado la situación de Cuba, bloqueada económicamente por Estados Unidos, a pesar de que la delegación caribeña expuso las dificultades que esa represalia ocasiona.
En cambio, esta vez los 10 expertos independientes miembros del Comité escucharon la queja de Salem Quateen, director del Departamento de Asuntos Legales y de la Convención del Comité General del Pueblo para Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Libia.
Quateen dijo que los niños de Libia sufren debido al embargo que la ONU impone al país. Esa medida, sostuvo el funcionario, impide a los niños libios el goce pleno de sus derechos importantes y esenciales.
En respuesta, el Comité observó que la imposición de embargo aéreo a Libia por parte del Consejo de Seguridad de la ONU ha afectado en forma adversa la economía y muchos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos de ese país.
El dictamen del Comité coincidió con el informe del gobierno de Libia, que denunció el embargo como obstáculo al ejercicio del derechos a la salud y la educación de la población.
Bajo acusación de terrorismo, el Consejo de Seguridad impuso en marzo de 1992 a Libia un embargo de armas y la prohibición de vuelos internacionales y ordenó la reducción del personal diplomático libio en el exterior.
Una resolución posterior del mismo cuerpo, de noviembre de 1993, endureció las sanciones al ordenar la congelación de fondos y recursos financieros libios en otros países y prohibir el suministro a Libia de equipos para refinación y transporte de petróleo.
Las medidas fueron promovidas por Estados Unidos y Gran Bretaña, que responsabilizaron a Libia del atentado que en 1988 destruyó un avión de la aerlínea Panam sobre Lockerbie, Escocia. En el episodio murieron 270 personas, de las cuales 189 eran estadounidenses.
Otros organismos de la ONU ya habían criticado anteriormente las sanciones que el mismo foro mundial ha impuesto a Iraq.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU lamentó en noviembre los efectos entre la población iraquí el embargo dictado por el Consejo de Seguridad después de la Guerra del Golfo, de 1991.
En el plano económico, el Comité de Derechos del Niño se había limitado hasta ahora a examinar los efectos de las políticas internas sobre la población infantil.
El Comité reclama en forma habitual a los estados partes que cumplan con las disposiciones de la Convención que comprometen a tener en cuenta el interés superior de los niños en el momento de aprobar las políticas económicas y las partidas presupuestarias.
En un estudio sobre las modalidades de trabajo del Comité, el experto Yuji Hirano, de la Federación para la Protección de los Derechos del Niño de Japón, destacó que los miembros del cuerpo demandan a los estados la aplicación de los derechos económicos "hasta el máximo de los recursos de que dispongan".
En las audiencias con cada Estado, los integrantes del Comité preguntan sobre los porcentajes de los presupuestos destinados al bienestar de la infancia, como los de salud y educación, y piden comparaciones con el gasto militar y otros rubros presupuestarios.
Hirano observó que el Comité recuerda a los delegados gubernamentales que deben aplicar el llamado "principio 20/20", que aconseja la inversión en el sector social de 20 por ciento de la cooperación internacional y de una proporción semejante de recursos nacionales.
Pero a pesar de la crítica al embargo, el informe final del Comité incluyó también recomendaciones dirigidas al gobierno libio para que adapte la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Comité demandó a Libia que elimine el uso del término "hijo ilegítimo", en referencia a los nacidos fuera del matrimonio, de toda legislación, política, programas, normas e instrucciones administrativas dictadas por el estado.
El organismo de vigilancia mostró también preocupación por el aumento de la desnutrición crónica o raquitismo y de la diarrea en el país árabe y demandó la adopción de medidas para prohibir los castigos corporales en el hogar.
El Comité examinó así mismo la aplicación de la Convención en Irlanda y en la Federación de Estados de Micronesia.
La segunda de las tres sesiones anuales del Comité se realizará del 18 de mayo al 5 de junio, para analizar los informes de Hungría, Corea del Norte, Fiji, Japón, Maldivas y Ecuador. (FIN/IPS/pc/ff/ip hd/98
