Veintiseis países americanos pactaron liberar el comercio de bienes y servicios energéticos, así como promover las inversiones en el sector, al concluir hoy en Venezuela la III Reunión Hemisférica de Ministros de Energía.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Federico Peña, debió posponer para el año 2005 su propuesta de compromiso para que ya en el 2000 el hemisferio tuviese leyes y regulaciones que facilitasen el libre flujo de inversiones y productos.
Los ministros acordaron en cambio, en el marco del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas), que debe negociarse con el 2005 como límite, "promover políticas y procesos" que faciliten el comercio de bienes y servicios energéticos.
Igualmente, en la "Declaración de Caracas" los ministros se comprometieron a "promover en el menor tiempo posible políticas y procesos que faciliten el desarrollo de infraestructura, inclusive a través de fronteras internacionales".
La liberación comercial y de inversiones en energía, tal como la recogieron los ministros, se adelantará "de conformidad con las normas jurídicas y constitucionales de cada estado", una precisión auspiciada por México en la cita caraqueña.
La Declaración de Caracas se llevará a los 34 jefes de estado y de gobierno del hemisferio que se reunirán en Santiago de Chile en abril -la segunda Cumbre de las Américas, con Cuba nuevamente excluída-, y la cual decidirá sobre la negociación del ALCA apenas dibujado durante la Cumbre de Miami en 1994.
El esfuerzo por un "ALCA energético" tiene su base en que "la energía es como el pegamento de la integración del hemisferio", según dijo Peña, y "motor de todo el desarrollo", según su colega venezolano Erwin Arrieta.
En privado, autoridades congregadas en Caracas y empresarios que les acompañaron dijeron que la especificidad y a la vez la complejidad del negocio energético hace preferible que los ministros del área se adelanten a sus colegas de Comercio Exterior en la negociación de un marco común americano.
Por ello, los ministros acordaron este viernes crear un nuevo órgano, con sede en Caracas, al que bautizaron Secretaría Coordinadora, integrado por un funcionario de Estados Unidos, otro de Venezuela y un tercero de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
Caracas será el "punto focal" para dirigir consultas, asistencia administrativa y atención del flujo informativo que se genere en torno al embrionario ALCA energético, con una etapa de prueba de un año.
Los ministros además acordaron "buscar soluciones financieras sostenibles" para impulsar los programas de electrificación rural, pues en América Latina 10 millones de viviendas, 50 millones de personas, carecen de acceso a la electricidad.
También decidieron "activar el grupo de trabajo sobre cambio climático", a tenor de los desafíos lanzados por la conferencia de Kyoto, Japón, de 1997, que prevé reducción de emisiones contaminantes asociadas al uso de la energía.
En cambio, los intereses y las estrategias de los países americanos chocaron al discutir los marcos regulatorios, la privatización para favorecer las reglas de mercado, y los estímulos debidos a las inversiones.
El compromiso de los ministros es "buscar que las regulaciones nacionales permitan la mayor libertad y transparencia en el accionar de las fuerzas del mercado", de modo que se beneficien productores, distribuidores y consumidores.
Las posiciones son dispares, con extremos en Estados Unidos y México. Los estadounidenses favorecen la apertura para proveerse de energía importada, barata y limpia, pero también para colocar su tecnología, bienes de capital e inversiones.
Los mexicanos, en cambio, tienen su industria petrolera y petroquímica en manos del Estado -"no vamos a discutir ese régimen", dijo su secretario de Energía Luis Téllez- y no aceptarán inversiones o tecnología que implique compartir la propiedad de la industria o del crudo generado.
En medio están los otros grandes productores. Canadá favorece los desarrollos de infraestructura energética transfronteriza para llevar crudo a Estados Unidos. Venezuela abre cada año un nuevo segmento de su industria a capitales privados, mientras expande sus nichos en el mercado estadounidense.
Argentina y Trinidad-Tobago han privatizado sus industrias de hidrocarburos y conferido al Estado "un papel controlador y de definición de políticas", recordó el secretario argentino de Energía, Alfredo Mirkin.
Bolivia ha "capitalizado" -distribuido entre sus ciudadanos- la propiedad de la ex empresa petrolífera estatal y apoya sin titubeos que se acelere la integración y se entregue el protagonismo al sector privado, según dijo el viceministro de Energía, Carlos López.
Brasil comienza a dejar atrás el monopolio estatal en la producción y distribución de hidrocarburos, pero se trata de un importador neto -800.000 barriles diarios-, con una producción petrolera que aún creciendo no será exportada.
En ese mapa americano de "países desarrollados deficitarios de energía" (Estados Unidos) y "países en desarrollo superavitarios en recursos naturales", según dijo Arrieta, el ALCA energético y la secretaría que estrena se proponen impulsar un nuevo esquema promotor de inversiones.
El mismo debe "establecer marcos legales, fiscales y regulatorios que sean predecibles, transparentes y no discriminatorios para promover la inversión privada, nacional y extranjera, en el sector energético", asentó la Declaración de Caracas.
Pero se tratará, naturalmente, de aquella inversión privada "permitida en las respectivas constituciones", se agregó.
Participaron Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal-Nevis, San Vicente- Grenadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. (FIN/IPS/jz/dg/if/98
