Comenzó en Colombia el tercer período de gobierno de alcaldes de elección popular, que gobernarán hasta el 2000 en medio de amenazas de la guerrilla y de los paramilitares.
En un clima de tensa calma fueron investidos esta semana en la mayoría de los 1.071 municipios del país los alcaldes elegidos el 26 de octubre. El relevo de autoridades no se cumplió en 70 localidades, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En 57 municipios, los actuales alcaldes no han finalizado su periodo de gobierno de tres años. En el resto, el factor determinante de la postergación del cambio de autoridades fue la acción de la guerrilla y de los paramilitares, que recurrieron a la intimidación para boicotear los comicios de octubre y lograr la renuncia de candidatos.
Las zonas suroeste, central y sudoriental fueron afectadas por la abstención por intimidación. Siete municipios de los departamentos de Putumayo, Cauca y Meta deberán esperar la decisión gubernamental de realización de elecciones con garantías mínimas de seguridad.
Mientras, el insugente Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene secuestrados a los alcaldes electos en los municipios de El Carmen, San Calixto y Arboledas, del oriental departamento de Norte de Santander.
En el norte del país, los candidatos triunfantes en los municipios de Cogua y San Jacinto fueron asesinados después de las elecciones. Fuentes militares responsabilizaron a los guerrilleros en un caso y a los paramilitares en el otro.
Así mismo, Gilberto Marín, elegido alcalde de la población de El Castillo, en el central departamento del Meta, renunció a su cargo en carta al presidente Ernesto Samper.
"Los dos votos obtenidos no me habilitan para ejercer" y "no hay condiciones de seguridad para cumplir mi labor", argumentó Marín en su carta de renuncia.
La nueva Ley de Orden Público, promulgada por Samper el 26 de diciembre, confiere facultades a los gobernadores de cada departamento para nombrar funcionarios encargados en las alcaldías en caso de secuestro y convocar a nuevas elecciones en las demás circunstancias.
Carlos Sánchez, presidente del Consejo Nacional Electoral, explicó que "el plazo para el alcalde que decida no posesionarse es de 10 días". En ese caso, el gobernador designa un alcalde provisional "hasta que se de la convocatoria a nuevas elcciones en un plazo de tres meses".
Los comicios de octubre fueron seguidos de una batalla legal en varias localidades, por la impugnación de resultados. Pero la Registraduría confirmó en todos los casos el fallo de las urnas.
El ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, aseguró que el proceso de asunción de los mandatarios municipales fue "normal" y descartó por ahora la posibilidad de nombramiento de alcaldes militares en zonas de conflicto armado.
Echeverry dijo a IPS que "la decisión de nombrar alcaldes militares está en manos de los gobernadores" y de momento "no tengo ninguna consulta para designarlos". El Ministerio de Defensa debe dar su aval a esa decisión.
El discurso de los nuevos alcaldes estuvo enmarcado en general por intenciones de paz y promesas de bienestar y desarrollo para sus localidades.
En la capital, Santafé de Bogotá, asumió el liberal Enrique Peñalosa, quien señaló entre las prioridades de su gestión el combate a la inseguridad pública. Agregó que utilizará "toda la autoridad con que está investido el alcalde".
Peñalosa fue elegido por una coalición de los partidos Liberal y Conservador, que vuelven a controlar la administración local después del mandato de los independientes Antanas Mockus y Paul Bromberg, célebres por sus campañas de "educación ciudadana".
En tanto, el sacerdote Bernardo Hoyos y el abogado Nicolás Curi comenzaron su segundo mandato consecutivo en Barranquilla y Cartagena, respectivamente, dos ciudades del norte, y Juan Gómez fue reelegido en Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.
Hoyos contó con la ayuda de santeros cubanos para realizar lo que el llamó "el exorcismo" del edificio municipal, que permitirá sacar "los malos espíritus" que estancan, a su modo de ver, "la pujanza y competitividad de Barranquilla".
Barranquilla, ciudad portuaria e industrial, fue escogida para la implementación de un plan de paz de tres años por Samper y el nuevo gobernador del departamento del Atlántico, Rodolfo Espinosa.
En cuanto a Gómez, del opositor Partido Conservador, identificó el desempleo y el ingreso de campesinos desplazados por la violencia como los principales problemas de Medellín.
Al menos 2.500 familias expulsadas por la violencia de la zona bananera de Urabá se establecieron en 1997 en Medellín.
Por su parte, el nuevo alcalde de la suroccidental ciudad de Cali, Ricardo Cobo, también conservador, manifestó a IPS su preocupación ante el estigma que arrastra su localidad a causa "del denominado cartel de las drogas de Cali".
Pese a todo problema, el liberal Rodrigo Rivera, presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados, se declaró en entrevista con IPS "satisfecho y optimista" con el comienzo de la gestión de las nuevas autoridades municipales.
Rivera destacó que se han integrado equipos de trabajo competentes "lo que será un sello de garantía" para el análisis de laas dificultades a anfrentar y para lograr la paz. (FIN/IPS/mjl/ff/ip/98
