Brasil se convirtió en un vasto campo de pruebas para plantas transgénicas, ante una débil resistencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) que reclaman mayor seguridad ambiental y sanitaria en esa área.
Maíz, soja, algodón, tabaco y caña de azúcar modificados genéticamente ya son cultivados en decenas de áreas experimentales autorizadas por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio). El objetivo es comprobar la factibilidad de su cultivo comercial dentro de dos años.
Algunas ONG tratan de contener ese avance, o al menos promover un mayor debate en el país sobre los riesgos ambientales y de salud involucrados en esa siembra y en el consumo de los alimentos así producidos.
La senadora Marina Silva, representante de Acre, un estado amazónico de tradición ambientalista, propuso una moratoria de dos años, para que se discuta mejor el asunto y se hagan los estudios que permitan asegurar protección a la salud pública.
Falta una comprobación conclusiva de que los organismos genéticamente modificados no hacen daño a la salud humana, por eso preocupa que esa nueva tecnología se vaya implantando en un país "poco organizado para acompañar incluso cosas más simples", señaló Marilena Lazzarini.
Directora del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), Lazzarini integró la CTNBio durante un año, hasta principios de 1997, pero la dejó por varias discrepancias.
La CTNBio, vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, controla, autoriza o prohibe proyectos biotecnológicos en el país. Entre sus miembros se incluyen expertos de universidades y un representante de los consumidores, ahora limitados a una organización de Belém, en el norte del país.
La Comisión delibera en base a conocimientos científicos muy especializados y complejos, dejando en "situación delicada" a la representación "laica" de los consumidores, que avalan decisiones sin poder hacer consultas técnicas previas, dijo Lazzarini al explicar los motivos de su renuncia.
"Era una trampa", resumió, y defendió una mayor representación independiente, no gubernamental, de la comunidad científica y del movimiento ambientalista para un mayor equilibrio de la Comisión.
El IDEC apoya proyectos en el Congreso que buscan obligar a las empresas a incluir letreros en sus productos, advirtiendo que son hechos con granos u otros vegetales transgénicos. Esto ya se hace en países europeos y "es estratégico para despertar la atención del público sobre el asunto", dijo Lazzarini.
"Temor" es la reacción de David Hathaway, economista y consultor de una ONG dedicada a promover alternativas agrícolas, ante los campos experimentales que proliferan en Brasil y pronto se convertirán en siembras comerciales.
Su acción actual busca estimular un debate sobre el tema en Brasil, "donde la mayoría de la población, incluyendo parlamentarios, desconocen la cuestión", aseguró.
Hathaway teme por efectos ambientales de las siembras transgénicas. Las áreas experimentales sólo cumplen "una formalidad" legal, sin preocuparse de la seguridad ni de evaluar los riesgos de salud humana, sostuvo.
Un ejemplo es que los campos de maíz están separados de otras siembras por una franja de sólo 200 metros. Experimentos de mejora genética exigen el doble de esa distancia, para evitar riegos, observó.
La modificación genética en el maíz, la soja y el tabaco buscan hacerlos más resistentes a insectos y virus, o tolerantes a herbicidas, para que se puedan utilizar algunos agrotóxicos en sus siembras.
Si los genes se transfieren a otras variedades o especies de plantas, éstas pueden hacerse inmunes a sus depredadores naturales y convertirse en "invasoras", con daños al medio ambiente, dijo Hathaway.
La organización ambientalista internacional Greenpeace intentó inútilmente en diciembre impedir el desembarco de un cargamento de soja transgénica importada para la producción de aceite.
Greeenpeace combate esos productos por considerar que "se desconocen aún sus efectos, ya que no son conocidas todas las funciones de los genes". Vacas alimentadas con esa soja produjo una leche con más grasa, un resultado imprevisto, argumentó su director ejecutivo en Brasil, Roberto Kishinami.
El presidente del CTNBio, Luiz Barreto de Castro, asegura que no hay tales riesgos. La Comisión sigue las decisiones de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que se considera muy rigurosa y liberó la producción de varios transgénicos.
La resistencia más fuerte a esas innovaciones tiene lugar en Europa. En parte por eso las empresas transnacionales como Monsanto, AgrEvo (asociación entre Hoechst y Schering) y Novartis expanden sus experiencias en América Latina, según Jean Pierre Leroy, dirigente del Foro de ONG ambientales de Brasil. (FIN/IPS/mo/ag/sc-he/98